domingo , 15 diciembre 2019

Próximo Gobierno descarta aplicar régimen de doble indemnización

Se buscará potenciar las negociaciones de convenios sector por sector, que incorporen las nuevas relaciones laborales.

El Gobierno de Alberto Fernández no volverá el régimen de doble indemnización. Por el contrario, las correcciones salariales que se aplicarán desde el 10 de diciembre seguirán a las cláusulas gatillo vigentes, y serán modificadas a partir de que vayan siendo renegociadas o -lo que se intentará acelerar- a partir de las modificaciones de los convenios colectivos de trabajo vigentes.

Sólo para los salarios más bajos, y tal como lo anticipó este diario, se aplicarán incrementos vía suma fija. Esta novedad fundamental sobre cómo se manejará este capítulo de la política laboral del Gobierno que asumirá el 10 de diciembre será comunicada oficialmente luego de haberse presentado en sociedad el próximo gabinete nacional. Se espera que el caso de la no aplicación de la doble indemnización será tomado como un factor positivo por parte de los privados.

La mayoría de las cámaras empresariales, especialmente las pymes, temían en las últimas semanas que aquella medida que aplicó Eduardo Duhalde al comienzo de su mandato fuera replicada por la próxima gestión a pedido y por presión de la nueva CGT. Sin embargo, se consideró dentro del albertismo que una decisión de este tipo no será necesaria para mejorar el mercado laboral, y que, por el contrario, podría afectar la oferta de trabajo. Justamente, consideran desde la próxima administración, esto último es lo que se deberá potenciar. Despejando esta duda se espera que haya una mejor predisposición de los privados a participar de lo que verdaderamente tiene en mente Alberto Fernández como objetivo final de su política laboral en el corto plazo: la negociación de nuevos acuerdos sectoriales, sobre la base de la renegociación de los antiguos convenios vigentes desde hace décadas.

El Presidente electo exigirá que haya acuerdos previos sector por sector entre los privados y los sindicatos, avalados por los ministerios de Trabajo y Producción y la Jefatura de Gabinete; y construir sobre éstos una nueva arquitectura de relaciones laborales. Entre los primeros rubros que abrirían las negociaciones hay cuatro en agenda: los petroleros de Vaca Muerta, las automotrices y los fabricantes de electrodomésticos radicados en Tierra del Fuego bajo el sello de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE).

Luego, si la experiencia en estos rubros (más otros que se puedan agregar) es exitosa, podrían ir sumándose otros sectores con convenios colectivos desactualizados, pero con la condición innegociable del acuerdo previo con la intervención del sindicato correspondiente. Reconoce el “albertismo” que la vigencia de convenios que, en muchos casos, tienen una antigüedad de más de 50 años y que fueron diseñados en tiempos en los que ni siquiera existían las computadoras (mucho menos internet y la robótica) debe ser muy actualizada. Y que para poder competir con el exterior y llegar a mercados nuevos, se hace necesaria una revisión en muchos de los acuerdos laborales vigentes.

Lo que el albertismo no está dispuesto a avalar son reformas laborales de flexibilización de las condiciones de trabajo similares a las que aplica el Brasil de Jair Bolsonaro. “Todo tiene que pasar por discusiones sector por sector, donde intervenga el sindicato correspondiente y donde haya acuerdos plenos”, afirmaba ante este diario una alta fuente del próximo Gobierno. Indicaba además que “Miguel Acevedo lo entendió”, en relación con la aceptación por parte del titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), del nuevo esquema de trabajo. El dirigente avaló ayer la estrategia al decir a este diario que “la reforma laboral no es fundamental”.

Esta visión de Alberto Fernández de abrir discusiones “sector por sector” que deriven en acuerdos globales pero puntuales a un área específica de la economía real es aún anterior a su llegada a la fórmula presidencial con Cristina de Kirchner. El exjefe de Gabinete descree de las iniciativas globales. En cambio, considera como actos de Gobierno fundamentales los acuerdos con nombre y apellido en sectores puntuales y concretos, donde empresarios y sindicatos con la conducción del Estado puedan ponerse de acuerdo y establecer reglas de largo plazo.

La idea de Fernández es la de avanzar en este tipo de propuestas, por encima de los grandes acuerdos multisectoriales. No cree que en la funcionalidad de experiencias fallidas del pasado como el “Pacto Social” de José Ber Gelbard en 1973, bendecido por Juan Domingo Perón y que con el tiempo derivó en el “Rodrigazo”. Fue uno de los capítulos que dividió su visión sobre las negociaciones entre empresarios y sindicatos, de lo que defendía gran parte del frente kirchnerista, que soñaba con revitalizar aquella experiencia setentista, rebautizándola como “Contrato Social de Ciudadanía Responsable”. Para este grupo, el fracaso de la experiencia de Gelbard se debió a la muerte de Juan Domingo Perón, y no a los errores propios del planteo del “Pacto”.

Fernández cree que no tiene sentido un megapacto político social, sino las discusiones sectoriales en un marco avalado por el Gobierno. Se tiene en mente comenzar por la apertura de una negociación por la explotación del yacimiento neuquino de Vaca Muerta, donde se les dé previsión de largo plazo (10 años promedio) a las empresas que inviertan en el lugar, y donde participen los sindicatos y la gobernación de Neuquén. Y que las reglas fijadas no se alteren por nada del mundo. Pone como ejemplo el caso del actual Gobierno, donde se ingresó en conflicto con varias empresas por las alteraciones en la política de subsidios a la producción en el lugar.

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