Jueves , 30 marzo 2017
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kirchneristas por desviar fondos de programas financiados por la ONU

Por Omar Lavieri

El juez Bonadio dictó 25 procesamientos por una defraudación al Estado por unos 50 millones de pesos.

Eran funcionarios públicos que trabajaban en el Ministerio del Interior y Transporte (MIyT) a cargo de Florencio Randazzo. Tenían como misión ejecutar actividades financiadas por el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para mejorar áreas de ese ministerio.

Pero fueron procesados por hacer negocios personales y quedarse con el dinero que debía destinarse a reformar sectores de la administración pública. Entre 2009 cuando se constituyó la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP) dentro del ministerio y 2013, cuando el propio Randazzo realizó la denuncia penal, se calcula que se desviaron 50 millones de pesos. Buena parte de ese dinero fue a parar a empresas ligadas a las mismas personas que desde el MIyT tenían a su cargo la puesta en funcionamiento de los programas financiados por el PNUD.

Varios de los procesados integraban la UEP cuando manejó los planes llamados “Modernización Tecnológica e Informatización del Registro Nacional de las Personas”, “Modernización Tecnológica del Archivo General de la Nación”,”Fortalecimiento del Proceso Electoral Argentino” y “Fortalecimiento Institucional de la Agencia Nacional de Seguridad Vial”.

El objetivo del PNUD en la Argentina, es-según explica en su página web- contribuir “con el diseño y puesta en marcha de proyectos que contribuyen a la generación de políticas públicas novedosas, eficientes, inclusivas y enmarcadas en las prioridades que los estudios sobre Desarrollo Humano, identifican para el país”.

Las máximas autoridades en la UEP fueron María de Lourdes Giménez y Esteban Pablo Sáenz Rico, quienes ocuparon el cargo de Director Nacional-Subsecretario de Coordinación del MIyT. Por debajo de ese puesto estaba el de Coordinador General: Sáenz Rico fue el primero y cuando ascendió fue sucedido por Héctor Damián Mazza. Ellos junto a otros integrantes de la UEP y los empresarios fueron procesados por el juez Claudio Bonadio por el delito de administración fraudulenta. En tanto Sáenz Rico y Giménez fueron procesados -apartados de sus cargos por Randazzo en 2013- también por el delito de lavado de dinero. El juez dispuso embargos millonarios y la prohibición de salida del país de los procesados.

La maniobra, según el procesamiento al que Infobae accedió en fuentes judiciales, tenía varias vertientes. La primera era que para la realización de determinadas actividades de los programas, las autoridades de la UEP contrataban a empresas vinculadas. Los dueños de las firmas eran parientes –la madre de uno, los primos de otros, etc.- de los mismos funcionarios que ordenaban las compras y pagaban las cuentas. Otorgaron contratos millonarios a empresas de sus familiares y se quedaron con dinero de esas operaciones.

También se comprobó que la UEP pagó facturas a empresas que no brindaban los servicios por los cuales se les abonó. Así lo declararon en el juzgado de Bonadio los dueños de esas firmas. Revelaron que las facturas eran similares a las suyas pero falsas y que los endosos de cheques por las que se cobró el dinero también eran apócrifos.

Para esos imputados Bonadio dictó una falta de mérito a la espera que los peritajes caligráficos confirmen o no la versión que dieron en sus respectivas declaraciones.

Las máximas autoridades de la UEP eran los que firmaban los cheques por las contrataciones falsas. Y los iban a cobrar otros trabajadores de la misma repartición que luego les daban el dinero a los mismos que habían autorizado los pagos. Esas personas también fueron procesadas. Para Bonadio “No hay duda que participaban de la maniobra conociendo que la operatoria que realizaban era ilegal ya que cuál era la razón para que cobraran el dinero que le correspondía a un tercero por una supuesta contratación por servicios prestados o bienes adquiridos. Los nombrados participaron activamente del fraude porque ellos al trabajar en el lugar participaban en el falso ingreso de los bienes al proyecto que les correspondía y daban el visto bueno por el servicio inexistente por el que se pagaba”.

Una auditoría interna del ministerio que encabezaba Randazzo y otra del propio PNUD revelaron varias inconsistencias relacionadas con la falta de transparencia en las licitaciones para realizar adquisiciones de bienes y servicios. La auditora del ministerio que formalizó la denuncia halló 27 irregularidades en la muestra de procesos de compra y contrataciones realizados por la UEP para los cuatro proyectos específicos.

También la Unidad de Información Financiera (UIF) que controla el lavado de dinero, hizo un sumario en relación a cuatro reportes de operaciones sospechosos de la UEP en el que el analista de ese organismo afirmó que “…los procesos mediante los cuales se materializaron las diversas contrataciones necesarias para la ejecución de los Proyectos, evidenciaron características que pusieron en duda su transparencia y confiabilidad, tales como la incorrecta evaluación de la solvencia financiera e idoneidad de los oferentes, la falta de controles en los procesos de adjudicación, y la falta de publicidad de las licitaciones, entre otras”.

Según Bonadio, los procesados “abusando de sus cargos dentro UEP, desviaron en provecho propio o de otras personas el patrimonio asignado. Se apropiaron de los fondos desviándolos a familiares o bien a personas que habían trabajado en la UEP utilizando para ello la función que tenían de administradores del dinero de los distintos programas indicados, simulaban contrataciones por bienes o servicios”.

Según se determinó-por ahora- en la investigación las empresas y los funcionarios compraron varios bienes producto de la maniobra: una casa, autos y hasta un palco en la cancha de Independiente. Mazza uno de los procesados adquirió el palco N° 65 del remozado estadio de Independiente por 10 años. Lo hizo el 5 de julio de 2012 con un cheque de una de las empresas involucradas en la maniobra. Pagó $ 492.772,50. Bonadio ordenó la clausura del palco y que el Club Atlético Independiente-presidido por el camionero Hugo Moyano- devuelva el dinero ya que es producto de un ilícito. Y luego que ponga en venta de nuevo el palco.

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