Martes , 28 marzo 2017
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Revelan que Echegaray desde la AFIP controló mal el lavado

  • Por Daniel Santoro

LA RUTA DEL DINERO K.

Un informe reservado de la Auditoría General de la Nación señaló graves falencias en 2012, cuando protegía a Báez.

En un informe reservado, la Auditoría General de la Nación cuestionó severamente la política antilavado de dinero de la AFIP durante la gestión de Ricardo Echegaray. El informe detectó, por lo menos, diez fallas graves que ocurrieron en 2011 y 2012, el mismo año en que Echegaray cerró la delegación de la DGI de Bahía Blanca cuando estaba investigando a Lázaro Báez por usar facturas apócrifas.

El actual titular de la Auditoría fue indagado días atrás por el juez Sebastián Casanello acusado de encubrimiento a Báez en la causa del dinero K. Ahora, el magistrado tiene que resolver si se lo procesa, sobresee o se le dicta la falta de mérito. Debido a ésta y otras causas, Cambiemos pidió la renuncia de Echegaray a la presidencia de la AGN.

La auditoría sobre la AFIP estaba guardada como “reservada” en ese organismo, pero Clarín accedió a una copia en fuentes oficiales. Las fallas, por acción u omisión, debilitaron la acción de la AFIP en casos como el de Báez.

Por ejemplo, la auditoría señala que pese a que la AFIP controló a millones de argentinos entre 2011 y 2012, sólo envió 206 reportes de operaciones sospechosas (ROS) a la UIF (organismo antilavado).

La AFIP es un sujeto jurídico obligado, como los bancos y financieras, que debe reportar a la UIF toda operación sospechosa de más de 10 mil dólares.

La auditoría sobre la AFIP fue ordenada en 2012; dos años más tarde, Echegaray hizo su descargo y el colegio de auditores la aprobó en mayo de 2014, pero la clasificó como “reservada” por lo que no se difundió.

En las conclusiones de la auditoría, se advirtió que la prevención y lucha contra el lavado “no ha sido de tratamiento explícito” en los planes del organismo y se definieron “acciones de prevención”.

Ricardo Echegaray en Tribunales.
Ricardo Echegaray en Tribunales.

Al momento del cierre de la auditoría, se destacó que la AFIP no tiene un manual de procedimientos para que los empleados sepan cómo proceder ante una sospecha y que los cursos de capacitación “no revelan especifidad de conocimientos”. Tampoco se nombró a un oficial de enlace y otro de cumplimiento en las relaciones entre la AFIP y la UIF, y no hubo acciones específicas del funcionamiento de auditorías internas anuales en la materia sensitiva.

La auditoría destaca respecto al régimen de sanciones y sumarios que “no se le han otorgado un tratamiento específico a la temática de la prevención y lucha contra el lavado”.

En cuanto a llevar actualizado un registro de países y territorios declarados no cooperativos con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se señala que en el momento de la auditoría no se le había dado cumplimiento a las prescripciones de la UIF.

En 2013, cuando estalló la polémica por la misteriosa escala técnica de la entonces presidenta Cristina Kirchner a las islas Seychelles al regreso de un viaje por Vietnam, Echegaray había afirmado que ese paraíso fiscal estaba en una lista gris de la AFIP de acuerdo “al reglamentación de la Ley del impuesto a las Ganancias “Decretos 1344/1998 y 1037/2000- que incorporó la lista de paraísos fiscales-”. En Seychelles, tiene domicilio la empresa Aldyne, clave en la ruta del dinero K. Pero no habló de un registro oficial y actualizado.

En cuanto al régimen de las personas políticamente expuestas (PPE), la auditoría puntualizó que se toman en cuenta una resolución de la UIF pero “sin mayor información o antecedente”.

Para tratar de evitar que la plata de la corrupción se blanquee, se obliga a funcionarios, legisladores, jueces, militares y policías a declararse como PPE en sus trámites ante la AFIP o los bancos.

(clarin)

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