viernes , 22 octubre 2021

Ingresos irregulares a la Administración Pública: “hay que investigar si hubo una asociación ilícita”

Peralta. Mirol. Peralta

Río Gallegos.- El gobernador de Santa Cruz  aseguró que “hay que investigar si hubo una asociación ilícita” en el caso de ingresos irregulares a la Administración Pública Provincial “por qué no se puede jugar con la necesidad de la gente”.

Tras los allanamientos a punteros políticos de su sector, que son investigados en la causa por pedido coimas y en otros casos de estafa a jóvenes para ser contratados en el Consejo de Educación, Peralta dijo: “Nosotros, desde la presidenta del organismo, Silvia Sánchez, para arriba y para abajo, esperamos una resolución”.

LaBielaEn este sentido, el titular del Poder Ejecutivo afirmó “sé que se está terminando un sumario interno y hay gente separada del cargo por lo cual iremos a fondo con esta situación. Hay que investigar si hubo una asociación ilícita por qué no se puede jugar con la necesidad de la gente”.

También aseveró que “el que tenga que ir preso que vaya y si hay personal activo involucrado que sea investigado para arribar a la verdad”.

La Justicia ordenó la semana pasada una serie de allanamientos contra punteras políticas por la causa de ingresos irregulares a la Administración Pública Provincial. Los investigadores secuestraron varios elementos de interés para la causa al inspeccionar una casa ubicada en el barrio 152 Viviendas en la ciudad de Río Gallegos.

Con la colaboración de un cerrajero abrieron la puerta, ya que en la vivienda no había moradores y los investigadores ingresaron para secuestrar computadoras, teléfonos celulares y documentación, en especial curriculum vitae, estos últimos habrían sido entregados por los denunciantes, quienes habrían pagado coimas entre 25 a 30 mil pesos a punteros del oficialismo para ingresar al Estado.

Las autoridades judiciales del Juzgado de Instrucción N°1 ordenaron que se incauten tres notebooks, tres celulares y diversa documentación. También se ordenó que una mujer identificada como Mónica Peña fije domicilio a disposición de la causa, pero no la hallaron en la propiedad. Las fuentes policiales indicaron que se encontraría en la ciudad sino en Buenos Aires.

En el marco de esta causa que se investiga a punteros políticos cercanos al peraltismo, el jueves se concretó un allanamiento que fue ordenado también por la jueza Marcela Quintana del Juzgado de Instrucción Nº 1. Esta vez, se solicitó incautar registros personales, documentación y currículum vitae de terceras personas que le habrían entregado a la puntera con la expectativa de ingresar al Estado. Se indicó que más 50 currículum vitae fueron secuestros.

En este caso se investiga las denuncias por ingresos irregulares a la Administración Pública Provincial, denunciados por personas que han pago entre 25 a 30 mil pesos a punteros peraltistas para que sean contratados en el Estado. Muchos de los ingresos fueron por el Consejo Provincial de Educación (CPE), donde Mirol se desempeñaba, y se acercó a la actual ministra de Desarrollo Social de la Provincia, Gabriela Peralta, cuando era vicepresidenta del Consejo. Ahora, la puntera de 57 años debería prestar servicios en la empresa minera estatal FOMICRUZ, informaron fuentes gubernamentales.

MecanicaJorgeEn este último procedimiento se secuestro el teléfono celular de Mirol, y será sometido a pericias, para conocer si tuvo contacto con las personas que la implican en el cobro de coimas para ingresar al Estado.

Fue el fiscal José Chan quien también solicitó los allanamientos contra la puntera del PJ luego de citar a personas que realizaron denuncias públicas contra Mirol en la emisora Tiempo FM y obtener pruebas.

Las personas que la acusaron, en su mayoría jóvenes y desocupados, la señalaron a ella e intermediarios de cobrarles para ingresar a la Administración Pública, pero que luego no cumplieron con lo acordado.

También la juez Valeria López Lestón del Juzgado de Instrucción Nº 2 también había ordenó el martes a la policía, secuestrar recibos, tickets y facturas de compra que Mirol guardaba en su domicilio del barrio 366 Viviendas.

Los investigadores secuestraron dos cajas con tickets de compra en supermercados de Río Gallegos y comercios de la ciudad chilena de Punta Arenas. También se ordenó el secuestro de tarjetas de debito y crédito.

Se investiga si la puntera contaba con tarjetas de débito del Banco Santa Cruz que pertenecerían a empleados públicos y se realizó las compras con ella.
También la jueza libró oficios a los comercios y entidades financieras para conocer si Mirol efectuó compras u operaciones con las tarjetas que pertenecerían a terceras personas. (ANA)

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