lunes , 22 octubre 2018

Qué cambios en el Impuesto a las Ganancias se contemplan en el Presupuesto 2019

El Gobierno quitará exenciones impositivas y postergará reformas. Las medidas alcanzan a algunos empleados públicos y a las empresas. ¿Qué pasará con los trabajadores del sector privado?.

El proyecto de ley de Presupuesto 2019 y otras normas que se negociarán en el Congreso para sumar ingresos y evitar un ajuste del gasto público aun mayor provocarán cambios en el impuesto a las Ganancias que pagan las empresas y los trabajadores.
La letra fina deberá negociarse en Diputados y Senadores, pero discusiones previas entre el Ejecutivo nacional y las provincias buscaron hacer una poda importante en las exenciones del impuesto a las Ganancias que evitan que algunos trabajadores paguen más.
Además, habrá restricciones para las exenciones a mutuales y cooperativas, se postergará la deducción adicional del impuesto al Cheque de Ganancias y se correrá hacia adelante la posibilidad de actualizar los balances por inflación, un reclamo histórico de las empresas, que aducen que pagan por un rentabilidad que, en términos reales, no es tal.

Trabajadores estatales

El proyecto de ley de Presupuesto incorpora una negociación con gobernadores para eliminar exenciones particulares a empleados públicos nacionales, provinciales y municipales en algunos distritos del país.
La addenda al consenso fiscal que el Ejecutivo propuso a las provincias dispone “derogar, con efecto a partir del 1º de enero de 2019, toda disposición (cualquiera sea su rango normativo) mediante la que (i) se establezca –directa o indirectamente– la exención total o parcial o la deducción de la materia imponible del impuesto a las Ganancias, excepto las establecidas en la Ley del Impuesto a las Ganancias, del importe percibido por empleados o funcionarios públicos nacionales, provinciales o municipales en concepto de gastos de representación, viáticos, movilidad, bonificación especial, protocolo, riesgo profesional, coeficiente técnico, dedicación especial o funcional, responsabilidad jerárquica o funcional, desarraigo y cualquier otra compensación de similar naturaleza, cualquiera fuere la denominación asignada; o (ii) se caracterice como gastos de movilidad, viáticos u otras compensaciones análogas ítems abonados a los empleados o funcionarios públicos de los poderes ejecutivos nacionales, provinciales o municipales que no se correspondan con la definición de esos conceptos que surge de la normativa laboral nacional y de la Ley del Impuesto a las Ganancias”.
El Presupuesto que el Ejecutivo envió al Congreso consideró que diferentes conceptos “han ido distorsionando la verdadera base imponible del Impuesto” a las Ganancias, en lo referente a empleados públicos.
En diálogo con radio Nacional, el diputado del Pro Luciano Laspina, presidente de la comisión de Presupuesto, apuntó directamente a la provincia de La Pampa, que hace casi un año y medio eximió de Ganancias a todos sus empleados públicos.
“Lo que quedó en la addenda es el compromiso de eliminar todos los regímenes de excepción. La Pampa, sobre todo”, dijo Laspina.

Según el tributarista Iván Sasovsky, del estudio Sasovsky y Asociados, esto quedó plasmado en los artículos 86 y 87 del proyecto de Presupuesto. El juego de esos dos artículos, básicamente, mueve de lugar una disposición de la ley de Ganancias que impide aplicar “disposiciones contenidas en leyes nacionales (…), decretos, convenios colectivos de trabajo o cualquier otra convención o norma de inferior jerarquía” que modifiquen el mínimo no imponible de Ganancias.

“Las leyes provinciales y municipales que eximen viáticos y otros conceptos de Ganancias hacen referencia a los artículos 99 y 100 de la ley, que ahora quedarían derogados, porque pasa todo al artículo 79”, dijo Sasovsky. En el 79 se mencionan las “ganancias de cuarta categoría”, que involucran a empleados en relación de dependencia.

Trabajadores del sector privado

Sin embargo, ese cambio en el articulado de Ganancias abriría la puerta para que distintas exenciones que alcanzan a ciertos trabajadores del sector privado queden en letra muerta, según Sasovsky. “Obligarían a renegociar todos los convenios (en los que se mencione algún concepto desgravado)”, porque todo hacía referencia, justamente, a los artículos 99 y 100, que se derogarían.

El proyecto de Presupuesto no menciona cambios en el impuesto a las Ganancias para los trabajadores del sector privado. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Hacienda indicaron que buscan retrotraer beneficios especiales con los que cuentan empleados del sector petrolero y que fueron negociados en abril de 2017, cuando los gremios aceptaron modificar condiciones laborales para no perder puestos de trabajo. En ese entonces, los petroleros lograron quitar de Ganancias los pagos correspondientes a horas taxi y viandas, entre otros.

