sábado , 4 febrero 2023

Ahora Peralta se pregunta porqué faltó el fiscal de Estado al juicio por la Función Pública

JUICIO ATE - SANTA CRUZ
Río Gallegos, 22 de Nov. (ANA) .- El gobernador Daniel Peralta se preguntó hoy tras los alegatos, porqué no estuvo presente el fiscal de Estado, Iván Saldivia en el juicio por el incendio del edificio de la Subsecretaría de la Función Pública.

“No sé por qué no fue el fiscal de Estado, Iván Saldivia, ya que debería haberse hecho presente, me parece a mí, sobre todo porque forma parte de la defensa del damnificado que no es otro que el Estado provincial”, dijo Peralta.

“A nosotros se nos prendió fuego un edificio que borró gran parte de la historia de Río Gallegos, y si bien en la fiscalía de Estado el gobernador designa a la persona a cargo, debo aclarar que es un órgano independiente, que funciona de forma independiente”, explicó tras supervisar obras en un Centro Integrador Comunitario en el Barrio Bicentenario de Río Gallegos.

Luego que el tribunal absolvió a una de las acusadas el viernes, y se liberó a otro acusado por la baja pena que solicitó el fiscal de la Cámara Penal, el titular del Poder Ejecutivo, aseguró que en su gobierno quiere “saber quiénes fueron los responsables. Me parece muy malo que haya gente que estuvo detenida y ahora está libre por falta de pruebas, eso muestra un error en la etapa de instrucción por parte de la justicia”, afirmó Peralta apuntando a la jueza Valeria López Lestón, prima del ex presidente Néstor Kirchner.

Aseguró que durante el incendio al edificio de la Subsecretaría de la Función Pública durante una protesta salarial el 18 de octubre de 2013 “hubo un claro intento de desestabilizar en un momento muy difícil de la provincia”. Entonces se iban a celebrar las elecciones legislativas, y Peralta estaba enfrentado al kirchnerismo, perdiendo ambos luego la elección en manos de la oposición.

El fiscal Gabriel Giordano, representante del Ministerio Público Fiscal, señaló el viernes durante sus alegatos del juicio, que todo el proceso investigativo estuvo a cargo del Ministerio Público, ya que la causa nació de una escueta denuncia de no más de 30 líneas formulada por la Fiscalía del Estado y fue la única intervención que realizaron en todo el proceso. Agregando que conforme al pliego de adjuntar a requerimiento de la Fiscalía el Fiscal de Estado señaló que lo hizo a requerimiento del gobernador Peralta.

En este sentido expresó que es verdaderamente penoso y lamentable para el Ministerio Público Fiscal que tuvo sobre sus hombros la defensa de los intereses de la ciudadanía, verse absolutamente solo en un estado de soledad del no acompañamiento por parte de quien debía promover la defensa de los intereses públicos, por lo cual lo dejó señalado y se adhirió al planteo de una de las defensas que ha quedado desistido de la posibilidad de recurrir ante cualquier recurso la Fiscalía de Estado, agregando que no por ello el Ministerio Público valora el daño que se ha provocado, sólo han escuchado a un testigo sobre la valoración del daño y sólo escuchó que se perdieron 400 mil pesos en computadoras, pero “tenemos un edificio que este Fiscal con solo consultar el valor se encontró que son largos millones de pesos, es decir que será dinero que se le va a sacar justamente al pueblo de Santa Cruz y que de alguna manera era dinero que podría ser destinado para la educación, seguridad y la salud, esta pérdida es significativa que no se la imputó a un reclamo gremial, todo lo contrario, tiene que ver con una cuestión directamente de aquellos que utilizaron el medio para el fin”.

El artículo 125 de la Constitución Provincial establece que el fiscal de Estado tendrá a su cargo el control de legalidad de los actos administrativos y la defensa del patrimonio provincial.
Es parte necesaria y legítima en todo proceso en que se controviertan intereses de la Provincia y en los que ésta actúe de cualquier forma.

Tendrá personería para demandar la nulidad de leyes, decretos, reglamentos o resoluciones contrarios a las prescripciones de la Constitución Provincial en el solo interés de la Ley o en la defensa de los intereses fiscales.

Será designado por el Poder Ejecutivo con el acuerdo de la Cámara, gozará de inamovilidad mientras dure su buena conducta y sólo podrá ser removido por las causales y el procedimiento del juicio político; finalizará en sus funciones al cesar en su mandato quien lo designó, pudiendo ser redesignado.

Para ser Fiscal de Estado se requerirán las mismas condiciones que las exigidas a los miembros del Tribunal Superior de Justicia, contará con iguales inhabilidades, derechos, incompatibilidades e inmunidades que aquellos, debiendo ser natural de la Provincia o contar con una residencia continua y permanente de cuatro años inmediatos anteriores a su designación.

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