viernes , 15 diciembre 2017
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Magallanes: Gobierno argentino consideró el impacto que produce en Santa Cruz la ZF de Punta Arenas

Tal como lo había anunciado la Presidenta argentina, Cristina Fernández, el lunes fue publicado en el Boletín Oficial (equivalente al Diario Oficial de Chile) el Decreto 1388/2013 mediante el cual se restituyen a la provincia de Santa Cruz las zonas francas de Río Gallegos y Caleta Olivia.
De acuerdo a la publicación, ambas fueron acordadas en el Convenio de Adhesión celebrado entre la citada provincia y el Estado Nacional el 5 de diciembre de 1994.
El decreto da cuenta de una serie de considerandos para aplicar la medida, entre los que destacan la baja de la densidad poblacional y la lejanía de la provincia de Santa Cruz respecto de los grandes centros urbanos del país, situación dice, que “conspira contra la posibilidad de radicación de nuevas industrias, con consecuencias negativas con relación a la creación de fuentes de trabajo”.
Más adelante, el texto menciona que no se puede desconocer “la influencia que en la economía local, produce la cercanía de la Zona Franca de Punta Arenas, en la República de Chile”.
Indica, además, que con la construcción de dos represas, el futuro excedente energético que se genere podrá aprovecharse para la nueva puesta en funcionamiento de las referidas zonas francas.

Exportación y comercio

El Decreto 1388/2013 expresa que “las zonas francas han sido oportunamente creadas con la doble finalidad de desarrollar la actividad industrial exportadora e impulsar el comercio, fortaleciendo la competitividad de la región en donde fue decidida su instalación y generando una mayor y mejor capacidad productiva”.
Y añade que “todo ello redunda en el consecuente aumento de la eficiencia y correlativa disminución de los costos asociados a las actividades que se desarrollan en ellas, extendiéndose dichos beneficios a la inversión productiva y a la generación de empleo local”.
Para el Ejecutivo argentino, “las zonas francas deben propender a constituirse como centros de desarrollo regional mediante la utilización de mano de obra e insumos locales; resultando propicias para el desarrollo de pequeñas y medianas empresas en su ámbito de injerencia”.
También, que “en dichas áreas los procedimientos aduaneros y administrativos resultan ser más simplificados que los realizados en el territorio aduanero general”.
Otra de las razones para la restitución de las dos zonas francas, es que éstas “son un instrumento idóneo para la inserción en los flujos del comercio internacional de las actividades en ellas realizadas, permitiendo fortalecer proporcionalmente sus procesos de desarrollo regional”.
El cuerpo legal recuerda el citado convenio, mediante el cual el Estado Nacional se comprometió a autorizar operaciones de venta al por menor, incluidos electrodomésticos y vehículos automotores, en el ámbito de la zona franca de Río Gallegos; todo ello, sujeto a la reglamentación que se dictase al efecto”.
El compromiso consideraba extender los referidos beneficios a diferentes localidades de la provincia de Santa Cruz, situación que luego fue declarada ilegal por la justicia trasandina y restituida ahora.
Abandono de concesión
El decreto indica que en el marco del convenio se hicieron los llamados a licitación nacional e internacional para la concesión de la explotación las dos zonas francas.
La administración de ambas fueron adjudicadas a la Unión Transitoria de Empresas (Ute) compuesta por London Supply S.A.C.I.F.I., Parenazon Chile Ltda., Carlos Costa S.R.L., Horacio Arenas S.A.C.A.I. y El Tehuelche S.A.C.I.C.I, las que posteriormente crearon la empresa Zonas Francas Santa Cruz S.A para la construcción, mantenimiento, administración y explotación de las zonas francas de Río Gallegos y Caleta Olivia.
Esta adjudicación posteriormente se revocó cuando se consideró el abandono de la concesión por parte de la señalada firma.

Fortalece competitividad

El cuerpo legal publicado ayer manifiesta que “es necesario dotar a las zonas francas antes referidas, de elementos que garanticen su funcionamiento, cumpliendo el doble objetivo de complementar la economía local y de fortalecer la competitividad regional”. Además, que corresponde autorizar la realización de operaciones de venta al por menor de mercaderías de origen extranjero en la zona franca de la ciudad de Río Gallegos.
En sus conclusiones, el decreto que lleva la firma de Cristina Fernández reitera que “la presente medida encuentra su fundamento en la situación de desigualdad en que se encuentran las ciudades de Río Gallegos y de Caleta Olivia con relación a otras regiones (…), derivada de la baja densidad poblacional, de la distancia de los grandes centros urbanos de las ciudades y del funcionamiento de una Zona Franca en el sur de la República de Chile, así como en la necesidad de aprovechamiento de los excedentes energéticos que se derivarán de la futura construcción de las represas mencionadas anteriormente”.

Plazos

El cuerpo legal establece que en un plazo de 90 días corridos a partir del dictado el decreto, la provincia de Santa Cruz deberá arbitrar los mecanismos necesarios a fin de dar debido cumplimiento al procedimiento dispuesto en la ley que rige a las zonas francas en el vecino país.
De esta manera, deberá constituir en el ámbito de la competencia del Poder Ejecutivo provincial, en forma transitoria, una comisión de evaluación y selección con el objeto de evaluar técnica y económicamente los proyectos que presenten los candidatos a la explotación de la zona franca; definir los criterios de selección y ordenar los proyectos.
Además, elaborar y elevar para su aprobación a la autoridad el reglamento de funcionamiento y operación de la zona franca.
Dicho reglamento deberá contener el plazo, la modalidad y las condiciones de la concesión de la explotación de la ZF; las causales de revocación; las sanciones por incumplimiento; como también las características, tasas y cargos de los servicios prestados en la zona; así como las condiciones contractuales para la admisión de los usuarios.
Además, llamar a licitación pública, nacional e internacional para la concesión de la explotación de la zona franca; y adjudicar su concesión con aprobación de la autoridad de aplicación.

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