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La jueza Noelia Ursino lo había procesado hace dos años, pero el médico apeló y ahora Recursos ratificó que no cumplió con sus deberes de funcionario público, al negarle atención a una víctima de violación porque el acusado era el marido.
Hace dos años una mujer acudió al Hospital Público de Puerto Santa Cruz luego de haber sido violada, sin embargo, el director del nosocomio le negó atención asegurando que si el agresor había sido su esposo no se trataba de un delito sexual porque, entre otras cosas “ustedes tienen hijos” en común.
La mujer no recibió atención médica ni psicológica pese a haber sido acompañada por dos funcionarias que también le reprocharon al médico el ejercicio de la violencia institucional que representaba ese rechazo.
El caso terminó en los estrados de la jueza de instrucción, Noelia Ursino, una magistrada que tiene a raya el asunto de los delitos sexuales. Ursino lo procesó por incumplimiento de los deberes de funcionario, entendiendo además que el director del hospital público santacruceño se había excedido, al exigirle a la víctima que llevara una constancia de denuncia judicial contra su esposo.
Este no es un dato menor, ya que al tratarse de un delito de instancia privada, ni siquiera la Justicia Penal puede exigirle a la víctima que lo denuncie.
“La ningunearon y le dijeron que era su esposo y que ya tenían hijos, le negaron al atención y eso es aberrante” dijo una fuente vinculada al caso.
Luego del procesamiento, el director del hospital apeló y el Juzgado de Recursos, subrogado por una funcionaria judicial de Río Gallegos, se tardó dos años en decidir si sostenía o no la medida en su contra. Finalmente definió dejar en firme el procesamiento contra el médico por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La idea del marido que fuerza a la mujer a mantener relaciones sexuales estuvo naturalizada por décadas, incluso como concepto jurídico en muchos países donde la violación sólo podía ser cometida contra una mujer con la que no se estuviera en pareja.
Sin dudas resulta dramático pensar que un funcionario del ámbito de la salud pública pusiera en crisis le relato de una víctima, apañando el ataque sexual contra una mujer, suponiendo que está obligada a satisfacer los deseos sexuales del otro, que puede actuar de manera impune y machista.
También dentro del matrimonio un “no” es no, y cualquier acto sexual forzado dentro de la pareja es violencia sexual doméstica y está castigada por la ley.
El psicólogo Rubén Fernández, que está a cargo del taller para varones violentos creado a partir de un convenio entre el Tribunal Superior de Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos, contó días atrás que éste es uno de los ejes de mayor consulta dentro del espacio. Los varones que acuden suelen mostrarse sorprendidos cuando se les dice que forzar a su pareja para tener relaciones sexuales es delito.
La mujer que acudió al hospital de Puerto Santa Cruz para recibir asistencia, sólo recibió violencia institucional, no tuvo contención de ningún tipo, y fue abandonada a su suerte.
“…con su negativa a ofrecer atención médica y atención psicológica en primer término, luego condicionándola injustificadamente a la necesidad de hacer una denuncia judicial, y luego omitiendo adoptar las medidas correspondientes para que el nosocomio brindara la atención y contención a la luz de la solicitud de los funcionarios que en ese momento la acompañaban” se lee en el procesamiento.
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