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El fiscal de Cámara Raúl Pleé presentó un recurso extraordinario para que el máximo tribunal dé marcha atrás con la recusación del magistrado Juan Carlos Gemignani, quien debía votar sobre la validez del tratado
El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé, presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se suspenda la remoción del juez Juan Carlos Gemignani en el caso que debe definir la validez del tratado con Irán.
La apelación de Pleé se alza contra un fallo polémica de la Sala II, que fue adoptado el 3 de noviembre con el voto positivo de los camaristas Norberto Frontini y Roberto Boico, quienes habían sido designados como subrogantes por la mayoría kirchnerista del Consejo de la Magistratura tras la aplicación de una ley que días después fue declarada inconstitucional por la Constitución.
El pedido de Pleé también alcanza la decisión de la Cámara de haber aceptado la excusación de la doctora Ana María Figueroa.
La constitucionalidad del memorándum con Irán estuvo a punto de resolverse a mediados de año. Sin embargo, cuando los jueces estaban a tres días de pronunciarse, el Consejo de la Magistratura dio por terminada imprevistamente la subrogancia de Luis María Cabral, lo que generó una fuerte controversia. En aquel entonces,Gemignani reservó su voto en una caja fuerte y dejó sentado en un acta que él ya se había expedido. El Gobierno entendió este gesto como una muestra de pérdida de parcialidad.
En lugar de Cabral fue designado Claudio Vázquez, un abogado de Lomas de Zamora afín con el oficialismo. Lo nombró la mayoría kirchnerista del Consejo en base a una lista de abogados allegados que elaboró el Gobierno y que aprobó el Senado, tras la sanción de una ley de subrogancias.
Aunque su designación fue declarada inconstitucional por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal –en un fallo confirmado por la Corte Suprema–, Vázquez no se apartó de la causa, por lo que Gemignani denunció penalmente al subrogante y Figueroa. A partir de ese dato, el gobierno consideró que estaba afectada la garantía de «imparcialidad» y formuló el reclamo.
La situación de Figueroa era más compleja. Gemignani la acusó de haber atrasado deliberadamente su actuación en el caso para posibilitar la remoción de Cabral. La magistrada alegó «violencia moral» y los jueces de la Sala II finalmente aceptaron su pedido para no participar en la sentencia que definirá la suerte del memorándum. (infobae)
