Viernes , 24 marzo 2017
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Procesaron a la esposa de López y a dos empresarios

Por Maia Jastreblansky

Rafecas consideró probado que el ex secretario de Obras Públicas es el dueño de la casa de Tigre

En un fallo de 700 páginas, el juez federal Daniel Rafecas ayer dio por probado que José López es el verdadero dueño de la casa de Tigre que habitaba antes de caer preso y que simuló ser su inquilino para ocultarlo. En este sentido, amplió el procesamiento del ex secretario de Obras Públicas en la causa por enriquecimiento ilícito y sumó a tres nuevos procesados por entender que fueron “partícipes necesarios” de la maniobra. Se trata de la esposa del ex funcionario, María Amalia Díaz, y de dos empresarios que habrían actuado como testaferros.

Las religiosas del convento, con López y su esposa, María Amalia Díaz
Las religiosas del convento, con López y su esposa, María Amalia Díaz

Originalmente, la causa investigaba el incremento patrimonial de López entre 2003 y 2008. Pero el caso dio un giro cuando el ex funcionario fue detenido in fraganti con U$S 9 millones en el convento de General Rodríguez. A partir de entonces, Rafecas y el fiscal Federico Delgado ampliaron el objeto de la investigación e indagaron sobre la casa de Tigre, que nunca fue informada en las declaraciones juradas.

Ayer, en su fallo, el juez recapituló las pruebas que sostienen que López utilizó testaferros para esconder que era el dueño del inmueble. Esos “propietarios aparentes” son el contador y empresario Andrés Galera y el empresario constructor Eduardo Gutiérrez. En los papeles, el primero fue dueño del terreno de Tigre entre mayo de 2008 y mayo de 2010, mientras que el segundo pasó a ser titular desde entonces hasta la actualidad. En el interín, se demolió una casa y se construyó el chalet que habitaban López y su esposa.

Las pruebas

El juez recordó que en el allanamiento a la casa se encontraron carpetas con planos, croquis a mano alzada, mails e indicaciones de López y su esposa sobre cómo querían diseñar la casa. Uno de los dibujos caseros estaba plasmado sobre una hoja que en el reverso tenía impresos datos de la ex Secretaría de Obras Públicas de 2009.

Otro elemento fue el testimonioque brindó el primer arquitecto de la casa, quien admitió haberse reunido e, incluso, almorzado con el matrimonio López para planificar detalles de la construcción.

Un tercer punto clave fue la comparación de dos fotos: la del chalet de Tigre y la de la casa que el ex funcionario poseía en Río Gallegos. Ambas guardan un diseño “llamativamente similar”, dijo el juez.

“López y Díaz, que aparecen como inquilinos en 2011, tuvieron una intervención activa [en la construcción de la casa de Tigre] tres años antes”, señaló Rafecas.

El juez entendió que Galera y Gutiérrez deben ser procesados como “partícipes necesarios”, dado que actuaron como “personas interpuestas” (testaferros) para la compra de la propiedad y como “prestanombres” a la hora de consumar el incremento patrimonial de López.

Rafecas enfatizó que Gutiérrez le cobraba a López un alquiler equivalente a un tercio del valor de mercado. En el caso de Galera, remarcó que fue clave el hallazgo del boleto de compra del inmueble de 2008 en uno de los cajones de López. Maximiliano Rusconi, que representa a ese contador, dijo a LA NACION que apelará el procesamiento por considerar que no tiene “sustento ni juridico ni fáctico”.

Respecto a la esposa de López, el juez entendió que tuvo un “rol protagónico en todo lo que conllevó la construcción de la vivienda”. Entre otros puntos, era la autora de mails dirigidos al arquitecto.

López ya estaba procesado en esta causa por los U$S 9 millones que no pudo justificar. Ahora se amplió el procesamiento por el ocultamiento de la casa y se elevó el embargo a $ 220 millones.

Falta de mérito y nueva causa

Rafecas dictó ayer la “falta de mérito” para la hermana Inés Aparicio, la religiosa que la noche del escándalo colaboró con López para ingresar los bolsos con dinero al convento. Es decir que, hasta el momento, no hay elementos suficientes como para procesarla o sobreseerla.

Requirió, sin embargo, una serie de medidas a partir de la gran cantidad de documentos que reflejan una relación muy intensa entre el convento y la Secretaría de Obras Públicas. Inclusive, pedidos y concesiones de sumas de dinero del Estado con destino al Arzobispado de Mercedes-Luján, a cargo del fallecido arzobispo Rubén Di Monte.

El juez denunció esa situación para que se sortee y se abra una nueva causa que investigue si existió el desvío de fondos públicos de manera irregular.

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