sábado , 16 diciembre 2017

En Cañadón Seco prohíben fijar carteles sin la autorización de la comuna

El presidente de la comisión de fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga estableció la prohibición de fijar carteles en todo el ámbito de esa comuna. “El objeto de este instrumento legal, es construir un espacio normativo en que el legitimo ejercicio de la actividad de publicidad y propaganda, tanto comercial, como institucional y política, que sea visible desde los espacios públicos se desarrolle dentro del respeto y mejora de los valores del paisaje urbano, del medioambiente, del patrimonio histórico-artístico y natural; en suma de la protección de la imagen de Cañadón Seco”, se indicó ayer a La Prensa de Santa Cruz con relación a la resolución que prohíbe fijar carteles.

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En el artículo 8 de la resolución se determina que quienes infrinjan la normativa “se estipula una multa de 300 módulos y deberán proceder a retirar y subsanar los daños ocasionados en el término de las 72 horas”, y queda prohibido colocar letreros, carteles o afiches y también colgar pasacalles en plazas y plazoletas como tampoco se pueden fijar en jirafas o postes del tendido eléctrico debido al riesgo y peligro que significa.

Se indica en sus considerandos que “el propio crecimiento de la localidad, la evolución de la actividad de publicidad y propaganda y los reclamos de los vecinos exigen a la gestión de gobierno una actitud de adopción de medidas protectoras de la denominada “contaminación visual” para la localidad” y además que “la proliferación de publicidad y propaganda gráfica tiene un efecto negativo sobre el patrimonio edilicio por lo que es pertinente proceder a la confección de una legislación de protección que los limite”.

También recuerda que “el Código Penal de la Nación, en el capítulo VII “Daños” establece la pena de prisión de quince días a un año, al que destruyera, inutilice o dañe una cosa mueble o inmueble, total o parcialmente. En el caso de ejecutar el daño en museos, puentes, paseos, u otros bienes de uso público la pena será de tres a cuatro años de prisión. Asimismo el Código Civil en el capítulo III, “de los delitos contra la propiedad” establece el derecho a exigir la indemnización que correspondiera por el daño causado por el delito contra la propiedad”.

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