Jueves , 8 diciembre 2016
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No prosperó el pedido de Cristina para ampliar la auditoría de las obras

Por Hernán Cappiello

Pollicita no aceptó que la pesquisa sobre las concesiones de Santa Cruz se extienda a todo el país.

La estrategia de Cristina Kirchner de ampliar la investigación de la obra pública santacruceña a las realizadas en todo el país durante su gobierno fracasó.

El fiscal Gerardo Pollicita rechazó el pedido para ampliar el objeto procesal de la investigación que sigue con el juez Julián Ercolini y por el que la ex presidenta ya fue indagada la semana pasada.

En ese expediente, desfilaron ya el ex ministro Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex director de Vialidad Nelson Periotti y el ex subsecretario Abel Fatala.

Todos deslindaron sus responsabilidades, pero Hugo Manuel Rodríguez, ex subsecretario de Obras y antecesor de Fatala, apuntó a López y complicó a Cristina Kirchner.

Dijo que la gestión era verticalista y que las decisiones sobre las obras las tomaba Néstor Kirchner y las comunicaba a López, que las ejecutaba a través de Periotti, en Vialidad Nacional, que era descentralizada.

Kirchner, en su defensa, dijo que es mentira que hubiera habido un direccionamiento y, por el contrario, dijo que Báez era un personaje menor de la obra pública en el país.

Por eso, al igual que Báez y López, pidió ampliar la investigación a todos los empresarios de la obra pública del país, empezando por Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri y titular de Iecsa.

Cristina Kirchner entendió que quedarse con Báez es arbitrario y sesgado y que se debe analizar la obra pública entre 2003 y 2015.

Dictamen del fiscal

Pollicita dijo que esto era innecesario. Relató que la denuncia contra Cristina Kirchner y Báez la efectuó Vialidad Nacional porque tras una auditoría detectó que en Santa Cruz hubo un manejo fraudulento de fondos en beneficio de Austral Construcciones. Y que había un circuito de pago privilegiado, incumplimiento en los plazos, pago anticipado de obras, y preferencias por Báez que recibió el 80 % de las licitaciones provinciales.

Pollicita dijo que desbordar el objeto de la investigación para analizar miles de contratos de ventas, obra hídrica, nuclear, energética, eléctrica, vial y urbana, sin que exista una sospecha de delito inicial precisa y definida, como en el caso de la denuncia de Vialidad, no corresponde.

Además implicaría ir a buscar delitos sin una hipótesis clara y afectaría las garantías de Cristina Kirchner en el proceso. Especialmente cuando la ex presidenta pide investigar sobre la base de un recorte periodístico la existencia de una relación entre Calcaterra y Báez y la presentación conjunta de ambos en diversas licitaciones del país.

“Iecsa no forma parte de la imputación delineada y tampoco surgen elementos objetivos que permitan enlazar a esta empresa con el hecho aquí investigado”, escribió el fiscal, al despegar a la empresa del primo de Macri del caso.

De todos modos, dijo Pollicita que la fiscalía ya denunció a Calcaterra para que se investigue, como dijo Cristina Kirchner, si fue beneficiado por Macri con la refinanciación de la obra del soterramiento del tren Sarmiento.

Con este dictamen la jugada de Kirchner, al menos en los tribunales fracasó, lo que no quita que siga insistiendo mediante sus diputados fieles en el Congreso para impulsar una ley que cree una comisión bicameral que investigue la obra pública entre 2003 y la actualidad.

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