domingo , 17 octubre 2021

Las Heras: El 69% de los policías están procesados por apremios y torturas

En la localidad santacruceña de Las Heras se registra un fenómeno social dentro de las filas policiales que no guarda relación con otras localidades: el 69% del personal que cumple funciones en dos comisarías y una alcaidía se encuentra procesado por causas de apremios ilegales. Incluso existe un caso de «torturas seguidas de muerte» que en pocos días más será ventilado en juicio oral y público.

En Las Heras se registra en alto índice de policías procesados por apremios ilegales y vejaciones, e incluso existe un caso de tortura seguida de muerte que involucra a tres efectivos que irán a juicio. 

002El preocupante porcentual fue citado por el diario La Prensa de Santa Cruz en base a una investigación periodística que publicó esta misma semana.

En detalle, el informe revela que la mitad del 69% de los procesamientos, en base a denuncias contra policías que se hicieron a través de fiscalía, corresponden a «apremios ilegales» y el resto a casos de «vejaciones y torturas».

Las fuentes que fueron consultadas aseguraron que el 50% de los efectivos procesados pertenecen a la Seccional Primera, el 19% a la Seccional Segunda y el resto a la alcaidía.

En ese mismo contexto se remarca que la mayoría de las causas no prosperan ya que muchas terminan en «falsos testimonios» debido a que muchas de las denuncias son formuladas por personas que arriban del norte del país y es frecuente que se las demore por averiguación de antecedentes y medios de vida (ley provincial 688), procedimiento que les resulta indignante.

PROBABLES MOTIVOS

El Patagónico pudo establecer que en esa ciudad se desempeñan aproximadamente 120 efectivos, la mayoría de los cuales cumple funciones en las dos comisarías.

Además, el alto porcentual de procesamientos se debería a dos situaciones que convergen: el que muchos policías tratan de manera displicente a la gente y también porque en Las Heras actúa un juez de instrucción de férreo carácter, Eduardo Quelín.

En este último punto, vale señalar que el accionar de este magistrado no solo se centra en cuestionar procedimientos policiales sino también el de otros actores sociales.

Así, por ejemplo, resulta oportuno recordar que aún pesan causas sobre numerosos docentes que años atrás instalaron piquetes en Las Heras en medio de un conflicto laboral y en ese mismo espectro aparecen no pocos trabajadores petroleros por idénticos motivos, e incluso simples vecinos que cortaron calles reclamando la conexión de una red de gas.

Quelín llegó hasta ordenar la detención de un obrero que realizaba tareas de mantenimientos en la casa de su propio padre.

TRES IRAN A JUICIO

En el caso de los policías, los mismos se sienten perseguidos por el magistrado y voceros de los mismos señalan que no tienen un conveniente amparo legal por parte de la jefatura de la fuerza de seguridad y mientras duran los procesos muchos compañeros deben cumplir «tareas pasivas».

Como fuera, lo cierto es que existen causas muy delicadas instruidas por Quelín y justamente una de ellas se ventilará en un juicio oral y público previsto para el viernes que viene en la Cámara del Crimen de Caleta Olivia.

Concretamente, un oficial y dos suboficiales que prestan servicios en la Comisaría Primera de Las Heras (ahora con tareas pasivas), están acusados del delito de «torturas seguidas de muerte» del que resultó víctima, el 22 de junio de 2011, Jonathan Gorosito, un joven entrerriano de 23 años que tres meses antes había llegado a esa ciudad, se desempeñaba como albañil y residía en la casa de una hermana.

Gorosito fue hallado muerto en esa dependencia. Los policías acusados, Ismael Salas, Carlos Humberto Velázquez y Ricardo Alvarado, habrían argumentado que el muchacho se suicidó cuando estaba en el calabozo, pero sus familiares afirman que fue asesinado.

Su hermana Paola contó meses atrás al Diario Uno de Paraná que Jonathan se había quedado dormido en la vía pública; que pasó un móvil patrullero y sus ocupantes lo llevaron detenido el 21 de junio.

Al día siguiente otros policías acudieron a la casa donde residía para avisar a sus familiares que se había ahorcado en el calabozo de la citada dependencia.

La propia madre, que se hallaba de visita en Las Heras, María Cristina Silagur, acudió presurosa y vio el cuerpo de su hijo, en tanto que un fiscal dispuso realizar una autopsia porque consideraba que «había algo raro», según el relato de la hermana de la víctima que también aseguro que Jonathan presentaba numerosos hematomas en el rostro y otras partes del cuerpo, lo que probaría que se trató de un homicidio. (El Patagonico)

 

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