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Luego de que el sábado la Justicia Federal levantara la clausura municipal en la playa de tanques de almacenamiento de petróleo, el intendente de Caleta Olivia, Facundo Prades, criticó a YPF SA, Pan American Energy y Sinopec por esconder sus intereses detrás de Termap. «Son los mismos que durante años se llevaron y se llevan la riqueza más valiosa de nuestro suelo, un recurso no renovable», denunció.
«¿Quiénes se esconden detrás de Termap SA?». Con esta pregunta y su propia respuesta el intendente de Caleta Olivia, Facundo Prades, comienza la solicitada que se difunde hoy en varios medios gráficos de la región.
En la misma, el referente de la alianza Cambiemos se refirió a la clausura de la principal ala operativa de la playa de tanques de almacenamiento de petróleo, conocida como Terminales Marítimas Patagónicas (Termap), que había impulsado el jueves y que el sábado por la mañana la Justicia Federal revocó.
En su comunicado, Prades apuntó directamente a «YPF S.A, Pan American Energy y Sinopec; los mismos que durante años se llevaron y se llevan la riqueza más valiosa de nuestro suelo, un recurso no renovable».
«Por esa terminal se van más de 1.500 millones de dólares por año; es decir 21.000 millones de pesos, y se niegan a pagarle a este pueblo la tasa de comercio e industria, la tasa de higiene y seguridad, el impuesto inmobiliario y hasta el servicio telefónico», agregó, recordando que el día que se vayan las operadoras solo quedarán los cursos, escritorios en desuso, equipos informáticos obsoletos y un «bochornoso pasivo ambiental».
LA VIA JUDICIAL
Cabe recordar que la decisión de clausurar Termap fue por una presunta deuda de $30.0000 millones de pesos mensuales que debe la empresa al Municipio y que no paga desde hace más de 20 años. Desde la compañía desmintieron esta información y a través de un comunicado de prensa aseguraron que «no mantiene deuda alguna con la Municipalidad y cumple todas las normativas vigentes a nivel municipal, provincial y nacional».
También indicaron que «el Instituto de Energía de Santa Cruz es la Autoridad de Aplicación con competencia exclusiva para habilitar las instalaciones que esta sociedad opera en dicha localidad (Decreto PEN N 44/1991, Ley 26.197 y Ley provincial n°3.067)», en respuesta al accionar de Prades, y quizás argumentando lo que luego iba a suceder.
Es que el sábado por la mañana la juez federal, Marta Yáñez, hizo lugar a la cautelar de la empresa y se retiraron las fajas de clausura de los portones, normalizándose la operación de la planta.
Ante esta decisión, Prades hoy vuelve a referirse al conflicto a través de la solicitada en la que confirmó que se continuará «la lucha en los estrados judiciales».
«Cumplimos nuestro compromiso con la gente y no claudicaremos un ápice en nuestras convicciones. Por más poderosos que sean deben pagar; ése debe ser el ejemplo a seguir». «Continuaremos nuestra lucha en los estrados judiciales, pero totalmente convencidos de que estamos en el camino correcto, el que dijimos que íbamos a recorrer juntos», concluyó. (El Patagónico)
