Martines “es hora de dar el debate acerca de qué ley de hidrocarburos queremos»

Río Gallegos.- El senador Alfredo Martínez presentó el proyecto denominado “por una nueva Ley Nacional de Hidrocarburos” que establece ajustes en el marco jurídico que regula la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los hidrocarburos.

El legislador presentó su iniciativa en las charlas debate organizadas por los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), donde participó junto al ex Secretario de Energía de la Nación, Jorge Lapeña.

Ante una importante audiencia conformada en su mayoría por docentes y estudiantes de la UNLP el senador santacruceño presentó el proyecto que propone realizar los adecuados ajustes en el marco jurídico que regula la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los hidrocarburos que tiene como base normativa la ley 17.319, promulgada y sancionada por el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía en 1967 y abrir el debate sobre el rumbo que debe tomar la política energética argentina.

Martínez se refirió al flamante proyecto y manifestó que “el sistema del proyecto de ley que presentamos regula los mecanismos contractuales de permisos de exploración y concesión de explotación, en un marco fáctico donde el principal productor, industrializador y comercializador de combustibles era la empresa estatal YPF. En los últimos años la actividad hidrocarburífera de nuestro país ha sufrido importantes cambios y retrocesos: La desregulación y privatización del sector a principio de los años noventa; la conversión en 1992 de YPF en una sociedad anónima con una indiscriminada apertura a los capitales privados; la efectiva privatización de YPF S.A. en 1999, con la venta del 97% de las acciones al Grupo Repsol, privando al Estado Argentino de su principal herramienta regulatoria del mercado de hidrocarburos, y dejando sin sustento fáctico el marco jurídico de la ley 17.319. Éstos cambios, que no pudieron ser receptados por la ley 17.319, precisan un marco legal que permita el crecimiento de esta actividad para a hacer frente a la preocupante crisis energética que atraviesa nuestro país”, señaló el legislador radical en un comunicado.

En otro tramo de sus declaraciones, se refirió a las propuestas específicas de la nueva Ley de Hidrocarburos y argumentó que “los problemas sobre el abastecimiento de combustible en el país son claros y de vital importancia para el crecimiento de nuestra economía. Por ello, para no caer en la simple crítica hemos trabajado junto a distintos legisladores y técnicos para proponer un proyecto integral de ley de hidrocarburos, superador al modelo actual que propone: actualizar la ley de hidrocarburos, incorporando los principios de la Reforma Constitucional de 1994, en particular, adaptando la ley a la distribución de competencias resultantes del dominio originario de las provincias respecto de los hidrocarburos. Se elimina el techo de regalías del 12% de la producción de hidrocarburos, el cual queda ahora como piso. El volumen de producción para el cálculo de regalías deberá ser controlado por medios electrónicos, no sólo estimado por declaración jurada. A su vez, en ésta ley se regulan las cesiones de permisos de exploración y concesiones de explotación, exigiendo requisitos previos de cumplimiento de los planes de inversión y se amplía el régimen contractual, regulando detalladamente las asociaciones con privados a través de contratos de participación en la producción, para áreas marítimas y estratégicas. Además de aprobarse la ley establecerán normas de competencia y de derecho del consumo. Se regula la fijación de precios en situaciones de emergencia”.

En este sentido, Martínez remarcó que “hemos incluido un régimen ambiental para toda la actividad hidrocarburífera. Se exige evaluación de impacto ambiental para: Exploración y extracción de hidrocarburos de origen mineral; la construcción y operación de oleoductos, gasoductos y otros ductos de transporte regulados por la presente ley; La construcción y operación de destilerías, refinerías y depósitos de hidrocarburos líquidos y sus derivados; y la construcción y operación de instalaciones de gasificación, de licuefacción y de almacenamiento de hidrocarburos líquidos. Incorporamos activamente a la ley de hidrocarburos las empresas públicas, YPF S.A. y ENAR S.A., ampliando y regulando sus instancias de participación y el control externo. La ley de hidrocarburos crea dos nuevas figuras: el Consejo Federal de Hidrocarburos como asesor del Poder Ejecutivo Nacional en la elaboración de la política nacional de hidrocarburos y como coordinador de dicha política e instancia de enlace con las provincias; y la Agencia Federal de Hidrocarburos, organismo autárquico de carácter técnico, ejecutor de la política de hidrocarburos a nivel federal y nacional.”

Para finalizar, Martínez aclaró que: “es hora de dar el debate acerca de qué ley de hidrocarburos queremos, lo que implica el debate del modelo energético y sus consecuencias para el desarrollo productivo de la Argentina. Creemos que un marco jurídico consensuado y consistente es una herramienta esencial para el desarrollo de las inversiones que nuestro modelo hidrocarburífero requiere con urgencia. Es por eso que presentamos esta propuesta, como motivadora de ese debate postergado y necesario.”