domingo , 9 agosto 2020

Torbellino de nulidades planteadas por el caso San Juan

El sumario (legajo disciplinario) ordenado por el jefe del Estado Mayor Conjunto, Bari del Valle Sosa para establecer responsabilidades disciplinarias emergentes de la pérdida de contacto del ARA San Juan y posterior naufragio marcha a los tumbos y con masivos pedidos de nulidad. Al que ya planteó el exjefe de operaciones de la Fuerza de Submarinos, capitán de fragata Hugo Miguel Correa, se sumarán el excomandante de la Fuerza de Submarinos, capitán de navío Claudio Villamide y el ex comandante de Adiestramiento y Alistamiento, contralmirante Luis López Mazzeo con sendos escritos y seguirán con la misma posición de nulidad el resto de los oficiales próximos a ser citados.

A la fecha no existen imputados, ninguno recibió el “convocado y oído” que establecen las normas disciplinarias militares como requisito previo a una imputación específica. La base de la nulidad jurídica es, entre otros argumentos, que el oficial investigador llama a tomar vista de un expediente sin aclarar en qué carácter cita a los oficiales ni exhibe las normas disciplinarias supuestamente quebrantadas.

El dictamen N° 241423 fechado el 28 de octubre de 2019 producido por el auditor general de las Fuerzas Armadas, coronel mayor José Stanchina y dirigido al titular del Estado Mayor Conjunto, le puso sello de lacre al desaguisado jurídico. En la parte medular dice; “. . .no existe dentro del régimen disciplinario militar, una situación procesal de “presunto infractor” siendo ésta una denominación genérica o definición que no importa declaración como tal”. Traducido, no es posible citar a nadie a declarar si no está clara qué norma de disciplina se reprocha incumplida y, en el caso bajo investigación, que haya sido causal de la catástrofe que costó la vida de 44 submarinistas y la pérdida del San Juan. Es el mismo dilema que tiene la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez; cómo imputar un delito ante la imposibilidad de saber qué sucedió dentro del submarino salvo asignar supuestas violaciones del deber de cuidado y convertirlas en delitos de resultado, que también llevara a pedidos de nulidad.

El oficial instructor del legajo disciplinario es un comodoro abogado de la Fuerza Aérea, Ricardo Méndez. Explicaciones políticamente correctas instalaron el slogan de “la transparencia” y “la imparcialidad” cuando se designó al comodoro abogado de la Fuerza Aérea para investigar un hecho de atinencia naval. Méndez requirió asistencia técnica de un oficial retirado de la Armada, perteneciente a la misma promoción que el despedido exjefe naval Marcelo Srur, para poder ponderar elementos investigativos en un área ajena a su conocimiento.

La tragedia del Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) es un espejo de lo sucedido con el San Juan, pérdida de contacto, incertidumbre del paradero, hallazgo con penoso resultado. La indagatoria interna está a cargo del general de la Fuerza Aérea chilena, José Miguel Aguirre, jefe de la V Brigada con asiento en la región de Antofagasta. No de un marino ni tampoco un militar del Ejército.

 

