Jueves , 8 diciembre 2016
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Piden procesar a Cristóbal López y a Ricardo Echegaray por evadir $ 8000 millones

Osvaldo Sanfelice y Cristóbal López salen de visitar el mausoleo de Néstor Kirchner

Por Hugo Alconada Mon

El empresario y el ex jefe de la AFIP están investigados por un supuesto fraude al Estado a través de la petrolera Oil Combustibles

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió el procesamiento de los empresarios kirchernistas Cristóbal López y Fabián de Sousa, dueños del Grupo Indalo, como protagonistas de un presunto fraude al Estado por $ 8000 millones a través de su petrolera, Oil Combustibles.

Pollicita también avanzó contra las autoridades de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray y Rubén Angel Toninelli, y una larga lista de funcionarios y técnicos del organismo. Los consideró responsables de facilitar esa multimillonaria evasión para beneficiar a esos empresarios, mientras redoblaban la presión contra otros contribuyentes.

En un dictamen de 76 carillas, Pollicita desgranó como se habría cometido las maniobras en presunto perjuicio del Estado, y que LA NACION reveló en marzo pasado tras una larga investigación. “Es dable poner de resalto la alarma social que generan hechos como el presente, y la preocupación que han manifestado diversos organismos internacionales en los últimos años”, remarcó el fiscal, “a raíz de la propagación y reiteración de conductas que, como la presente, se enmarcan dentro de lo que se ha dado en llamar ‘delitos de corrupción’, que afectan la transparencia y honestidad con que debe desempeñarse la función pública”.

Con ese dictamen en sus manos, el juez federal a cargo de la investigación, Julián Ercolini, deberá evaluar si accede al pedido del fiscal y procesa al llamado “zar del juego”, su socio De Sousa, a Echegaray, Toninelli y la “línea” de la AFIP involucrada en la maniobra o si, por el contrario, dicta su falta de mérito a la espera de más evidencias para procesarlos o sobreseerlos.

Para Pollicita, sin embargo, las evidencias acumuladas en el expediente ya son más que suficientes para procesarlos a todos. En el caso de López y De Sousa, porque se quedaron con $ 8000 millones del impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC) -pagado por los automovilistas que cargan combustible en sus estaciones de servicio- y, en vez de girarlo a la AFIP, lo utilizaron para financiar la expansión del Grupo Indalo, comprar nuevas empresas y cubrir el déficit de sus operaciones con números en rojo.

La devolución de los $ 8000 millones, estimó Pollicita sobre López y De Sousa en su dictamen, “sabían que sería imposible de afrontar con posterioridad, todo ello para financiarse a costa del dinero público -ante la imposibilidad de obtener empréstitos por medios privados- y utilizar indebidamente esos fondos para solventar la necesidad de capital que otras empresas del Grupo requerían para su desarrollo, propiciando así la descapitalización de Oil Combustibles y su presentación a concurso preventivo ante la imposibilidad de cumplir con el pago de sus acreencias con el fisco”.

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