sábado , 18 noviembre 2017

Fredy Martínez apuntó a las limitaciones que dejará la reforma judicial

El Senado aprobó el jueves con el apoyo del oficialismo y un grupo de aliados, y giró a la Cámara de Diputados, el proyecto de ley para regular y limitar las medidas cautelares contra el Estado que, para la oposición, afectará derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional. El senador Alfredo Martínez  remarcó cuales serán las restricciones que establecerán la regulación y limitación de las medidas cautelares, entre las que se encuentran la garantías para reclamar por las obligaciones que debe responder el Estado como son la salud, educación o la seguridad, como también los servicios públicos.  No obstante, resaltó la marcha atrás del oficialismo para que no hayan sido incluidos los conflictos laborales en las limitaciones para solicitar medidas cautelares ante la Justicia.  Con la sanción con 39 votos a favor y 29 en contra de la iniciativa la Cámara concluyó el tratamiento de los tres proyectos -junto a la reforma del Consejo de la Magistratura y la creación de cámaras de casación en tres fueros- que le envió el Ejecutivo para llevar a cabo la reforma de la Justicia y que ahora se deberán considerar en Diputados. El oficialismo introdujo cambios en el artículo 17 del proyecto de ley para regular y limitar las medidas cautelares, para indicar que la limitación para “no será de aplicación cuando se trate de conflictos laborales, los cuales se regirán por las leyes vigentes en la materia” aplicadas por el Ministerio de Trabajo, con lo que apuntó a dejar a salvo los derechos gremiales. “Luego de escuchar al CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y a otras organizaciones, el artículo tuvo una modificación. Cuando se leía el original artículo 17, realmente, preocupaba porque, en definitiva, se contraponía con varias de las cuestiones que nuestro país ha llevado adelante, aceptando y adhiriendo a muchos de los convenios de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), etcétera. Es decir que, de alguna manera, se estaba hablando de la posibilidad de cercenar el tema de un conflicto laboral cuando sea legítimo. En este caso lo que se estableció fue que lo expuesto precedentemente no será de aplicación cuando se trate de conflictos laborales, los cuales se regirán por las leyes vigentes en la materia, conforme los procedimientos a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en su carácter de autoridad de aplicación. Lo que quedó rengo también en esta incorporación es el tema de la protesta, que es otra de las cosas sobre las cuales se manifestó la gente del CELS. Se dijo que no había protección con respecto al tema de las medidas de fuerza –como concretamente plantearon los sindicatos– y también se dijo que quedaba por fuera del artículo 17 el mecanismo de protección ante una protesta. Esto es algo que nosotros ya lo veíamos, y realmente nos pareció muy bien que se haya subsanado el tema con relación al derecho de huelga”, explicó el senador Alfredo “Freddy” Martínez.También apuntó antes que se introdujeran cambios en el artículo 17, que el Estado estaba afianzando su política de aplicar la ley antiterrorista, limitando la expresión de los ciudadanos. “Cuando nosotros analizamos el proyecto antes de esta modificación que por suerte se introduce en el artículo 17, a mí me venía a la cabeza la posibilidad concreta de decir; Bueno, una protesta que se realiza donde hay un corte de una ruta. Eso es un delito, y ante ese delito puede ser aplicable la ley antiterrorista. O sea, yo veía todo como un combo de cosas como para ir evitando de alguna manera la posibilidad de la expresión de la gente. Y cabe aclarar que este es un gobierno que desde el comienzo –yo recuerdo con mucha claridad lo que decía el presidente– sostenía que no iba a llevar adelante mecanismos de represión o la judicialización de la protesta, y realmente veíamos que estas cosas se contraponían con eso”, sostuvo el presidente del Comité Río Gallegos de la UCR. El legislador nacional por Santa Cruz, remarcó que otra de las cosas que no contemplaba el proyecto, y que se planteó hace un tiempo en uno de los debates, es el derecho del usuario de los servicios públicos a demandar una medida cautelar. “Si un usuario quisiera plantear una medida cautelar sobre un servicio público –por ejemplo, sobre el transporte ferroviario– porque entiende que no se están cumpliendo los planes de mantenimiento necesarios que están estipulados y que se han acordado en el traspaso que hubo de un ministerio a otro y cree que su vida puede estar en riesgo, que su físico puede sufrir algún tipo de daño, se encontrará con que eso no está contemplado dentro del artículo 17 que se sancionó; porque, como es un servicio público y un elemento concesionado, el Estado podría hacer una apelación y automáticamente caería la cautelar. Cuando hablamos de las cautelares estamos hablando de prevención, de evitar un daño”, señaló Martínez. En este sentido remarcó que cuando se habla de democratizar uno de los poderes del Estado realmente a uno “le suena” como algo demasiado fuerte, porque también se podría hablar de democratizar el Ejecutivo o el Legislativo. “Habría posibilidades de hacer eso. Yo creo que esto es importante, y todos estamos de acuerdo en que en la Justicia hay cosas que hay que mejorar; de esto no me cabe ninguna duda”. En esta misma línea, Martínez advirtió que estos cambios del sistema judicial, que no han tendido el debate y el consenso necesario que requieren, acarrean serias consecuencias para el más indefenso, que es el ciudadano. “Esta reforma judicial se contrapone con muchas de las cosas en las que nosotros veníamos avanzando y en las cuales nos hemos comprometido ante la OIT y ante distintos organismos. Hay un dicho –que por supuesto no es mío– que dice que en economía y en política se puede hacer cualquier cosa, lo que no se puede evitar son las consecuencias. Yo creo que realmente este tipo de tratamiento, con esta velocidad, el tema del nombramiento de los jueces de las cámaras de casación de la manera en que se va a hacer, realmente se nos plantea como cosas que hay que hacerlas rápido porque son muy necesarias. Y nosotros entendemos que quizá sean necesarias, pero también sabemos –y de esto estoy seguro porque es algo que uno lo ha vivido en forma permanente– que cada vez que en este bendito país nos plantearon un atajo para ir al cielo, inevitablemente nos llevaron al infierno”.

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