miércoles , 22 mayo 2019

Santa Cruz espera adherir a la Ley Micaela

La Ley Micaela quedó promulgada en el día de ayer, con lo cual los empleados públicos deberán capacitarse en temas de género. La Asociación de Funcionarios y Magistrados de la Provincia, a cargo del Dr. Carlos Rearte, envió el pasado 3 de enero una nota al Poder Legislativo solicitando la adhesión a la misma. 

 

Con la publicación en el Boletín Oficial, quedó promulgada la Ley Micaela, aprobada por unanimidad el 19 de diciembre en el Senado de la Nación.

La normativa tiene por objetivo “capacitar y sensibilizar a quienes integran los diferentes estamentos del Estado” para que den cumplimiento a los deberes asumidos por Argentina como Nación signataria de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

De esta forma, será obligatoria la capacitación de funcionarios de los tres poderes del Estado y la autoridad de aplicación es el Instituto Nacional de las Mujeres, que en su página web deberá brindar acceso público y difundir el grado de cumplimiento de las disposiciones de la ley en cada uno de los organismos.

Sobre ello brindó su postura la Dra. Sabrina Granero, titular de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) y vicepresidenta de la Asociación de Funcionarios y Magistrados de la provincia, quien sostuvo a La Opinión Austral: “Estoy totalmente de acuerdo, me parece una herramienta sumamente importante por lo que la Asociación de Funcionarios y Magistrados de la provincia le envió una nota el pasado 3 de enero al Poder Legislativo pidiéndole que la provincia adhiera a la misma”, con lo cual Santa Cruz debería concretar su adhesión una vez que se retome el periodo legislativo.

¿En qué consta específicamente la Ley Micaela? 

La ley lleva el nombre de Micaela García, en memoria de la joven asesinada en abril de 2017 en Gualeguay, Entre Ríos.

La iniciativa, impulsada por las diputadas Lucila De Ponti (Movimiento Evita) y Analía Rach Quiroga (FPV-PJ), establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

El proyecto se presentó el 30 de mayo de 2017, cuando la Fundación Micaela García, con la presencia de sus padres, Néstor García y Andrea Lescano, presentó un paquete de 13 proyectos de ley que apuntaban a establecer un marco normativo que fortalezca la instancia preventiva en casos de violencia de género y femicidio.

Posteriormente, el 20 de noviembre de 2018, en el plenario de las comisiones de Familia, Niñez y Adolescencia y de Presupuesto y Hacienda, se aprobó un dictamen de consenso a la iniciativa que crea el “Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres”.

El proyecto busca capacitar y sensibilizar a quienes integran los diferentes estamentos del Estado, entendido no como una mera elección de preferencia personal sino a los fines de dar cumplimiento a un deber que asumió nuestro país al firmar la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

Micaela García tenía 21 años, militaba en el Movimiento Evita y era estudiante de educación física. Por su femicidio fue apresado Sebastián Wagner, quien confesó haber violado a la joven y fue condenado a cadena perpetua por “abuso sexual con acceso carnal y homicidio agravado por ser con alevosía, criminis causa y violencia de género”. También sentenciaron a cinco años por “encubrimiento” a su ex patrón, Néstor Pavón.

Wagner es un ex convicto por delitos de violación que había sido condenado a 9 años de prisión, pero gozaba del beneficio de libertad condicional a pesar de que había dictámenes que lo desaconsejaban taxativamente.

 

 

 

 

 

 

 

 

(iF)La Opinion Austral

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