El Espejo Diario Diario Digital de la Región Patagónica
Río Gallegos.- La presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Silvia Sánchez, confirmó ayer que realizó una denuncia ante los trascendidos sobre ingresos irregulares de personal en el área de educación.
La funcionaria se presentó ante la Justicia, luego que recibiera un oficio judicial donde se le informaba que existiría una persona denunció haber ingresado a la Administración Pública de manera irregular y “haber tenido que pagar” para ello.
“Al tomar conocimiento radiqué la denuncia ante el Juzgado de Instrucción y generé una información sumaria para la investigación interna que permita atribuir o deslindar responsabilidades de los sectores del Consejo Provincial de Educación que tienen incidencia en los ingresos de personal, liquidaciones de haberes y pagos de haberes, entre otros”, dijo Sánchez en conferencia de prensa, luego que el gobernador Daniel Peralta revelara la denuncia.
Asimismo, mencionó que ha sido convocada a declarar como testigo y a la vez, se constituyó como funcionaria querellante.
Algunos sectores ya hablan de un “gobierno paralelo” que ha permitido ingresos en la Administración Pública Provincial, a pesar que hay un decreto que data desde 2012 que restringe el ingreso de personal al Estado, y rubricado por el propio gobernador Peralta.
Este “gobierno paralelo”, que es una asociación ilícita, estaría integrado por “punteros políticos” de unidades básicas del Partido Justicialista. No sólo por el CPE hubo ingresos, sino por el Ministerio de Salud, y muchos de los nuevos empleados luego fueron asignados al Ministerio de Desarrollo Social.
Se estima que sólo este año ingresaron más de 500 personas al Estado provincial, engrosando así la poblada planta de personal público.
Desde el gremio docente de la ADOSAC se remarcó que “el sector educativo de la provincia de Santa Cruz se ha convertido en una herramienta para ubicar y designar a diverso personal que no reúne ningún mínimo de requisitos para cumplir las tareas que se les asigna, sin conocimiento de ninguna naturaleza con respecto a la función administrativa del Consejo ni mucho menos del sistema educativo”, señaló el gremio.
Expresó, además, que en muchos de los casos inclusive, “la mayoría de estos cargos son designados en horas cátedras, cobrando estado docente, aportando como tales al sistema jubilatorio, sin tener ni siquiera legajo en las juntas respectivas”. Por esta razón supone que “tales maniobras y malversación del presupuesto educativo son sostenidas lisa y llanamente por las autoridades políticas de turno”.
(ANA)
