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Río Gallegos.- La Asamblea Ambiental Ciudadana de Río Gallegos presentó ayer una acción de amparo ante la Justicia Federal de Río Gallegos, solicitando que se cumpla con la ley y que las miles de toneladas toxicas de desechos de la central termoeléctrica a carbón de Río Turbio, no sean arrojadas en el valle del río que es nuestra única fuente de agua potable.
La iniciativa fue presentada por dos de los miembros de la Asamblea Ambiental Ciudadana de Río Gallegos, el ex concejal José Luis Janezak y Eduardo D’Elía. Aseguraron que con la medida legal “se intenta evitar lo que se considera un ecocidio sobre el río Gallegos y la población que se abastece de agua de ese mismo río”.
La acción de amparo está dirigida contra el Ministerio de Planificación Federal, responsable de la obra y a la Subsecretaria de Medioambiente de Santa Cruz a cargo del cumplimiento ambiental en la provincia.
“Nos alarma el hecho que nuestros gobernantes y funcionarios improvisan usos y destinos de 1.800 toneladas diarias de desechos tóxicos sin tener conocimientos del tema, como los siguientes: El secretario de Minería, Jorge Mayoral, que intenta rellenar áreas anegadas del río Turbio, desconociendo que cuando el río crezca arrastrará las cenizas y sus lixiviados a las canillas de 120.000 personas”, indica la Asamblea Ambiental Ciudadana de Río Gallegos en su cuenta de la red social Facebook citado por la Agencia Patagonia Energética.
En este sentido, se agrega que “el intendente de Río Turbio, Matías Mazú, que sin tener ni agua, ni cemento, ni transporte disponible en la región, pretende hacer 2.250 toneladas diarias de ladrillos igualmente contaminantes, para que se construyan viviendas. El interventor de YCRT, Atanasio Pérez Osuna, que los dispondría en una estancia ubicada a 14 kilómetros de Río Turbio, sin saber que necesita diariamente 360 camiones volcadores preparados para cargas volátiles a altas temperaturas para transportarla y millones de litros de agua para evitar que el viento distribuya las cenizas por toda la Patagonia Austral”.
Por último agregan que “confiamos que la Justicia protegerá la vida de miles de personas de los impactos de estos desechos tóxicos y de la improvisación de quienes tienen poder de decisión”. La semana pasada, el intendente Mazú había anunciado que el próximo 4 de diciembre, en el marco del “Día del Minero” se llevará a cabo de la inauguración de la central termoeléctrica.
