Piden indagar a Cristina Kirchner por haber favorecido a Lázaro Báez

Solicitaron, en total, 34 indagatorias. Incluyeron al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, al ex secretario de Obras Públicas José López (preso desde la madrugada en que lo encontraron con más de ocho millones de dólares en el monasterio), al ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti; a Báez y su hijo Martín; a otros funcionarios que dependían de De Vido, y a quienes manejaban las obras viales en Santa Cruz. Para los 34 pidieron al juez de la causa, Julián Ercolini, la inhibición general de bienes.

Según los fiscales, desde la cúpula del Poder Ejecutivo, primero Néstor y después Cristina Kirchner idearon y dirigieron un plan criminal para convertir al «amigo presidencial» Lázaro Báez, monotributista y empleado de un banco, en un empresario de la construcción, al que le asignaron, a través de funcionarios de su más estrecha confianza, «prácticamente el 80% de las obras viales» de Santa Cruz en forma discrecional, con enormes beneficios y sin controles.

Cristina Kirchner ya fue procesada e inhibida por el juez Claudio Bonadio (en la causa del dólar futuro), pero ahora los fiscales pretenden que se la indague como acusada de corrupción en el marco de la gran causa que investiga cómo manejaron los Kirchner las cajas centrales del Estado, vieja causa que ahora incluye, además, las sospechas sobre sus negocios hoteleros. El pedido de indagatorias de ayer es parte de la «megacausa» de la supuesta asociación ilícita que Ercolini tiene contra los Kirchner y su entorno de funcionarios y «empresarios amigos». Se inició con una denuncia de 2008 de Elisa Carrió. A ese expediente se sumó el caso Hotesur.

«Crear» un empresario

¿Entre quiénes se hizo esa supuesta distribución? Los fiscales no lo dicen. Sí sostienen que así como Báez «de ninguna manera» podría justificar «el sorpresivo poderío económico que supo detentar», lo mismo pasa con distintos funcionarios que venían de Santa Cruz con los Kirchner y fueron ubicados en lugares estratégicos para intervenir en la adjudicación de obras, como López, quien -recordaron los fiscales- fue detenido con ocho millones de dólares que no pudo explicar y que dijo que no eran suyos, sino «de la política».

El dictamen no acusa a la ex presidenta de haberse quedado con dinero que el Estado le pagó al grupo Báez. Al menos, no de forma directa. Pero afirma que «paralelamente [Báez] les garantizaba a los Kirchner ingresos millonarios a partir del alquiler de sus establecimientos hoteleros».

En su presentación, Pollicita y Mahiques repasaron todas las relaciones comerciales con Báez de las que tiene información la Justicia. Hicieron especial mención de los «ingresos millonarios» que recibieron los Kirchner de Báez por los hoteles. Destacaron, por ejemplo, que cobraron unos cuatro millones de dólares y 12 millones de pesos sólo entre 2008 y 2013, y únicamente por la explotación de uno de sus hoteles, el Alto Calafate. Pero dan cuenta de al menos seis negocios más que los vincularon.

Los delitos por los que pidieron las indagatorias son «fraude en perjuicio de la administración pública» y «negociaciones incompatibles» con la función pública. Sin perjuicio -dijeron- de que con el avance de la causa se descubran otros más graves. Será ahora Ercolini quien decida si ordena las indagatorias y las inhibiciones.

Los autores del pedido

Gerardo Pollicita Fiscal federal

De carrera judicial, impulsó la denuncia que Nisman había presentado contra Cristina Kirchner. Hace 8 años que es el fiscal del caso por «asociación ilícita de los Kirchner» que denunció Elisa Carrió

Ignacio Mahiques Fiscal de instrucción

Designado en 2015, antes era secretario letrado de Pollicita, que ahora lo pidió para este caso. Es hijo del ex ministro de Justicia de Vidal Carlos Mahiques y hermano de Juan, el representante de Macri en el Consejo de la Magistratura