Domingo , 26 marzo 2017
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La Iglesia también investigará qué pasó en el convento y si hubo delito

La pesquisa, paralela a la de la Justicia, será encabezada por un sacerdote palotino; empezará “cuanto antes” y analizará si hubo violaciones del derecho canónico.

En forma paralela a la causa judicial, la Iglesia inició ayer su propia investigación para determinar si existió algún delito en el escándalo del convento de General Rodríguez, donde el ex funcionario kirchnerista José López fue sorprendido in fraganti cuando intentaba ocultar casi 9 millones de dólares.

“La investigación se realizará lo antes posible, de modo de tomar las medidas pertinentes que dispone el Derecho”, anunció el arzobispo de Mercedes-Luján, monseñor Agustín Radrizzani, al informar que la tarea estará a cargo del sacerdote de la comunidad palotina Tom O’Donnell, asistido por el rector de la Basílica de Luján, padre Daniel Blanchoud, como notario.

Radrizzani dispuso investigar qué pasó en el convento luego de la fuerte advertencia del presidente del Episcopado, monseñor José María Arancedo, que en una entrevista con la nacion el domingo pasado dijo que “la Iglesia no puede encubrir si alguien actuó mal o cometió un delito”.

La decisión de iniciar el proceso en la Iglesia se basa en el apartado 1717 del Código de Derecho Canónico, que obliga al obispo a “investigar con cautela” siempre que “tenga noticia, al verosímil, de un delito”.

Para el fiscal que investiga la causa, las monjas quedaron fuertemente sospechadas de encubrimiento tras la difusión de un video en el que dos de ellas aparecen ayudando a ingresar los bolsos de López en el convento. “Tomaremos toda la información que surge de la investigación judicial, incluso la que ha aparecido en los medios, y vamos a colaborar con la Justicia”, dijo a LA NACION el padre O’Donnell.

Los primeros pasos de la investigación serán la recopilación de datos y materiales surgidos en la causa judicial y en los medios de comunicación, además de la declaración de testimonios de los involucrados. Según el Código de Derecho Canónico, se deben analizar en profundidad los “hechos y sus circunstancias”, además de establecer si existen fundamentos para llevar adelante una imputación.

De origen irlandés, O’Donnell -el investigador canónico- tiene 64 años y es párroco de la iglesia de San Patricio, de Mercedes, que pertenece a los padres palotinos. Si bien trabaja desde hace diez años en la jurisdicción, no tiene una dependencia directa del arzobispo. Como integrante de una congregación religiosa, sus superiores son las autoridades de la comunidad palotina.

El investigador dijo a LA NACION que no conoce a la madre Alba, superiora del convento, y tampoco concurrió al monasterio. Pero ya tiene en sus manos los antecedentes de la comunidad de las Monjas Orantes y Penitentes de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, creada por el fallecido Rubén Héctor Di Monte, que tuvo estrechos vínculos con el kirchnerismo. El detenido López y el ex ministro Julio De Vido eran visitantes frecuentes del convento.

El video de una de las monjas ayudando a López

“Monseñor Radrizzani lo está tomando en serio. Quiere que se investigue si existió un delito”, señaló el padre O’Donnell.

La apertura de procesos de investigación en la Iglesia está regulada en el Código de Derecho Canónico y está prevista para casos de mala administración, mal desempeño e incluso cuestiones netamente eclesiásticas, como la violación del derecho de confesión. No se conoce una investigación reciente en la arquidiócesis de Mercedes-Luján, pero se han abierto investigaciones en otras jurisdicciones, por ejemplo, en casos de denuncias de abusos sexuales por parte de clérigos. Eso sucedió en Salta y en Catamarca.

Más conocidas son las intervenciones directas de la Santa Sede. Desde la asunción de Francisco, el Vaticano envió “misiones fraternas” -virtuales intervenciones- a la arquidiócesis de Rosario, donde en mayo de 2014 fue relevado monseñor José Luis Mollaghan, y a la diócesis de Zárate-Campana, cuyo obispo titular, Oscar Sarlinga, pidió al Papa tomarse un “tiempo sabático” y dar un paso al costado, en noviembre del año pasado.

