jueves , 22 octubre 2020

Provincias patagónicas entre las que cuentan con protocolos para el acceso al aborto no punible

Río Gallegos.-La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) realizó un nuevo relevamiento en todo el país y resaltó que las provincias de Chubut, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego cuenten con protocolos para el acceso al aborto no punible.

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Hace una semana se conoció el caso de una niña de 14 años, violada por su padrastro, a la que la Justicia le impidió el acceso a su derecho a un aborto no punible en Salta. Su situación se tuvo que resolver en otro lugar del país. Y la desmedida movilización geográfica y emocional demuestra que en la Argentina todavía no se cumple ni el Código Penal de 1921 ni el fallo –FAL– de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que convalidó la posibilidad de interrumpir un embarazo en casos de violencia sexual.

ADC realizó un nuevo relevamiento sobre los protocolos que la Corte les recomendó realizar a las provincias para que no se judicialice cada situación y se encontró con que de 24 provincias, 8 son consecuentes con lo dictado por el máximo tribunal, 8 jurisdicciones tienen reglamentos que pueden implicar obstáculos para el acceso a los abortos legales y 8 provincias siguen sin cumplir la sentencia dictada en marzo del 2012.

Entre los distritos que tienen la mayor falta de protocolos para el acceso al aborto no punible corresponde a Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.

Las mejores notas se la sacan Chaco, Chubut, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. Las que no cumplen, en cambio, son Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán. Mientras que sí le hicieron caso a la Corte en la creación de protocolos, pero con exigencias que no estaban establecidas ni en la ley ni en el fallo y pueden implicar una barrera al derecho de las mujeres, la Ciudad de Buenos Aires (cuyos requisitos arbitrarios se encuentran suspendidos por orden judicial), Córdoba (actualmente con un protocolo también frenado parcialmente por la justicia), Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, Buenos Aires, Río Negro y Salta.

Un ejemplo de las trabas impuestas por encima del Código Penal es que en Entre Ríos y Salta no se regula la interrupción del embarazo cuando corre peligro la vida o salud de la mujer, como sí lo contempla la legislación nacional.

La Justicia le ordenó al gobierno de Santa Cruz en junio de 2012, cuando la provincia no acataba el fallo de la Corte Suprema sobre el aborto, la “urgente” aplicación de un protocolo hospitalario para la atención de los casos no punibles. Así lo determinó el juez de Instrucción de El Calafate, Carlos Narvarte, con el objetivo de garantizar la atención de una adolescente que quedó embarazada tras sufrir una violación.

El fallo respondió a una presentación de la oficina de Protección a la Niñez y Adolescentes de El Calafate por el caso de una chica de 16 años, a la que el hospital le negó la atención sin una orden judicial. El fallo de la Corte exhortó a las provincias a aplicar protocolos que eviten la judicialización de los casos que están permitidos por el Código Penal.

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