martes , 16 enero 2018

Los cuatros pasos de la maniobra sospechosa

El juez Julián Ercolini coincidió con los fiscales Gerrado Pollicita e Ignacio Mahiques en cómo se produjeron las maniobras ilegales que detallaron cómo se produjo el perjuicio para el Estado.

Identificó cuatro pasos en esta operatoria:

  • 1) La inserción del amigo presidencial en el negocio de la construcción vial. Esto es, cómo Lázaro Báez se transformó de cajero de banco en poderoso empresario desdicado a la obra vial. El 8 de abril de 2003 formó junto con Guido Santiago Blondeau y Sergio Leonardo Gotti la firma Austral Construcciones, pocas semanas antes de la asunción de Néstor Kirchner, el 25 de mayo de 2003.
  • 2) La exportación de una estructura provincial montada con gente de confianza a un nivel nacional. Así, mencionó que empleados públicos de confianza del ex matrimonio presidencial, que los acompañaban desde la intendencia de Río Gallegos y la gobernación de Santa Cruz fueron nombrados en la Nación. Por ejemplo, se creó el Ministerio de Planificación Federal y se nombró allí a Julio De Vido y se transfirió a esa cartera al secretario de Obras Públicas local, José López, y a Nelson Guillermo Periotti. Tiempo después, se creó la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal, que fue encabezada por Carlos Santiago Kirchner.
  • 3) La mayor concentración económica de obra pública vial de nuestro país en la provincia de los Kirchner. El juez resaltó que destinaron el 11,2% de la obra pública nacional a Santa Cruz, que fue la más beneficiada. Para que esos fondos fueran a Báez se designó como jefe del Distrito N° 23 (Santa Cruz) a personas de confianza de Periotti y a gente del círculo íntimo de Néstor Kirchner y de Báez en Vialidad provincial.
  • 4) El direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y el diseño de un esquema de beneficios exclusivos a favor del empresario Lázaro Báez en detrimento de las arcas del Estado. Santa Cruz adjudicó las obras a las empresas de Báez en licitaciones irregulares y por encima de su capacidad y a la vez no controló. Tal es así que hubo incumplimientos, adjudicaciones viales en tiempo record en licitaciones de un solo oferente y sobreprecios.

La acusación sostiene que Báez cobraba en relación con sus necesidades económicas y no con el avance de obras, y que se armó un “canal preferente y exclusivo de pago” a sus empresas. De igual modo, destaca que Báez y el grupo Austral Construcciones eran los únicos constructores en nuestro país a los que no se les adeudaba nada al finalizar el gobierno de Cristina Kirchner.

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