El Espejo Diario Diario Digital de la Región Patagónica
Río Gallegos.- El gobernador Daniel Peralta anunció hoy que insistirá ante la Legislatura con un pedido de endeudamiento, y esta vez será por 400 millones de pesos. También le propone a los legisladores, en su mayoría del kirchnerismo, salir del Pacto Fiscal acordado en la ’90 para así la Nación remita unos 35 millones de pesos mensuales que hoy le retiene a la Caja de Previsión Social.
Además, y en conferencia de prensa ofrecida en Casa de Gobierno ha adelantado, que vetará la ley impulsado por los diputados alineados con el gobierno nacional que prohibía que la Provincia pudiera acceder al adelanto de regalías por parte de las empresas mineras y petroleras.
Peralta aseguró que si logran la salida del Pacto Fiscal, no se descontarán los 35 millones de pesos mensuales a la masa de coparticipación que le corresponde a Santa Cruz y esos fondos permitirá “fortalecer” el deficitario sistema previsional. Criticó al ANSES por retener los recursos de la Provincia, y destinarlos a la construcción de viviendas o a la compra de títulos que cotizan en bolsa. También planteó a la Nación una nueva ley de coparticipación federal.
Recordó que el ente nacional previsional no cumple con el 82 por ciento móvil en los haberes de los jubilados. Nuevamente volvió a enarbolar la bandera de la “autonomía” con este reclamo al gobierno nacional.
No dejó dudas que si tiene que recurrir a la Corte Suprema de Justicia por su reclamo, su gobierno lo hará, como ya lo hizo Córdoba y San Luis.
En este sentido, acusó al gobierno central de “expropiar” los recursos del sistema previsional santacruceño.
Con respecto al veto a la ley aprobada por la Legislatura y que le impide a la Provincia solicitar adelantos de regalías, Peralta la calificó como una de las “cinco leyes destituyentes” aprobadas por el kirchnerismo y recordó el déficit del presupuesto que asciende a las 900 millones de pesos y que los diputados no le otorgan las “herramientas” a su gobierno para paliar dicho déficit.
También puso en duda el acuerdo de Responsabilidad Social Empresario subscrito con la comisión de fomento de Fitz Roy – Jaramillo, y ante el reciente cambio de autoridades prometió analizarlo “de pie a cabeza”.
En su batalla por la derogación de la ley de Lemas, anunció que el próximo lunes se convocará a los representantes de los partidos políticos de la provincia para avanzar la anulación de la norma electoral. Anunció que el Poder Ejecutivo elevó una consulta a la Justicia Federal para que se pronuncie si es factible llevar a cabo un plebiscito no vinculante para que el electorado se pronuncie a favor en contra de la ley de Lemas durante las elecciones legislativas del 27 de octubre. No obstante, y previendo una respuesta negativa, no descartó llevar a cabo el referéndum en otro momento.
