lunes , 25 marzo 2019

Santa Cruz rechaza bajar la edad de imputabilidad

Ayer se conoció que el gobierno de Mauricio Macri volvería a la carga con su proyecto de bajar la edad de imputabilidad de los menores. En 2017 esa idea ya había sido rechazada por la Provincia de Santa Cruz que, en cambio, cerró el Centro Socioeducativo Juvenil. La secretaria de DDHH de Santa Cruz, Nadia Astrada, dijo que “cuando se genera hambre, se les vuelve indispensable reprimir y llenar cárceles”.

 

A días de haber anunciado la compra de pistolas taser para ser utilizadas, en principio, en aeropuertos y en estaciones de trenes, el Gobierno Nacional avanzará ahora con la baja de la edad de imputabilidad. Según publicó el diario Clarín ayer, en base al borrador del proyecto que el Ejecutivo tiene previsto enviar en breve al Congreso, la decisión se tomó por “la baja repercusión negativa que tuvo la implementación de las pistolas” eléctricas.

En esencia, se trata del mismo proyecto que Cambiemos intentó imponer en las legislativas 2017, aunque con una salvedad: la edad para penar a los menores en conflicto con la ley no será a partir de los 14 años, sino de los 15.

Cuando hace dos años el gobierno de Mauricio Macri anunció que iría por la baja de la edad de imputabilidad, la provincia de Santa Cruz marcó su oposición al proyecto. Entonces, un caso de fuerte impacto mediático había abonado el terreno para aquel debate: la historia del “polaquito”, un niño de 11 años al que el programa de Jorge Lanata le hizo una entrevista en cámara oculta diciendo cómo delinquía un “drogadicto y transa”. Más tarde, organizaciones barriales y la familia del chico denunciaron que la historia había sido guionada y se denunció penalmente la utilización del menor.

Aquella construcción de sentido para argumentar la necesidad de un punitivismo duro contra los adolescentes le valió al gobierno el repudio de la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF), que avizoró “el comienzo de una nueva etapa represiva en violación a garantías constitucionales, que incluye la persecución penal y la represión a adolescentes”.

Ayer, frente al anuncio de una nueva avanzada del gobierno de Macri, la secretaria de Estado de Derechos Humanos de Santa Cruz, Nadia Astrada, dijo a La Opinión Austral que “no sorprende que este Gobierno Nacional quiera bajar la edad de imputabilidad porque aplica un modelo de seguridad represivo y criminalizador”.

La funcionaria provincial rechazó el proyecto y lamentó que “en lugar de generar inclusión, trabajo y salud, el modelo que aplican es el de llenar de armas, violencia y cárceles”, algo que “va de la mano con la doctrina Chocobar”, denunció.

Para Astrada, “cuando se genera hambre, se les vuelve indispensable reprimir y llenar cárceles. Argentina lamentablemente lo ha padecido antes” y por eso en Santa Cruz “no estamos de acuerdo en que bajar la edad para encarcelar a niñxs sea solución a los problemas de inseguridad”, por el contrario “creemos que la inseguridad se combate con mayor inclusión y garantizando todos los derechos desde la más temprana edad y en todo el transcurso de la vida”, dijo.

Por otro lado, hay que recordar que la respuesta del gobierno de la provincia al primer intento de avanzar en la baja de la edad para encarcelar a menores fue mandar a cerrar el Centro Socioeducativo Juvenil, que en épocas anteriores tenía a adolescentes tras las rejas. Aquello se modificó y se produjo el traslado de los menores a un hogar de protección bajo vigilancia de la Justicia y del Ministerio de Desarrollo, decisión que tuvo el respaldo de las defensorías del Menor de Río Gallegos.

Sucede que la actual ministra Paola Vessvessian fue, durante el gobierno de Cristina Kirchner, una de las funcionarias de la Secretaría de Niñez de la Nación que hace una década participó del diseño de políticas para menores infractores de la ley penal, en un planteo no punitivista.

 

 

 

 

(iF)La Opinion Austral

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