“Al mismo tiempo que se avanza en la investigación se procura evitar que se ponga en peligro la buena fama de alguien”, explicó el padre O’Donnell, al insistir en que se debe garantizar el ejercicio del derecho de defensa a lo largo del proceso. Del mismo modo, confirmó que los videos que mostraron a dos monjas ingresando los bolsos al convento serán incorporados a la investigación canónica.

El proceso está contemplado en los artículos 1717, 1718 y 1719 del Código de Derecho Canónico. El primero fija los pasos de la investigación previa, que es la que se aplicará ahora en el caso del monasterio. Si se comprueba la existencia de un delito, se desarrolla la segunda fase, con la acusación, la presentación de pruebas y el derecho de defensa. El acusado no tiene la obligación de confesar el delito ni se le puede pedir juramento. La sentencia se puede apelar y la parte perjudicada puede reclamar una acción de resarcimiento de daños si resulta inocente. El Código de Derecho Canónico establece distintas sanciones a los fieles que cometen delitos. “Puede haber un delito eclesiástico, de tipo espiritual, que no es penado por la ley civil, como la violación del secreto de confesión por parte del sacerdote”, explicó a LA NACION el padre Mauricio Landra, decano de la Facultad de Derecho Canónico de la UCA.

El abanico de penas va desde la excomunión y la suspensión hasta la prohibición de residir en determinado lugar o ejercer algunos actos y la expulsión del estado clerical. En casos menos graves, se faculta al obispo a amonestar, reprender o establecer una penitencia, como hacer una obra de religión, de piedad o de caridad.

Casos eclesiásticos

En varias diócesis hubo comisiones investigadoras

Arzobispo removido

Luego de enviar una “misión fraterna” para investigar denuncias sobre desprolijidades en el manejo de fondos y acusaciones de maltratos, el papa Francisco desplazó en mayo de 2014 al arzobispo de Rosario, monseñor José Luis Mollaghan

Denuncias en Salta

El arzobispo de Santa, Mario Cargnello, formó una comisión en enero de 2015 para verificar las denuncias por presunto abuso sexual agravado que implicaban al sacerdote italiano Alessandro De Rossi, detenido en Roma

Sacerdote acusado

El obispo de Catamarca, monseñor Luis Urbanc, ordenó investigar al sacerdote Juan de Dios Gutiérrez, ante las acusaciones de presunto abuso sexual contra una menor, en octubre de 2015. El cura fue detenido, pero luego liberado

Manejos en la diócesis

En noviembre de 2015, luego de que el Papa enviara una comisión para inspeccionar el manejo administrativo de la diócesis de Zárate-Campana su titular, monseñor Oscar Sarlinga, pidió a Francisco un “tiempo sabático”

Las normas del Derecho Canónico

El código eclesiástico define cómo es el proceso penal

Artículo 1717

Investigación previa

El Código de Derecho Canónico establece que “siempre que el obispo tenga noticia, al menos verosímil, de un delito, debe investigar con cautela sobre los hechos y circunstancias, así como sobre la imputabilidad”. Dice, además, que “hay que evitar que se ponga en peligro la buena fama de alguien”

Artículo 1718

Aplicación de la pena

Cuando se estime que se han reunido elementos suficientes, el obispo tiene que determinar si puede poner en marcha el proceso para infligir o declarar una pena. Debe analizar si la corrección fraterna o la reprensión no bastan para reparar el escándalo, restablecer la justicia y conseguir la enmienda del acusado

Artículo 1719

Actas y pruebas

La norma establece que “si no se requieren para el proceso penal, deben guardarse en el archivo secreto de la curia las actas de la investigación y los decretos del obispo de la diócesis con los que se inicia o concluye la investigación, así como todo aquello que precede a la investigación”

(La Nación)

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