sábado , 26 septiembre 2020

Imputada por trata aseguró que su prostíbulo en Puerto San Julián contaba con habilitación municipal

Río Gallegos.- Las dos imputadas en el primer juicio que se realiza por trata de personas en la provincia de Tucumán se declararon inocentes.
Durante la primera jornada del juicio que se inició hoy, la santacruceña Ana Alicia Taviansky y la tucumana Verónica de Jesús Olivera, acusadas por el reclutamiento y traslado de una joven de 17 años, dijeron que son inocentes.

El hecho ocurrió en mayo de 2008, y según estableció la justicia, la joven había sido engañada por su prima Verónica de Jesús Olivera, quien la llevaba a la localidad de Puerto San Julián para, presuntamente, obligarla a ejercer la prostitución.

Olivera fue la primera en declarar este miércoles ante los jueces Alicia Noli, Carlos Enrique Jiménez y Gabriel Eduardo Casas y dijo que la joven viajaba por su propia voluntad a Santa Cruz porque se había peleado con sus padres.
Además, la mujer aseguró que nunca le prometió un trabajo a su prima y que no conocía en persona a la otra acusada.

EL-LOBITO-PUERTO-SAN-JULIAN

Cuando le tocó el turno a Taviansky conocida en Santa Cruz como “Samantha”, dueña de un prostíbulo denominado “El Lobito” que funcionó entre 1999 y este año en Puerto San Julián, aseguró que las chicas que trabajaban para ella no tenían relaciones sexuales con los clientes, sino que eran alternadoras (o coperas) y que su local estuvo habilitado por la municipalidad.

Cuando la fiscal Valentina García Salemi le preguntó detalles del arreglo económico con las mujeres, se negó a declarar.
También durante la primer jornada del debate oral, empezó a declarar la víctima, que estuvo asistida por una psicóloga de la fundación María de Los Ángeles.

El hecho comenzó a ser investigado por la denuncia de la madre de la joven que se fue con la prima y recibió un mensaje de su hija que le advertía de la situación.
La adolescente subió a un colectivo junto a Olivera que le había prometido un trabajo en Río Gallegos como profesora de danzas folclóricas.

La víctima se dio cuenta de la maniobra cuando viajaban en colectivo, le envió un mensaje de texto a la familia y finalmente fue rescatada en la terminal de ómnibus de la ciudad de Córdoba.
La fiscal García Salemi estimó que pedirán para las imputadas la pena máxima, de 10 años de prisión, y explicó que en un delito de estas características contar con un testigo esencial es muy importante.
“La testigo esencial, al ser también víctima, aporta datos valiosísimos porque fue objeto de ese delito y pudo salirse de la estructura que la sometió”, señaló.

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