lunes , 16 octubre 2017
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Imputaron por enriquecimiento ilícito a un eslabón clave de la obra pública k

Por Hugo Alconada Mon

Se trata de Gustavo Gentili, quien se desempeñó como titular del Órgano Contralor de las Concesiones Viales

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Gentili gastó US$ 28.500 para alquilar una casa por una quincena en Punta del Este.

El juez federal Sebastián Casanello investigará por presunto enriquecimiento ilícito a un eslabón clave de la obra pública durante el kirchnerismo, Gustavo Gentili, quien se desempeñó durante los últimos años como titular del Órgano Contralor de las Concesiones Viales (Occovi).

La investigación también alcanza a la segunda esposa de Gentili, Laura Andino, que durante la gestión de su esposo también ingresó a la función pública como interventora de Autopistas del Sol (Ausol).

Casanello dispuso así las primeras medidas de prueba sobre la pareja de ex funcionarios, que incluye librar oficios para obtener información de múltiples organismos públicos y empresas privadas, con el fin de reconstruir su verdadero patrimonio y nivel de gastos.

La investigación comenzó a partir de un anónimo que recibió el fiscal federal Guillermo Marijuan, quien tomó ese texto como una denuncia y la envió a sorteo, que determinó que recayera en Casanello y el fiscal Federico Delgado, que centró la pesquisa sobre la evolución patrimonial de la pareja.

Sólo horas después, agentes de la Policía Federal y de la Unidad de Información Financiera (UIF) allanaron la casa de Gentili y Andino en el San Jorge Village, un country tradicional en Los Polvorines, sobre la ruta 197. Allí secuestraron $ 25.000, cajas de documentación de Vialidad, Ausol y el Occovi. También, termosellados vacíos de billetes del Banco Central (BCRA).

Tanto Gentili como Andino mostraron un notable crecimiento económico durante los últimos años. Envían a sus hijos al St George’s College North -con un gasto mensual cercano a los $ 90.000- y a universidades privadas, lo que combinan con viajes lujosos, y compras suntuarias, como una lapicera Mont Blanc de oro macizo con rubíes que según la propia Andino costó $ 250.000, o diamantes para su hija de 3 años.

Ese nivel de gastos también se tradujo en la contratación de seis empleadas de limpieza, tres niñeras, “personal trainer” y masajista. O el alquiler en enero de 2014 de una en Laguna Blanca, en las afueras de Punta del Este, a través de la inmobiliaria Toti Gattas. ¿El costo? Pagó US$ 28.500 por la primera quincena de enero.

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Gentili gastó US$ 28.500 para alquilar una casa por una quincena en Punta del Este.

Ese nivel de gastos llamó la atención de la Oficina Anticorrupción (OA), que inició un análisis de sus declaraciones juradas patrimoniales y detectó múltiples inconsistencias entre 2011 y 2014, según adelantaron fuentes del organismo a LA NACION.

Esas “inconsistencias”, como las calificaron los técnicos de la OA, abarcan, por ejemplo, que “los gastos [que informó Gentili a lo largo de todo el año 2014] no se encuentran justificados con los ingresos y la situación patrimonial declarada”.

“Si se proyectan los ingresos [de Gentili] de 2014 ($ 481.133) con una paritaria de 2015 para SINEP [por el régimen de los empleados públicos nacionales] inferior a 30%, el funcionario contaría con aproximadamente $ 625.000 de ingresos netos del cargo para hacer frente a sus incrementos patrimoniales y gastos”, estimó el organismo que lidera Laura Alonso. “A simple vista dicho monto resultaría insuficiente para los desembolsos posteriores”.

Gentili aparece vinculado además a la sociedad Rocma Equities Corp., de las Islas Vírgenes Británicas, según surge de la investigación de los Panamá Papers, y domicilio adicional en el Royal Trust Bank de Ginebra, lo que podría indicar la existencia de una cuenta bancaria en Suiza.

Por ese motivo, uno de los oficios que ordenó Casanello se dirigirá al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), responsables de la investigación sobre los “Panamá Papers”, en tanto que otros requerimientos se enviarán a las tarjetas de crédito Visa, Mastercard y American Express.

El magistrado también requirió datos a la AFIP, la unidad antilavado (UIF), la Caja de Valores, el Veraz, Migraciones -para detectar sus viajes al exterior-, y la Superintendencia de Seguros. También, a los registros inmobiliario, automotor, de buques, aeronaves y de créditos prendarios, a la Inspección General de Justicia (IGJ), y a los registros comerciales de las provincias de Buenos Aires y Chaco.

El requerimiento también alcanza al BCRA, que deberá recabar información de los bancos del sistema. Y el Nación, Galicia, Santander Río y Citibank deberán además aportar datos sobre los fajos de billetes secuestrados durante el allanamiento a Gentili.

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