Por Nicolás Balinotti
Negocios, poder y un mensaje a los gremios
Omar «Caballo» Suárez estaba hace unos días recluido en Monte Caseros, una ciudad correntina que limita con Uruguay y Brasil. Estaba aislado, aunque no desinformado.
Desde allí ensayó una defensa a través de una carta de lectores a LA NACION en la que se defendió por las irregularidades que había detectado la intervención del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), el gremio al que tuvo en un puño desde 1992 hasta el 18 de febrero pasado.
Acorralado y sin la red de apoyo político, judicial y gremial que lo supo cobijar durante décadas, Suárez sabía que ahora podía caer en prisión. Sabía que se había quedado solo. Su caso divide aguas en la CGT, que estuvo lejos de ensayar una defensa corporativa como sucedió con otros sindicalistas detenidos.
Suárez intentó ir por un sexto período al frente del gremio «a pedido del papa Francisco». Así lo comunicó en 2014 al regresar del Vaticano, donde compartió encuentros con Guillermo Moreno, Eduardo Valdés y Diego Maradona.
Sin embargo, el deseo de ser jefe eterno no se cumplió por completo. El 18 de febrero último el juez federal Rodolfo Canicoba Corral dispuso la intervención del SOMU y procesó a la cúpula del gremio por bloquear los puertos, extorsionar a empresarios y por una serie de maniobras supuestamente ilícitas, como lavado de dinero.
A partir de la intervención, en el SOMU hubo revelaciones que muestran cierto desfase: el diputado kirchnerista Carlos Kunkel y su mujer utilizaban como propio un auto Passat y una camioneta Kuga 0 km comprados por el sindicato. Además, se gastaban $ 360.000 mensuales en el mantenimiento de la radio Papa Francisco, que es del gremio, pero cuyo alcance es casi nulo.
Detenido por haber entorpecido vías navegables y extorsionar a empresarios, ahora lo investigan también por fraude y por encabezar una asociación ilícita. Detrás de esta nueva acusación se distingue una maniobra para desviar fondos que incluye a los ex funcionarios kirchneristas Julio De Vido (ex ministro de Planificación Federal) y Exequiel Espinosa (ex titular de Enarsa). Por un convenio entre el ministerio que encabezaba De Vido, Enarsa e YPF, a partir de 2008 la Argentina comenzó a importar gas licuado. Sirvió de excusa perfecta para que Suárez les reclamara a las marítimas un aporte por cada trabajador en concepto de «capacitación», con el argumento de que los tripulantes de los buques debían manejar el idioma inglés.
Suárez ganó mayor notoriedad en 2012, cuando encabezó un viaje de Cristina Kirchner a Angola por una misión comercial. De bermudas y ojotas, caminaba aliviado por el lobby del majestuoso hotel Epic Sana, en Luanda. No estaba allí de vacaciones. Había cruzado el Atlántico a bordo de un buque con 1500 toneladas de productos argentinos y ganado en pie que fueron exhibidos en una feria que había montado Moreno.
El cierre de aquella feria estuvo a cargo de la Presidenta. Eufórica, Cristina Kirchner enumeró agradecimientos. Empezó por los anfitriones, continuó por los empresarios argentinos y cerró con Suárez, a quien definió como uno de sus «sindicalistas favoritos».
Suárez irrumpió en el SOMU en 1989, cuando, con una patota que se decía partidaria del ex jefe carapintada Aldo Rico, tomaron por asalto la sede sindical, según publicó Página 12. Tres años después, alcanzó la cúpula al reemplazar a Juan Arce, de quien era chofer y guardaespaldas. A partir de su cercanía con el poder y con Hugo Moyano, construyó un holding de empresas a partir del gremio. Salvo Elite Viajes, dedicada al turismo, el resto de las compañías están vinculadas a los negocios en el puerto, donde se sentía amo y señor.
Siempre camaleónico, fue menemista, se acercó a Duhalde y luego se convirtió en kirchnerista. En 2015 apoyó a Scioli. El macrismo se la tenía jurada: desde su llegada a la Casa Rosada, Macri envió mensajes indirectos a la Justicia para que actúe. Para el Gobierno, la caída de Suárez es un mensaje disciplinador para el resto del gremialismo.