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El Gobierno fijará por decreto un “Se estableció ese precio para la producción local de petróleo en medio de la fuerte presión de las provincias petroleras y de una parálisis casi total de la producción por causa de las medidas de aislamiento. En medio de la pandemia de coronavirus y de los efectos del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado hasta el 10 de mayo que hizo que las compañías petroleras frenaran la producción, fuentes oficiales confirmaron a Infobae que el Gobierno fijará por decreto el precio del barril criollo de petróleo en 45 dólares a cambio de que las petroleras no despidan personal. La decisión, que se formalizará en las próximas horas, llega en un contexto en el que para el sector petrolero no hay mercado ni local ni de exportación, en el que las empresas proveedoras de servicios abrieron retiros voluntarios y los gobernadores observan como caen los ingresos por las regalías consecuencia de la caída del precio del crudo. Tras el reclamo para que la Nación fije un valor de referencia para la producción local de petróleo y de esa manera asegurar la continuidad de la producción, los puestos de trabajo y las regalías, el Poder Ejecutivo decidió establecer un precio de USD 45, un dato que era especialmente aguardado entre los gobiernos locales y las empresas privadas vinculadas a Vaca Muerta, según dio a conocer informo Infobae. Profundizando sobre esta decisión que claramente influirá en la cuenca de nuestro Golfo San Jorge, se dieron a conocer otros detalles que revelan los acuerdos y desacuerdos sobre esta determinación que tomo gobierno nacional. Al respecto el periodista Martín Bidegaray, relató en Clarín.com, los alcances de esta decisión: El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, mantuvo una videoconferencia el miércoles a la tarde con empresarios petroleros y gobernadores de provincias que dependen de regalías. Allí, el funcionario se refirió al decreto que establecerá el «barril criollo». Es un sistema para que la producción nacional de petróleo se rija con importes diferentes a los del resto del mundo. El decreto que lo reglamentará está a la firma del presidente Alberto Fernández. El esquema, ya aplicado en el pasado, aísla al país de las fluctuaciones del precio del petróleo en el resto del mundo. Para los consumidores, el impacto probable es que los importes no bajarán, como si sucede en la mayoría de los países productores. Las provincias recibirán regalías equivalentes a un barril de US$ 45. Pero las petroleras que exporten petróleo recibirán menos que eso: hoy el Brent (el de referencia para la Argentina) está a US$ 30. Las compañías tendrán que pagar regalías por US$ 45 por algo que venden afuera a menos de uS$ 30. Este precio de US$ 45 es el que se deberá pagar a productores. Las petroleras integradas (YPF, Pan American Energy) están en contra de la medida. También lo están las refinadoras, como Raizen (tiene la marca Shell) y Trafigura (marca Puma). Casi toda la industria está en desacuerdo con esta decisión. Pero hay dos respaldos decisivos al barril «criollo»; los gobernadores de las provincias petroleras (Neuquén, Chubut y Santa Cruz son las más importantes) y Vista, la empresa de Miguel Galuccio. El ex presidente de YPF tiene un acceso privilegiado a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner para hablar sobre cuestiones energéticas. Este precio «sostén» regirá desde el 1 de mayo hasta fin de año. Sin embargo, si el petróleo Brent supera los US$ 45 por 10 días consecutivos, cesaría su aplicación. El decreto estará acompañado con una reducción a las retenciones de las exportaciones de petróleo. La industria petrolera está sobreofertada hoy, tanto en el país como en el resto del mundo. Hay más producción almacenada de la que requiere la demanda, que cayó a niveles récord por la pandemia. A través de un decreto, la secretaría de Energía quedaría facultada para establecer los precios de los combustibles cada tres meses. «Con los actuales importes en los surtidores, el único barril que podemos pagar es de US$ 35, pero nos obligarán a asumir un barril a US$ 45. No se de dónde saldrá la diferencia«, plantea un ejecutivo importante de la industria, que pidió no ser mencionado. Las ventas de combustibles están por el piso y tardarán en recuperarse. Los mejores cálculos son que retomarían el 80% de lo que eran en 2019 recién hacia fin de año. Las empresas deberán comprometerse a mantener los mismos niveles de actividad que en 2019 y mantener los contratos con los mismos proveedores. En caso que no lo hagan, puede haber multas. En la industria existe temor que el Estado disponga una «mesa» en la que se decida qué productor debe venderle a cada refinador. La Cámara de Empresas de Energía le mandó una carta a las autoridades con sus objeciones al respecto. «Se quiere incentivar artificialmente la producción sin que exista demanda, y esto agravará más la situación», detalla un consultor que también pidió no ser mencionado, pero que también está en desacuerdo. Las empresas de servicios petroleros iniciaron planes de retiros voluntarios y despidos, ya que la actividad en Vaca Muerta está paralizada. Según consultas a sus ejecutivos, no revertirán esta decisión por el «barril criollo». «Es una medida que no quiere ninguna empresa, y la única que lo quiere es pequeña y no puede mover el amperímetro de las decisiones», graficaron. Los gobernadores de Río Negro, Santa Cruz, Chubut y Neuquén también participaron de la videollamada. El subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Carbajales, subsecretario de Hidrocarburos será el encargado de seguir este tema hacia adelante.barril criollo” a USD 45 a cambio de que las petroleras no despidan personal

Se estableció ese precio para la producción local de petróleo en medio de la fuerte …