viernes , 12 agosto 2022

Por sobreprecio Allanaron oficinas de YCRT y pidieron varias detenciones

Lo hizo Gendarmería Nacional a pedido del juez federal Martínez de Giorgi. Se buscaba documentación por la adquisición de material minero a Polonia, desde el año 2005 en adelante, involucrando las gestiones de Peralta y Pérez Osuna al frente de la empresa. En paralelo, el fiscal Stornelli pidió la detención del intendente de Río Turbio; del decano de la UTN Martín Goicochea; del ex gerente Miguel Larregina, y de Hugo Sánchez, presidente de la Fundación UTN.

En la mañana de ayer, personal de Gendarmería Nacional se presentó en las oficinas de Río Gallegos de YCRT, ubicadas en calle El Cano al 100 y en las de la Cuenca Carbonífera en Santa Cruz, como en la oficina central ubicada en la Av. Cabildo 65, de la Ciudad de Buenos Aires, con la orden de incautar toda documentación relacionada con la compra de un Frente Largo de Mina que es causa de investigación judicial.
El procedimiento comenzó en simultáneo, alrededor de las 10 de la mañana, con un mínimo movimiento de vehículos y efectivos.
Según se informó, el subgerente de YCRT Miguel López atendió la requisitoria y entregó la documentación solicitada en el marco de una causa que investiga el juez federal Marcelo Martínez Giorgi, quien solicitó el secuestro de los expedientes originales completos de los años 2005, 2011, 2012, 2013 y 2015, rendiciones de cuentas, información de pagos y transferencias de dinero realizadas a varias empresas de Polonia, donde se compró el frente largo y otras maquinarias.
Llama la atención los años que se buscan, ya que en 2005 el interventor al frente de la empresa era el ex gobernador Daniel Peralta, que había asumido ese rol, como diputado de la provincia, luego del fatal accidente donde perdieron la vida 14 mineros, en 2004.
Fue en su intervención que se hicieron los primeros contactos y las primeras adquisiciones a Polonia de material para reconstruir el interior de mina.
Ya a partir de 2011, el interventor fue Atanacio Pérez Osuna, quien ocupó ese lugar hasta el 10 de diciembre de 2015, donde asumió como intendente de Río Turbio.
Cabe recordar que los allanamientos a la empresa estatal carbonífera se han venido sucediendo desde mayo del año pasado, luego de las denuncias presentadas por las actuales autoridades y el procesamiento de una treintena de personas por diferentes causas.

Pedido de detención
Precisamente, en una de ellas, a cargo del fiscal Stornelli, el funcionario judicial pidió nuevas detenciones en la investigación sobre presunto manejo irregular de fondos en la empresa carbonífera.
La solicitud hecha al juez Luis Rodríguez, que consta de 600 páginas, abarca el procesamiento con prisión preventiva de, entre otros, Roberto Baratta, ex mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación Federal y que ya se encuentra en prisión por la compra de gas al exterior; de Martín Goicochea, decano de la Facultad Regional Santa Cruz de la UTN en Río Gallegos; de Miguel Larregina, ex gerente contador de YCRT; de Atanacio Pérez Osuna, actual intendente de Río Turbio, y de Hugo Sánchez, presidente de la Fundación UTN Río Gallegos.
Stornelli pidió su procesamiento por “peculado y administración fraudulenta en perjuicio del Estado”. El fiscal considera que los imputados “defraudaron al Estado” al conformar “y materializar un ilícito sistema de contrataciones” que involucró al ex Ministerio de Planificación, a YCRT y a la UTN, tercerizando a través de la Fundación de la universidad, obras y compras, “de forma directa sin sujeción a las normas en materia de contrataciones públicas”. Y estimó que el perjuicio al Estado “fue superior a los $ 567 millones”, de los cuales sólo 265 millones fueron pagados en concepto de “comisiones y gastos administrativos” tanto a la Fundación como a la Facultad Regional.
Para Stornelli las detenciones se deben dar, al considerarlos “coautores de peculado y defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” y considera que los imputados en libertad, ante “sus respectivas situaciones frente al proceso hace posible que, de seguir en libertad, frustren los fines procesales tendientes al descubrimiento de la verdad”.
Según el titular del Ministerio Público Fiscal, los imputados aún libres, “representan un riesgo procesal”, al considerar que no se dispusieron medidas cautelares sobre sus patrimonios “y podrían ser medios para eludir la investigación”. El pedido hecho ante el juez Luis Rodríguez podría ser resuelto antes que inicie la feria judicial.
De acuerdo a la investigación desde la Fundación, creada en el ámbito de la Facultad Regional Santa Cruz (FRSC) de la UTN, se realizaron compras y contrataciones “de forma directa” para eludir los controles del Estado, maniobra que se ejecutó entre 2008 y 2015, el fiscal aseguró que los imputados “diseñaron todo este sistema para sustraer dinero y defraudar a la Administración pública”.
En el caso de Baratta, cabe recordar que cumple prisión preventiva por orden del juez Claudio Bonadío, quien dispuso su detención al igual que la de De Vido en la causa por la importación de gas licuado a nuestro país en donde se pagaron altísimos sobreprecios. Igualmente, sobre el ex ministro, también pesa la prisión preventiva por una causa conexa que investiga también el desvío de fondos en YCRT y por la cual fue procesado por el juez Rodríguez, el pasado 8 de noviembre.

 

(iF)La Opinion Austral

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