Jueves , 20 julio 2017

Habló el fiscal jujeño que investiga la relación entre José López y Milagro Sala

Gustavo Araya declaró: “La imputación que estoy haciendo y tengo certificada es de dos municipios de la provincia, por el monto de 90 millones de pesos”

El fiscal de investigación penal Gustavo Araya habló sobre el estado de la causa que investiga el otorgamiento que irregular de adicionales de pago que habría hecho José López a la Tupac Amaru por obras que no estaban construidas. Y declaró: “La imputación que estoy haciendo y tengo certificada es de dos municipios de la provincia, por el monto de 90 millones de pesos, alrededor de 210 casas y de faltantes con adenda”.

En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, aclaró que “la adenda es un financiamiento adicional que se solicita cuando se está construyendo la vivienda y el presupuesto original no llega a cubrir la ejecución total de la obra, y lo curioso es que se solicitaron adendas por 150 millones de pesos pero no se hicieron ni las casas”.

En la misma entrevista radial, dijo: “El monto total [de las presuntas irregularidades en toda la provincia] se aproxima a 2130 casas por un monto de casi 800 millones de pesos”, y comentó que “el dinero es provincial porque desde el año 2008 está ingresado en el presupuesto de la provincia”.

Y continuó: “Tanto López como el arquitecto que tenía a cargo los convenios de obras del gobierno anterior autorizaban transferencias de fondo y omitían los controles y auditorías que tenían la obligación de realizar respecto de la organización Tupac Amaru, y sin esos controles es que se pudo hacer el fraude a la administración pública provincial”.

Indicó que “el dinero venía de Buenos Aires a la Unidad de Ejecución Provincial, de la unidad pasaba a los municipios y de los municipios a las cooperativas, así que todos participaron de las conductas delictivas que, en algunos casos, fueron un fraude a la administración pública; en otros, falsedad ideológica con la creación de decretos para facilitar el flujo de fondos y que no hubiera controles y, en otros, abuso de autoridad”.

Por último, Araya manifestó: “Yo fui el primero que imputó a la señora Milagro Sala en 2014, cuando formaba parte del gobierno. La imputé por amenazas, porque amenazó con poner una bomba en una comisaría si no entregaban unos secuestros que había allí, y demoramos un año y medio para que esta señora se pusiera a derecho”.

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