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Río Gallegos.- El ministro de la Producción de la Provincia, Rafael Gilmartin, sostuvo que “va más allá” de la designación de Diego Marzioni el motivo de la sorpresiva renuncia del titular de la subsecretaria de Pesca y Actividades Portuarias, Raúl Mella, quien hizo pública su dimisión en el marco de una conferencia de prensa donde además realizó denuncias relacionando connivencia entre el Estado provincial y empresarios del sector pesquero.
“Era bastante difícil que una situación como la que denunciaba Mella se hubiera dado porque las misiones y funciones del cargo de Diego Marzioni fueron analizadas por todos los estamentos provinciales competentes en esta designación. Sin embargo, como sabemos que el error humano existe, estaba dispuesto a hacer el análisis, incluso con los abogados del Estado provincial, y a modificar aquello que fuera incorrecto”, dijo Gilmartin.
También el funcionario cuestionó la dimisión sobre todo teniendo en cuenta que da un portazo 48 horas antes de la elección del domingo. Además consideró que “era un funcionario de un área muy sensible. Creo que hay otros motivos que, seguramente, vamos a ir dilucidando con el correr de los días”.
“Además se hicieron denuncias durante la conferencia de prensa que lo llevaron no sólo a difamar a este ministro sino también a otros funcionarios provinciales, por cuanto vamos a tomar las medidas legales correspondientes para que los temas se aclaren, sobre todo porque la provincia esta mirando a la pesca y a las actividades relacionadas con la misma desde una decisión política seria, y no está apoyando, como Mella indicó, a un sector empresarial concreto para crear un monopolio”, afirmó Gilmartin.
El Partido Obrero (PO) había denunciado el entrelazamiento de intereses cuando fuera votada la expropiación de la pesquera Viera y apuntando contra el empresario de la actividad Luis Jones, quién recibió serias acusaciones del funcionario saliente. “Es un hombre que es reconocido en Caleta Olivia por sus vínculos con (Julio) De Vido, con Juan Bontempo, es decir que aparecen ligados los sectores del Frente para la Victoria de La Cámpora con el peraltismo generando un negocio para los empresarios amigos del poder y llamativamente inclusive en el proyecto de ley de expropiación de Vieira los dos diputados del radicalismo se callaron la boca y se abstuvieron porque este proyecto de ley fue votado. Es importante recordar, también por unanimidad por los veinte diputados aun cuando estaban peleados los de La Campora con los peraltistas y los dos diputados radicales ni abrieron la boca para defender a los trabajadores o para fijar una posición al respecto y mucho menos ahora que se conoce el destino que piensa darle en definitiva a esta planta”, señaló el referente del PO Miguel Del Plá.
Atento a la renuncia del subsecretario de Pesca, la Coalición Cívica – ARI recordó la denuncia que realizaron sus referentes Mariana Zuvic y Luis Héctor González, con el patrocinio de José Janezak, presentada el 5 de septiembre pasado, ante el Juzgado Penal N° 1 de la ciudad de Río Gallegos, que guarda relación con los hechos denunciados por el funcionario renunciante y que involucra también al empresario Jones.
La denuncia tiene por objeto que se investigue la presunta comisión de los delitos de: Abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público; Cohecho y tráfico de influencias; Peculado y malversación de caudales públicos; Exacciones ilegales; Hurto; Estafas y otras defraudaciones; y Encubrimiento; contra el gobernador Daniel Peralta, el ministro de la Producción, el renunciado subsecretario de Pesca y también contra su antecesor Juan Carlos Bracalenti y Diego Marzioni entre otros funcionarios.
Se indicó en la denuncia que el 27 de agosto de 2012, el gobernador Peralta dicta el decreto N° 1737 (Expte. MP-422, 198/12), por el que de manera arbitraria y violando el ordenamiento jurídico vigente, dispone de un modo “de facto”, la intervención de la filial local de la firma Vieira Argentina S.A. con sede en Puerto Deseado, designando al Sr. Diego Marzioni en el cargo de “interventor”. Con fecha 05/09/2012 se sanciona la Ley N° 3287 (promulgada el 17/09/12) que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación en los términos de la Ley 21, las instalaciones y bienes de la empresa mencionada.
A partir de ese momento, sin tener la debida posesión judicial, el gobierno provincial a través de sus funcionarios, dispuso de los bienes de la empresa Vieira como si fueran propios.
Esta decisión del gobierno provincial lejos de ser la solución al conflicto laboral y social, agravó la situación y es que hasta la actualidad los trabajadores se encuentran desamparados, sin obra social, ni aportes previsionales, ni ART, y cobrando de manera irregular un “subsidio en negro”, que debe blanquearse de inmediato, ya que de él depende la precaria subsistencia de más de una centena de familias.
Se resalta desde Coalición Cívica – ARI que “párrafo aparte merece la insólita participación que se le dio al empresario Luis Jones, quien inclusive ha manifestado públicamente en una entrevista radial (25/07/2013) que funcionarios provinciales le habían solicitado una ayuda financiera para colaborar y que por tal motivo, dice haber puesto más de 500.000 pesos sin poder explicar bajo qué concepto y en qué carácter, todo lo cual debe ser objeto de la correspondiente investigación”.
