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Paz Rodríguez Niell
El fiscal Stornelli pidió la indagatoria del ex titular del Banco Nación
El fiscal federal Carlos Stornelli acusó ayer a las autoridades del Banco Nación de haberle dado créditos por encima de lo legal a empresas de Lázaro Báez. Pidió así las indagatorias de Juan Carlos Fábrega, que presidió la entidad durante el kirchnerismo, y de otras 37 personas.
La lista de quienes Stornelli solicitó citar incluye a 26 empleados y funcionarios más del banco, desde los gerentes de Río Gallegos y Comodoro Rivadavia, hasta los directores. También, a 11 empresarios, con Báez a la cabeza. El juez de la causa es Daniel Rafecas, que ahora deberá decidir si hace lugar al pedido del fiscal.
De acuerdo con el dictamen que presentó ayer Stornelli, en esta causa «ha quedado al descubierto un plan destinado a auxiliar financieramente a las empresas Austral Construcciones S.A. y Kank y Costilla SA», ambas del grupo Báez. El objetivo era garantizarles «la realización de la obra pública» que se les estaba asignando y para eso les otorgaron ayudas que iban «más allá de los requisitos legales exigidos por la normativa de la entidad bancaria».
Báez se convirtió durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner en el principal destinatario de la obra pública vial de Santa Cruz. De acuerdo con la denuncia de las nuevas autoridades de Vialidad Nacional, el grupo Báez recibió un trato preferencial: las licitaciones estaban digitadas para que las ganara, le pagaba antes que a ningún otro contratista y a pesar de sus reiterados incumplimientos, no recibía jamás sanciones.
La investigación que hizo Stornelli es sobre el financiamiento con el que este grupo afrontaba las obras. Según el fiscal, la maniobra tuvo dos etapas: en la primera, le dieron «sumas millonarias acordadas como autorizaciones de giros en descubierto» en sus cuentas, con tasas por debajo de las de mercado y a pesar de que las empresas no acreditaban ninguna solvencia.
Los avales, explicó Stornelli, eran plazos fijos constituidos en el Banco Nación por el mismo monto de lo adjudicado. «O sea -advirtió el fiscal- que se garantizó el dinero facilitado con el mismo dinero facilitado». La garantía, además, eran certificados de obra.
«En algunas oportunidades se consignó que las empresas recibían el 20 % de adelanto de parte de Vialidad Nacional para el inicio de la obra, y luego obtenían la asistencia financiera de parte del banco. Cabe aquí preguntarse si las empresas pusieron algún dinero de sus propias arcas para realizar un trabajo propio de su giro comercial», se preguntó el fiscal.
En la segunda etapa se sumó un nuevo mecanismo: el fideicomiso financiero. El primer contrato -después prorrogado- es de 2011, por hasta $ 350.000.000, con la posibilidad de ampliarse y con una tasa anual promedio del 12%. En nombre de Báez, trabajó en el armado de ese fideicomiso Leonardo Fariña, hoy bajo régimen de testigo protegido. En paralelo con las indagatorias, Stornelli le pidió a Rafecas que citara a Fariña a declarar como testigo.
