sábado , 24 julio 2021

Martínez: La baja del combustible generará mejoras en el costo de vida, transporte y turismo

Río Gallegos.- El Senado nacional aprobó ayer y giró a Diputados el proyecto de ley que propone prorrogar y extender el Impuesto al Transporte de Combustibles (ITC) en la región patagónica.
La iniciativa modifica la ley sancionada en 1991 para aplicar el ITC también en las provincias de Neuquén, La Pampa, Mendoza (localidad de Malargüe) y el partido de Patagones en la provincia de Buenos Aires. La exención ya existía para las provincias de Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. La iniciativa fue aprobada por 47 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones. El senador Alfredo Martínez destacó que esta norma se ratifique y se amplié aún más, para favorecer a una mayor cantidad de usuarios, repercutiendo en el costo de vida, transporte y turismo.

“La normativa propone una reducción aproximada del 20 por ciento en las naftas y del 10 por ciento en el gasoil a través de la modificación del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles. La medida comenzará a reparar la inequidad que existe entre los consumidores de la Patagonia con otras regiones del país, porque los patagónicos conocemos las grandes distancias existentes entre los pueblos y las ciudades de la región”, explicó el senador Martínez.
En este sentido, agregó que “el uso de automóviles es una necesidad para los habitantes de la Patagonia y no como un bien suntuario, pero es necesario remarcar que la baja del costo del combustible debe tener su impacto en el elevado costo de vida”.
También señaló que en el carácter de provincias productoras de hidrocarburos, es necesario que este fijado este beneficio en la disminución del precio de combustibles para los habitantes de la región, que favorecerá a su vez la promoción del turismo, y el transporte.
Además el senador por la UCR, aseguró que le sorprendió la postura de algunos de sus pares de bloque y del Pro a la hora de votar a favor la norma.

También el Senado convirtió en ley la norma que asegura la propiedad estatal de las fábricas militares del país, ubicadas en Azul, Fray Luis Beltrán, Río Tercero, Villa María y la recientemente inaugurada en Jáchal, dejando sin efecto la norma que mantenía su privatización, desde inicios de la década del ’90.
“A partir de la sanción de esta norma, los trabajadores de las fábricas militares, quienes encabezaron una férrea defensa en los años ‘90 para que las industrias siguieran en la órbita del Estado, pueden perder el temor a la expropiación. Esta ley impulsada por el oficialismo permitirá que nuestras fábricas militares pueden abastecer con insumos a la actividad minera, colaborar en la producción en serie de material rodante ferroviario, y el desarrollo de radares de para vigilancia aérea y meteorología. Pero también se garantiza que el Estado supervisará nuevos productos en elaboración como son los chalecos multiamenazas para las fuerzas de seguridad, y los proyectos de alto contenido tecnológico como el de aeronaves no tripuladas”, señaló Martínez en un comunicado.

El Senado también en la sesión del miércoles, aprobó el proyecto de ley que prevé la regulación como servicio público esencial a la navegación aérea, a pesar del fuerte rechazo de la todo el arco opositor.
El senador Martínez, miembro informante de la del Bloque de la Unión Cívica Radical y una de las voces destacadas en el debate, argumentó que “lo que planteamos, es que perjudica la situación de los empleados estatales que hoy se encuentran afectados a esta actividad, ya que los empleados dejarían de ser empleados públicos y de tener las garantías previstas. Con esta ley, aeropuertos como el de mi ciudad Río Gallegos, quedarían bajo la órbita del Ministerio de Defensa. Los representantes del oficialismo argumentaron que ésta medida se debía a que el manejo de los radares tenía que ver esencialmente con la dependencia que había con el Ministerio de Defensa, cuando sabemos que los radares que se están colocando y se utilizan en los aeropuertos son de uso mayoritariamente comercial. Si tomamos mi ciudad como ejemplo podemos observar que la única actividad militar es la base que utilizan los Hércules para el servicio del territorio antártico argentino, el resto de las actividades son estrictamente privadas: vuelos aerocomerciales, aeroclub, y toda la actividad económica de apoyo, como los helicópteros, la actividad petrolera, etcétera”.
En esta misma línea, indicó que “la norma además produce un problema de superposición en el trabajo de los radares, circunstancia para nada recomendada en actividades con este grado de responsabilidad. No entendemos bien si en la actividad civil existirá un operador civil de la torre de control y si en paralelo a él, cuando aterrice el Hércules, habrá un operador militar. Entendemos que la aprobación de esta ley implica un retroceso porque permitirá la militarización de los aeropuertos, mezclando la seguridad interior de la aeronavegación, la defensa nacional y la utilización militar de lugares destinados a uso civil. La reforma del sistema de aeronavegación y el control aéreo en nuestro país es necesaria y debemos debatirla, pero en la forma en que esto está expresado, no podemos acompañarlo”, concluyó el senador por Santa Cruz durante su intervención en el recinto.

Por otro lado, Martínez se refirió a la situación de la ciudad de Río Gallegos, por el conflicto salarial entre el municipio y los afiliados del SOEM. “Me asombra la falta de canales de diálogo, entre las partes para llegar a una salida esta coyuntura, dónde los únicos perjudicados son siempre los vecinos y aquellos que visitan nuestra ciudad”.
“Me asombra la pasividad del gobierno municipal, que espera que se solucionen las cosas con el transcurrir del tiempo, sin establecer líneas de diálogo para consensuar una salida este conflicto que no se debía haber profundizado y ni llegar a los ribetes que alcanzó”, remarcó el senador, quien fue intendente de la capital santacruceña.

(ANA)

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