Julio De Vido salió al cruce de un artículo publicado este domingo en el diario La Nación, titulado “Los secretos detrás de las centrales de Santa Cruz”,

Río Gallegos .- El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, afirmó que el diario La Nación vuelve a cuestionar las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, porque su “ideología centralista y porteño céntrica repudia los proyectos que permitan el desarrollo del interior profundo”.

De esta manera, el funcionario salió al cruce de un artículo publicado este domingo en el diario La Nación, titulado “Los secretos detrás de las centrales de Santa Cruz”, en la que se plantea, entre otras cosas, que “la provincia de Santa Cruz no recibirá regalías o que existen supuestas falencias en el proceso de expropiación de tierras llevarían juicios “millonarios”.

A través de un comunicado, De Vido negó que Santa Cruz “pierda regalías o cualquier otro derecho” al argumentar que “las represas pasarán a ser un activo del Estado Provincial” una vez finalizado el plazo de construcción (66 meses) y los primeros 15 años de funcionamiento, durante el cual las centrales serán operadas por la UTE que utilizará los ingresos por la venta de energía a la a la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (CAMMESA) para cancelar el crédito.

Una vez cumplido ese plazo, la provincia podrá administrar las represas “de la manera que considere más conveniente y percibir todos los beneficios correspondientes”.

Con respecto a “las polémicas” sobre la expropiación de tierras, el ministro explicó que “el marco legal argentino no prevé que se mantengan derechos de propiedad sobre terrenos expropiados, por lo tanto los supuestos juicios millonarios que plantea la nota no tienen fundamento legal alguno porque las expropiaciones tienen montos establecidos por ley”.

De la misma manera, De Vido desmintió que existan dudas con las canteras al considera que “cuando un estado provincial expropia lo hace en forma integral, no reservándose derecho alguno sobre canteras, minería o cualquier otro aspecto”.

El diario porteño publicó que “la cesión de los activos energéticos, la quita de la condición de ribereños a 48 estancieros, la duplicación de las hectáreas que originalmente se iban a expropiar, la anulación de la venta de áridos para la obra contemplada en la ley inicial y el alambrado de 180 kilómetros del río Santa Cruz con el cual se limitará el acceso a las riberas y al agua despertaron la inquietud de los superficiarios y abren la puerta a millonarios juicios contra el Estado.

A principio de mes, un grupo de superficiarios se autoconvocó en El Calafate, y una sensación de alarma sobrevoló la reunión. Hay más dudas que certezas sobre el futuro, no solo por las tierras que les expropiarán, sino por el futuro económico de las estancias, muchas perderán sus campos de invernada. La mayoría de los propietarios, acompaña la idea de la construcción de las represas, pero casi todos están desconcertados por la falta de información y por el cambio repentino de la ley de expropiación de tierras. Por ahora, fundaron una Asociación de Ribereños que les permite, en grupo, elevar sus reclamos a las autoridades. Muchos ya preparan los juicios contra el Estado.

Desde los gobiernos nacional y provincial presentan el proyecto como un triunfo de la década kirchnerista. Pero el proceso licitatorio tuvo marchas y contramarchas, que incluyó cambios en la legislación de Santa Cruz, cláusulas secretas y una letra chica con una verdad reveladora: desde 2012 la provincia perdió el carácter de comitente de la obra, no cobrará regalías, no podrá comercializar la energía o ser parte del negocio, como estaba previsto inicialmente y además sus habitantes, no tendrán acceso al río.

En abril de 2012, un acta firmada entre los gobiernos nacional y provincial anuló la licitación anterior y estableció que la nueva licitación quedaría en manos del gobierno nacional. El acuerdo fue ratificado por la ley provincial 3320. Allí se detalla que la provincia cede “el activo derivado del contrato de venta de energía por el plazo de 20 años de la obra a la Nación”.

La consecuencia es clara: la provincia no cobraría regalías hidroeléctricas como lo plantea la ley 24.065, que regula el régimen de la energía eléctrica en el país. El costo de este inciso podría implicar para la provincia la pérdida de varios cientos de millones de dólares.

Por estas horas varios superficiarios ya prevén hacer juicios al Estado con la expectativa de llevar sus reclamos ante la Corte Suprema de la Nación. Los planteos apuntarán a la inconstitucionalidad de la normativa a través de la cual se realizan las expropiaciones. “La provincia no es parte de la obra, no es comitente, como en el proceso anterior, expropian en contra de la ley 21 y del artículo 52 de la Constitución provincial”, detalló, con reserva de fuente, uno de los abogados que preparan las presentaciones”.

ANA