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Por Hugo Alconada Mon
La banda mencionada tenía lazos colombianos y comerciaba la droga en un velero.
El 14 de julio pasado, nueve de los 21 acusados de intentar traficar 700 kilos de cocaína a Europa a través de un velero y en varios muebles de estilo Luis XV fueron condenados a penas de entre 4 y 14 años de prisión, mientras que el segundo tramo -centrado en el supuesto narcolavado- se encamina hacia el juicio oral.
El Tribunal Oral Federal Nº 2 condenó a 14 años de prisión a José Martín, de 54, como coautor de tráfico de drogas, y le impuso diez años de cárcel a Carlos Elvira, de 40, como cómplice primario del delito de transporte de estupefacientes agravado.
Ambos, Martín y Elvira, eran tripulantes del Traful, un velero de bandera estadounidense que fue hallado en Puerto Madero con 444 kilos de cocaína, cuando iban rumbo a Uruguay y abandonaron la embarcación porque se había averiado.
El tribunal también condenó a una pena de cinco años de prisión a Gustavo Varela Marmolejo, de 38, por tenencia de estupefacientes para su comercialización, luego de encontrar una valija con un kilo y medio de cocaína en un departamento de Colegiales.
Según se había dado por acreditado en la instrucción, algunos miembros de la banda tenían vínculos con narcos colombianos, entre ellos el cartel de Cali, que vinieron a instalarse a la Argentina y funcionaban con una estructura conformada por dos grupos: uno dedicado al narcotráfico y otro al lavado de dinero, cuyo enjuiciamiento se avecina.
Según la acusación, la banda era liderada por el poderoso narco colombiano Ignacio Álvarez Meyendorff, de 55 años, quien fue detenido en la Argentina en marzo de 2011. Dos años después fue extraditado a los Estados Unidos, por lo que no participó en el juicio oral en La Plata.
Durante el juicio, también intervinieron como querellantes la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Unidad de Información Financiera (UIF), que lograron que se trabaran embargos sobre bienes por más de $ 920 millones.
Casas en countries
Según los investigadores de la UIF, los acusados recurrían a empresas fantasma para comprar bienes con el dinero proveniente del narcotráfico, en especial propiedades en countries como Cardales y en Nordelta, donde vivían algunos de ellos.
Una de esas propiedades fue un campo en el kilómetro 54,5 de la ruta nacional 210, en la localidad bonaerense de San Vicente.
Según reconstruyó el entonces juez federal de Lomas de Zamora Carlos Ferreiro Pella, el narco Álvarez Meyendorff recurrió a Ramiro González Warcalde para vendérselo en junio de 2011 a otro empresario, Carlos Daniel Tomeo, al que Elisa Carrió denunció en septiembre de este año como supuesto testaferro del ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández.
