domingo , 25 julio 2021

Reforman la ley Orgánica de la Fiscalía de Estado a pesar de los cuestionamientos de la oposición

Río Gallegos.- La Cámara de Diputados de la Provincia aprobó el polémico proyecto de ley que modifica la ley Orgánica de la Fiscalía de Estado.
El Frente para la Victoria defendió la reforma a la orgánica de la Fiscalía de Estado y aseguran que su objeto es jerarquizar a su personal letrado y administrativo y se resaltó que “el rol del fiscal de Estado finaliza de manera simultánea al del gobernador que lo ha designado”.

El diputado Alexis Quintana sostuvo que “esta modificación se realiza para ratificar el espíritu que siempre tuvo la ley en lo respecta al rol del fiscal de Estado, cuyo mandato finaliza de manera simultánea al del gobernador que lo ha designado”, reiterando luego que “lo que se hizo fue incluir –de manera textual – el artículo 125 de la Constitución Provincial, que establece que el fiscal de Estado cesa en su cargo cuando termina el mandato del gobernador de la provincia”.

Además, el diputado por el Pueblo de Caleta Olivia, explicó que “también lo que hicimos fue crear un cuerpo de abogados que trabaja sobre todas las causas que lleva la Fiscalía, buscando que tengan la misma estabilidad laboral que tiene cualquier empleado público”, agregando luego que “hay dos cargos de funcionarios superiores – fiscal de Estado y fiscal Adjunto – que en ningún lugar de esta normativa establecimos que son cargos vitalicios”, insistió.

La legisladora Estela Maris Bubola sostuvo que “este equipo que se pretende premiar con estabilidad laboral y un suculento aumento de sueldo es el mismo que jamás investigó ningún caso de corrupción, ni defendió a los ciudadanos ante las innumerables denuncias y hechos de corrupción que se produjeron en Santa Cruz en los últimos años”.

Como ejemplo la referente de la UCR remarcó que los funcionarios de la Fiscalía de Estado “no tomaron ninguna acción para defender los intereses de la provincia y lograr el cobro de los 3 mil millones de dólares de pasivo ambiental que la empresa Repsol dejó en Santa Cruz, no hicieron nada cuando ellos denunciaron, con sobradas pruebas, que el gobernador de la provincia gastó fondos públicos para comprar vino. Sostuvo que tampoco hicieron nada cuando el ex ministro de Economía Diego Robles gastó miles de pesos para comprar corbatas y chocolates, ni cuando se denunció el cobro de sobreprecios en la obra pública”.

Con los votos de los diputados kirchneristas y peraltistas se aprobó el proyecto, que fue cuestionado desde la oposición.

El Partido Obrero (PO) había rechazado al proyecto de ley que establece la “inamovilidad” al fiscal de Estado y, sobre todo, fijar un equipo completo en esa fiscalía para “condicionar a un futuro gobierno”.

“Rechazamos el proyecto de ley del diputado Alexis Quintana por ser claramente inconstitucional ya que el propio artículo 125 de la Constitución Provincial señala que el mandato del fiscal de Estado finaliza con el del gobierno que lo designó. De tan grosera inconstitucionalidad la reforma cae por su propio peso, pero como en cuanto al fiscal adjunto y al grupo de asesores la Constitución no establece trabas, tendríamos, en el mejor de los casos, un nuevo fiscal de estado “rodeado” por un equipo hostil”, indicó el PO en un comunicado.

La Comisión Directiva de la Asociación de Abogados de Río Gallegos denunció que la medida es “inconstitucional e ilegal” y que a la vez “buscan condicionar la próxima gestión”. La UCR, por su lado señaló, que es “otro claro ejemplo” de la forma de actuar de la agrupación kirchnerista de La Cámpora y del gobernador Daniel Peralta, quienes buscan “destruir las instituciones, corromper la democracia y frenar los cambios en Santa Cruz”.

Hasta los representantes de las organizaciones nucleadas en la CTA-Autónoma, remitieron al presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Fernando Cotillo y al diputado por el Pueblo de Río Gallegos Carlos Albrieu las cartas documentos, motivadas en la posible sanción este jueves de la ley de Organización de la Fiscalía de Estado que establece un nuevo régimen de funcionamiento, adjudicación de cargos, escalas salariales y creación de cargos.

(ANA)

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