Viernes , 24 marzo 2017
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Piden que se levante el secreto fiscal de Cristina Kirchner

Lo solicitó el fiscal Pollicita al juez Ercolini; también pidió los datos de Néstor, Máximo y Florencia, además de Lázaro Báez y Cristóbal López

El fiscal Gerardo Pollicita le solicitó al juez federal Julián Ercolini, que instruye la causa Hotesur, que levante el secreto fiscal para acceder a las declaraciones juradas y a toda la información impositiva que tenga la AFIP sobre la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sobre el ex mandatario Néstor Kirchner y sobre los hijos del matrimonio, Máximo y Florencia.

El pedido, asimismo, alcanza a dos empresarios que están sospechados de haber participado en el pago de retornos a la ex mandataria: Lázaro Báez y Cristóbal López .

Pero el pedido de información también incluye los datos fiscales de Martín Báez, Leandro Báez, Luciana Báez, que son hijos de Lázaro Báez y que ayer quedaron imputados en otra causa que lleva el juez Sebastián Casanello (ver página 18); de Romina Mercado, hija de Alicia Kirchner y que fue titular de Hotesur, y de Osvaldo Sanfelice, que manejó la explotación de Alto Calafate y de otros hoteles de Cristina Kirchner.

El juez Ercolini y el fiscal Pollicita investigan si, a través de Hotesur -un sello comercial que oculta todo un conglomerado de personas y de propiedades-, esos imputados hicieron operaciones para lavar dinero y, además, si los empresarios le pagaron retornos a Cristina, a cambio de recibir obra pública o de beneficiarse con otros negocios.

Una de las hipótesis de la investigación señala que empresarios favorecidos por negocios relacionados con el Estado durante el anterior gobierno pagaron alquileres de habitaciones de la sociedad hotelera de la familia Kirchner aunque no fueran ocupadas efectivamente.

La causa Hotesur, que abarca todo el período de la gestión kirchnerista, había comenzado a tramitarse en el juzgado federal a cargo de Claudio Bonadio , pero un planteo de la familia de la ex mandataria logró recusarlo y, así, el caso pasó a manos de su colega Daniel Rafecas . Sin embargo, este magistrado no avanzó demasiado con el expediente y aprovechó una cuestión procesal para que el sumario pasara, finalmente, a manos del juez Ercolini.

La ley de procedimiento tributario (número 11.683) establece que el secreto fiscal busca proteger la intimidad de los contribuyentes. Y el funcionario que revele esos datos reservados incurre en delito, según surge expresamente de la ley.

Excepcionalmente, sin embargo, esa reserva puede ser levantada por orden de un magistrado. Y el conocimiento de esa información es muy valiosa, porque es más completa que la que los funcionarios vuelcan en las declaraciones que presentan ante la Oficina Anticorrupción.

Ayer fue un día extremadamente movido en los tribunales de Comodoro Py: Lázaro Báez se presentó en la Cámara Federal para insistir en la recusación del juez Casanello, mientras que el magistrado decidió investigar por lavado a sus cuatro hijos.

Por su parte, el juez Ercolini citó a indagatoria a Cristóbal López por haber retenido 8000 millones del impuesto a la transferencia de combustibles (ITC), que dejó de ingresar en la AFIP con la complacencia del ex titular de ese organismo Ricardo Echegaray .

Entre las firmas que también aparecen involucradas en la maniobra, según fuentes judiciales, aparecen Valle Mitre SA, Panatel SA, Inversora M&S, Invernepa SA, BMC, Sol Publicidad, La Aldea del Chaltén SA, Hostería El Retorno SA, COMA SA, Hotel Kennedy SA, IDEA SA, Alcalis de la Patagonia SA y, en particular, Los Sauces, otra de las sociedades que Cristina reconoció como propia.

(La Nación) 

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