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Aysén.- La Corte Suprema confirmó el fallo que ordenó a la Municipalidad de Coyhaique pagar una indemnización de más de 60 millones de pesos (795.000 pesos argentinos) a los padres y a una menor de 7 años que sufrió la amputación de dos dedos de la mano derecha en una plaza de juegos, en marzo de 2013.
El juez estableció la responsabilidad por falta de servicio del municipio al no mantener en condiciones seguras los juegos infantiles.
“Correspondiendo a la Municipalidad de Coyhaique la administración de los bienes municipales y los de uso público, como son juegos infantiles ubicados en la plaza pública existente en la Población Ampliación Padre Antonio Ronchi, de esta ciudad, los que eran de cargo municipal, éste no veló por su mantención y cuidado ni adoptó todas la medidas necesarias a fin de evitar daños a terceros”, expone el fallo de primera instancia.
La resolución detalla que la niña “se deslizó por uno de los resbalines situados en la plaza pública antes referida, sufriendo la amputación de dos dedos de su mano derecha, al ser rebanados por unas latas desoldadas de dicho resbalín. Lo que importa que el servicio municipal no funcionó, imponiéndole la normativa legal el deber de hacerlo, por lo que éste incurrió en un hecho constitutivo de falta de servicio”.
En fallo unánime la Tercera Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Pedro Pierry, Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval, Carlos Aránguiz y la abogada (i) Leonor Etcheberry, rechazó el recurso de la parte demandada que pretendía se declarase que la sentencia recurrida se dictó con infracción de ley.
En una primera instancia el Primer Juzgado de Letras de Coyhaique condenó a la municipalidad a pagar una indemnización de 60 millones de pesos a los padres de esta menor que sufrió la amputación de dos dedos.
El abogado que lleva esta causa, Marcelo Rodríguez, explicó que la familia solicitó un aumento en el monto de indemnización, dado la gravedad del accidente, a lo cual la municipalidad pese a su compromiso público, todavía no había cumplido lo exigido por la ley y dilatando la situación a través de recursos legales para evitar el pago.(ANA)
