lunes , 26 octubre 2020

Torbellino de nulidades planteadas por el caso San Juan

El sumario (legajo disciplinario) ordenado por el jefe del Estado Mayor Conjunto, Bari del Valle Sosa para establecer responsabilidades disciplinarias emergentes de la pérdida de contacto del ARA San Juan y posterior naufragio marcha a los tumbos y con masivos pedidos de nulidad. Al que ya planteó el exjefe de operaciones de la Fuerza de Submarinos, capitán de fragata Hugo Miguel Correa, se sumarán el excomandante de la Fuerza de Submarinos, capitán de navío Claudio Villamide y el ex comandante de Adiestramiento y Alistamiento, contralmirante Luis López Mazzeo con sendos escritos y seguirán con la misma posición de nulidad el resto de los oficiales próximos a ser citados.

A la fecha no existen imputados, ninguno recibió el “convocado y oído” que establecen las normas disciplinarias militares como requisito previo a una imputación específica. La base de la nulidad jurídica es, entre otros argumentos, que el oficial investigador llama a tomar vista de un expediente sin aclarar en qué carácter cita a los oficiales ni exhibe las normas disciplinarias supuestamente quebrantadas.

El dictamen N° 241423 fechado el 28 de octubre de 2019 producido por el auditor general de las Fuerzas Armadas, coronel mayor José Stanchina y dirigido al titular del Estado Mayor Conjunto, le puso sello de lacre al desaguisado jurídico. En la parte medular dice; “. . .no existe dentro del régimen disciplinario militar, una situación procesal de “presunto infractor” siendo ésta una denominación genérica o definición que no importa declaración como tal”. Traducido, no es posible citar a nadie a declarar si no está clara qué norma de disciplina se reprocha incumplida y, en el caso bajo investigación, que haya sido causal de la catástrofe que costó la vida de 44 submarinistas y la pérdida del San Juan. Es el mismo dilema que tiene la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez; cómo imputar un delito ante la imposibilidad de saber qué sucedió dentro del submarino salvo asignar supuestas violaciones del deber de cuidado y convertirlas en delitos de resultado, que también llevara a pedidos de nulidad.

El oficial instructor del legajo disciplinario es un comodoro abogado de la Fuerza Aérea, Ricardo Méndez. Explicaciones políticamente correctas instalaron el slogan de “la transparencia” y “la imparcialidad” cuando se designó al comodoro abogado de la Fuerza Aérea para investigar un hecho de atinencia naval. Méndez requirió asistencia técnica de un oficial retirado de la Armada, perteneciente a la misma promoción que el despedido exjefe naval Marcelo Srur, para poder ponderar elementos investigativos en un área ajena a su conocimiento.

La tragedia del Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) es un espejo de lo sucedido con el San Juan, pérdida de contacto, incertidumbre del paradero, hallazgo con penoso resultado. La indagatoria interna está a cargo del general de la Fuerza Aérea chilena, José Miguel Aguirre, jefe de la V Brigada con asiento en la región de Antofagasta. No de un marino ni tampoco un militar del Ejército.

 

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