Laspina, en cambio, negó esa posibilidad. “No se tocan (las exenciones) de los privados, porque hay muchas en diferentes convenios”, dijo.

Mutuales y cooperativas

El artículo 85 del proyecto quita exenciones del impuesto a las Ganancias a las mutuales y cooperativas si sus resultados provienen de actividades de ahorro, de crédito, financieras o de seguros, “cualquiera sea la modalidad en que se desarrollen”. Exceptúa a las ART y a las que actúen como cajas de previsión social.

Según el Gobierno, eso “favorecerá el aumento de la recaudación estimada y generará mayor equidad tributaria”, se lee en el proyecto oficial. El Ejecutivo sospecha que muchas actividades desarrolladas bajo las figuras de cooperativas y mutuales esconden en realidad un lucro e intentó cambiar el año pasado el impuesto a las Ganancias, pero la medida no prosperó.

Para Sasovsky, cobrarle Ganancias a las mutuales y cooperativas “es insconstitucional, porque son entidades sin fines de lucro y tienen vedada la posibilidad de obtener ganancias; en todo caso, habría que cobrarles otro impuesto”.

Ajustes por inflación

En paralelo al proyecto de Presupuesto, avanza en el Congreso una ley impulsada por el oficialismo para demorar la aplicación de los ajustes por inflación en los balances de las empresas. Eso bajaría sustancialmente la recaudación de Ganancias, ya que no se tendría en cuenta la renta nominal de las compañías sino la real, una vez descontado el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El texto busca modificar un punto de la reforma tributaria que se votó en diciembre último, impulsada por el oficialismo. La norma dispone que las empresas podrán hacer ajustes por inflación si el IPC pasa el 33 por ciento anual, algo que ocurrió en agosto. Los diputados oficialistas buscan elevar ese número por encima del 40 por ciento, para “blindar” a la recaudación de esa cláusula gatillo. Según publicó el diario El Cronista este lunes, en el oficialismo calculan que abrir la puerta a los ajustes por inflación le costaría a la Nación y a las provincias (el impuesto se coparticipa) unos 80.000 millones de pesos.

Impuesto al cheque

Otro de los puntos que figura en la addenda y en el Presupuesto es la postergación por un año de la posibilidad de efectuar una deducción mayor del impuesto al Cheque del impuesto a las Ganancias, algo que había sido celebrado por las compañías en diciembre pasado, cuando se votó la reforma tributaria.

Según esa norma, el pago a cuenta de Ganancias del impuesto al cheque sería total en 2022, lo que, en la práctica, implicaría la extinción de este último tributo.

El impuesto a los Débitos y Créditos llegó como una emergencia durante la crisis de 2001 y perduró. Es considerado un tributo distorsivo. Pero la necesidad de hacer caja para cumplir con el equilibrio fiscal es más fuerte.

“Para el próximo ejercicio, y dentro del compromiso asumido con las provincias, se postergará el incremento de la deducción del Impuesto a los Créditos y Débitos a cuenta del Impuesto a las Ganancias, generando de esta manera mayor estabilildad de ingresos a favor de este último impuesto, cuya distribución es coparticipable con las provincias”, indicó el Ejecutivo en el mensaje del proyecto del Presupuesto.

Las provincias quedarán además habilitadas para frenar la reducción en la alícuota del impuesto a los Sellos que se había acordado en el Consenso Fiscal y el Congreso impulsará un proyecto para cobrarle una alícuota mayor de Bienes Personales a los activos radicados en el exterior.

Los números

Según los datos volcados al proyecto de ley de Presupuesto, el Gobierno espera recaudar $901.919,6 millones por el impuesto a las Ganancias, un 24,9% más que en 2018 (es decir, diez puntos menos que la inflación promedio esperada para el año entrante, del 34,8%).

Como es habitual, habrá distintas exenciones que restringirán la recaudación. La exención de Ganancias a las industrias radicadas en tierra del fuego alcanzará los $8298,2 millones el año entrante, de acuerdo con el proyecto oficial. La actividad minera contará con $933,9 millones de beneficios asociados a este tributo. La ley de beneficios a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR, que se dedican al financiamiento pyme), implicará exenciones por $1999 millones.

Además, las exenciones a asociaciones civiles, fundaciones, mutuales y cooperativas alcanzarán los $19.020,1 millones.

Los jueces y funcionarios del Poder Judicial que no pagan Ganancias dejarán de aportar al fisco $9854,6 millones por este concepto.

Los trabajadores en relación de dependencia que desarrollan su actividad en la Patagonia cuentan además con una deducción especial, que representa $4561,7 millones menos de recaudación.

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