Martes , 25 julio 2017

Insisten en el pedido de indagar a Cristina y presentan 227 pruebas

Por Hernán Cappiello

Los fiscales Pollicita y Mahiques se lo reclamaron al juez Ercolini; también solicitaron que se inhiban sus bienes

Los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques urgieron al juez Julián Ercolini a que indague a la ex presidenta Cristina Kirchner e inhiba todos sus bienes, y para ello enviaron una lista de 227 puntos de prueba que la tienen como responsable de un “plan sistemático ideado y ejecutado desde la Presidencia de la Nación orientado a saquear las arcas del Estado a través de la asignación direccionada de obra pública vial” a Lázaro Báez.

Los fiscales insistieron en este pedido de indagatoria y lo respaldaron con pruebas que anexaron a su dictamen para que se tomen medidas “de manera urgente”. De lo contrario, le dijeron a Ercolini que reasuma la investigación del caso y haga él lo que estime necesario antes de interrogar a la ex presidenta.

Esta pulseada entre los fiscales y el juez se nota en el tono del escrito, en el que le recuerdan al magistrado que sus superiores de la Cámara Federal ya lo instaron a actuar y le dicen que debe hacer sin dilaciones. Además, invocaron la necesidad de hacerlo porque de lo contrario la Argentina incurriría en violaciones de los pactos internacionales que la obligan a perseguir los delitos de corrupción.

Para encontrar la razón de este cruce hay que remontarse al 16 de agosto, cuando Pollicita y Mahiques pidieron la indagatoria de la ex presidenta por primera vez.

Allí, el juez les dijo que le enviaran detalle de las pruebas en que se basaban y luego les hizo algunas observaciones. La respuesta del juez no les gustó a Pollicita y a Mahiques, que ahora elaboraron un índice de 227 documentos, resoluciones, notas periodísticas, carpetas, biblioratos y otras evidencias que acompañan este dictamen en el que reiteran su interés en interrogar a Cristina Kirchner como sospechosa.

Los fiscales enviaron seis carpetas con tres anexos, dos cajas con documentos de las rutas nacional N° 3 y provincial N° 9, cinco expedientes de la Dirección Nacional de Vialidad referidos al pago de obras a Báez, tres biblioratos y un disco compacto de la Dirección Nacional de Vialidad que respaldan el informe de auditoría y dos informes ampliatorios realizados por Vialidad en los que se analizan nuevas obras viales adjudicadas a Báez.

“Matriz de corrupción”

En esta causa Pollicita y Mahiques investigan el direccionamiento de la obra pública hacia Báez y argumentaron que desde que Néstor y Cristina Kirchner llegaron al poder nombraron a Julio De Vido y a otros funcionarios en el área con el plan de saquear las arcas del Estado mediante esta maniobra.

Habían expresado que los Kirchner habían exportado a sus funcionarios desde Santa Cruz a la Nación para replicar el mecanismo que habían montado en la provincia.

Por eso dijeron que en este expediente se investiga “la matriz de corrupción que desde la Presidencia de la Nación y los organismos de la administración estatal con intervención en materia de obra pública -el Ministerio de Planificación, la Secretaría de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Vialidad y la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz- se habría montado como estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos, a partir de la cual se habría asignado en forma discrecional prácticamente el 80% de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz, lo que representó la contratación del Estado en favor de Lázaro Antonio Báez por más de 16.000 millones de pesos”.

Entre las personas cuya indagatoria se solicita se cuentan, además de Cristina Kirchner, el ex ministro De Vido, Lázaro Báez y su hijo Martín, y José López, ex secretario de Obras Públicas, entre otros.

Los fiscales analizaron 13 casos testigo de obras públicas adjudicadas a Báez, con supuestos sobreprecios y sin concluir, y afirmaron, además, que en este período el empresario giró dinero a los Kirchner como parte del alquiler de sus hoteles, lo que se investiga en el caso Hotesur, también en sus manos.

“No resulta ocioso destacar que la necesidad de avanzar sin demoras en la investigación, el juzgamiento y la sanción de hechos de corrupción como el que aquí nos ocupa no resulta sólo una pretensión de esta parte, sino que constituye un deber del Estado Argentino”, remarcaron. en alusión a los pactos internacionales suscriptos.

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