miércoles , 1 diciembre 2021

Estela Maris Bubola: «la intervención de la Caja de Servicios Sociales de Santa Cruz no sólo es ilegal sino que es injustificada, irracional, incomprensible e ilegitima”

Río Gallegos.- La legisladora provincial Estela Maris Bubola consideró que la intervención de la Caja de Servicios Sociales (CSS) no sólo es ilegal sino que “es injustificada, irracional, incomprensible e ilegitima”.

CSS-ANA-2-1024x682 (1)“La Caja de Servicios Sociales no es un órgano más del gobierno provincial, es un ente de los trabajadores que está intervenida desde hace muchos años. Dijeron que la intervención seria temporal, para ‘normalizarla’ y devolverla a los trabajadores, pero está claro que no buscan eso, sino que, quieren manejarla a placer, sin ningún tipo de participación ni control ni de los activos ni de los pasivos”, dijo Bubola.  También remarcó que el fin de la intervención fue otra de las tantas promesas incumplidas del gobernador Daniel Peralta a lo largo de su gestión: “Miente todo el tiempo. Parece que no le fueron suficientes todos los años al frente del gobierno para hacer las cosas que prometió. Ahora vuelve a prometer una y mil veces lo que no hizo en estos años y piensa que el pueblo es tonto y no se da cuenta.”

Para la vicepresidenta de la UCR Santa Cruz es indispensable que se democratice el organismo, devolviéndolo a sus afiliados, terminando con una intervención que no sirvió para nada más que para que este gobierno se apoderen de sus recursos: “Debemos recuperar la Caja de Servicios Sociales y devolverla a los trabajadores.” Bubola remarcó que su partido lleva años presentando proyectos en la Legislatura Provincial para que se disponga el inmediato cese de la intervención en la Caja de Servicios Sociales y la normalización de su gobierno y administración, mediante la integración del Directorio de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 364 que creó el organismo.

“Como pasa con todos los proyectos que presentamos son cajoneados por los diputados que defienden “el modelo”; ni siquiera se toman el tiempo de discutirlos. Los diputados de La Cámpora y Peralta están ocupados en su supuesta interna y en temas menores y parece que no les preocupa ni la salud de los Santacruceños ni mucho menos respetar las leyes y los derechos de los trabajadores.”

La diputada remarcó que se debe terminar con la intervención de la CSS como así también, que se la debe devolver a sus afiliados, a modo que sean ellos quienes decidan los destinos de la misma de manera democrática. Cabe destacar que la Ley 364, mediante la cual en 1964 se creó un organismo autárquico destinado a brindar a los empleados públicos activos, pasivos y su grupo familiar directo las prestaciones médico asistenciales y de asistencia económica, establecía que la CSS debe ser conducida por un directorio integrado por un presidente y tres vocales. El presidente y un vocal son designados por el Poder Ejecutivo y los otros dos vocales deben ser elegidos por los afiliados, un vocal por los titulares activos y el restante por los titulares pasivos en forma directa y secreta en comicios a ser convocados por el Poder Ejecutivo. La misma ley establece que “los recursos de la Caja son provistos aproximadamente en partes iguales por el Estado y los agentes de la administración –en actividad o jubilados-.”

La legisladora remarcó que hoy los afiliados no tienen la posibilidad de intervenir en los destinos de la CSS, ni decidir el destino de los fondos a través de sus representantes. La Asociación de Docentes Santa Cruz (ADOSAC) realizó una junta de firmas ayer en el centro de Río Gallegos para demandar al gobierno provincial el cese de la intervención a la CSS. Mediante panfletos entregados, ADOSAC precisó que “la precarización por falta de inversión se hace cada día más visible en el pésimo servicio y la deficitaria atención de la CSS, agravado por la crisis en el sistema de salud público provincial”.  Otros gremios estatales se han sumado al reclamo, luego que el gobernador Peralta prometiera a los sindicatos que iba a normalizar la obra social de los trabajadores públicos. (ANA)

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