lunes , 11 noviembre 2019
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YPF: Trump falló en contra de Macri y obliga a seguir la causa en EE.UU.

El país se juega a pagar hasta u$s3.000 millones en un juicio iniciado por el fondo Burford, por la manera en la que se renacionalizó la petrolera en 2012.

La Argentina recibió ayer una mala noticia desde donde menos lo esperaba. El Gobierno de Donald Trump le recomendó oficial y formalmente a la Corte de los Estados Unidos que el juicio que se le sigue al país por la manera en que se reestatizó la petrolera YPF en 2012, permanezca en los tribunales norteamericanos y no se mude a la Argentina. Ahora el tribunal tendrá hasta fin de julio para tomar una decisión final sobre la jurisdicción en la que se deberá definir la causa. Como es difícil que la Corte dé vuelta una decisión o recomendación del Ejecutivo de EE.UU. -y menos cuando fue el máximo tribunal quien le pidió esa opinión- se especula que la resolución final será la de que el caso permanezca en territorio norteamericano. La Corte deberá resolver posteriormente si mantiene los dos fallos negativos contra el país de primera y segunda instancia o si, por el contrario, determina que es la Argentina la que tiene razón. Esto último difícilmente suceda, ya que es casi utópico que la Corte dé marcha atrás con la decisión unánime en dos instancias inferiores. Lo más probable es que ni siquiera el Tribunal acepte tratar el caso, y que inmediatamente vuelva al juzgado de origen manteniendo el fallo primario.

La Argentina sabe de qué se trata: es lo que ya ocurrió en el “juicio del siglo” que el país perdió contra los holdouts y fondos buitre durante la segunda gestión de Cristina Fernández de Kirchner. La causa por la renacionalización de YPF volvería así a la comarca de Loretta Prieska, la jueza que heredó el caso de Thomas Griesa y que falló a favor de los demandantes en primera instancia. Si esto sucede, y es lo más probable, quedará firme que el país deberá pagar un monto aproximado a u$s1.750 millones originales de la demanda, más intereses y punitorios. A esto se le sumarían otras causas paralelas (Eton Park) que esperan resolución de este caso, con lo que el monto final se ubicaría entre los u$s2.500 a 3.000 millones.

La Corte le había pedido al Gobierno de Trump su opinión el 7 de enero pasado y desde Buenos Aires se interpretó al hecho como un buen augurio. Se especulaba con que las muy buenas relaciones entre el presidente de EE.UU. y Mauricio Macri harían que, al menos, la administración norteamericana retrasara la decisión hasta que desde Buenos Aires el clima financiero se estabilizara y el país pudiera volver a los mercados para tomar deuda y luego liquidar el pasivo que deje la causa. Sin embargo, lo sorpresivo de ayer fue la velocidad con la que el solicitor general (procurador general de los Estados Unidos) del Gobierno de Trump, Noel Francisco, emitió su opinión. Esto es, a cuatro meses y cinco días. Francisco podía haber esperado hasta principios de noviembre para dar su dictamen. El hecho de haber adelantado los tiempos hace comenzar a correr también el reloj de la Corte que tiene ahora cuatro semanas para anunciar su decisión. El Gobierno de Macri esperaba que la resolución de la causa pasara a 2020. No podrá ser. Para el segundo semestre del año ya se sabrá cuánto deberá pagar el país. Curioso destino el de la gestión de Macri, que terminará este mandato como lo comenzó: negociando con acreedores por la manera en que se manejaron las finanzas y las reestatizaciones

La causa se originó a partir de la aparición del fondo Burford Capital, una firma especialista en comprar a bajo precio casos judiciales con potencial de litigio internacional. Este fondo le adquirió a la Justicia española parte del manejo de la quiebra que las empresas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, dos compañías que la familia Eskenazy creó en ese país; pero que al momento de la reestatización ya había abandonado. El Grupo Petersen las había presentado en concurso en los tribunales de Madrid, luego de la reestatización de YPF en 2012 y al no poder pagar las cuotas de la operación pactada para el ingreso del grupo argentino a la petrolera. Petersen había contraído la deuda con el compromiso de liquidar el ingreso a partir de los giros de dividendos, pero una vez que se reestatizó la empresa el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner prohibió la distribución de Ganancias. Como el Grupo Petersen no contaba con los dólares para seguir con los pagos, y ante la imposibilidad de tomar deuda en el exterior a tasas razonables, presentó Petersen Energía y Petersen Energía Inversora en concurso en Madrid. Es en ese momento en que entra en acción Burford. Este compró la causa a la Justicia española en menos de u$s30 millones, reclamando por la manera en que el Gobierno de Cristina de Kirchner nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), tal como figuraba en el estatuto de privatización definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem. Allí el país se comprometía en la Bolsa de Comercio de Nueva York, donde se lanzó la oferta de las ADR de la petrolera, a que cualquier operación de adquisición posterior de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta por el total de las acciones del mercado. Durante la reestatización, el Gobierno de Cristina de Kirchner no le dio importancia a este punto. El Congreso aprobó la compra de sólo el 51% de las acciones, luego de que en el recinto el entonces ministro de Economía Axel Kicillof descartara cualquier problema posterior afirmando que “créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el 100% a un valor equivalente a u$s19.000 millones. ¡Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto!”. Esta frase es ahora una de las argumentaciones centrales de Burford en la causa que tiene que definir la Cámara de Apelaciones de Nueva York.

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