lunes , 23 octubre 2017

El suministro de gas, en estado crítico

Un comité de emergencia sostuvo que está en riesgo la provisión a los hogares

La combinación de una protesta sindical en Tierra del Fuego y condiciones climatológicas que hacen imposible atracar barcos con gas licuado en la provincia de Buenos Aires llevó al Gobierno a tomar una decisión drástica: ayer, a primera hora de la tarde, un comité de emergencia convocado por Enargas, el ente que regula al sector, les ordenó a los mayores complejos productivos del país que reduzcan a cero el consumo de ese recurso. Con la medida, se intentó proteger el suministro a los hogares, ante un posible “riesgo de abastecimiento” a esa franja de la demanda, según un documento oficial al que accedió LA NACION. En ese texto, se habla de una situación “de fuerza mayor”.

Además, se les restringió el uso de gas a las usinas eléctricas, que lo reemplazarán con combustibles líquidos, más caros.

El suministro de GNC no fue recortado, aunque eso podría ocurrir hoy si no se modifican algunas de las condiciones que determinaron las restricciones en la oferta para los mayores consumidores de todo el país.

Ayer a última hora de la noche aún no se había destrabado el conflicto en la Patagonia, por lo que el Comité de Emergencia se volverá a reunir hoy a las 10.30 para evaluar la situación. Allí podría disponer restricciones a las estaciones de servicio.

Del encuentro participaron unas 35 personas entre funcionarios, grandes consumidores, productores, transportadores y distribuidores del fluido. Se hizo por pedido de Cammesa, la compañía que administra el mercado eléctrico.

Apenas comenzó la reunión, Alejandro Grieco, un ejecutivo de Total, encendió el alerta. El ejecutivo sostuvo que desde las 12.30 se había caído por completo la inyección de la planta de tratamiento Cañadón Alfa, en Tierra del Fuego, y que no tenía información precisa sobre cuándo se podría restablecer debido a que los trabajadores no permitieron el ingreso de Gendarmería en las instalaciones, algo que impedía recuperar el suministro eléctrico.

En Tierra del Fuego se produce cerca de un 6,5% del gas. La medida de fuerza afecta emprendimientos marítimos y en tierra. Según un comunicado del Ministerio de Energía, hay 16 millones de metros cúbicos (m3) de gas cortado por el reclamo. Ese número explica poco menos de un 10 por ciento de la oferta nacional del hidrocarburo.

Ante la consulta de LA NACION, Total informó que anteanoche la federación de gremios petroleros decidió lanzar un paro en las actividades con alcance general, que afecta los yacimientos de Salta, Tierra del Fuego y Mendoza Norte, así como refinerías privadas y plantas de despacho de combustible de Refinor, YPF Luján de Cuyo y algunos fraccionadores de LPG.

“A pesar de encontrarse vigente la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo, Total sufre un paro de actividades sin aviso que está afectando la provisión de gas natural desde sus yacimientos del sur”, explicó la empresa, que adjudicó el conflicto a las “negociaciones paritarias en curso, que se llevan a cabo por todas las empresas productoras del sector y no de manera individual”.

Luego Carlos Ruffo, de Enarsa, informó que dos barcos con gas natural licuado (LNG, según su abreviatura en inglés) ingresarían en el puerto entre mañana y pasado, en el caso de la terminal de Bahía Blanca, y el próximo sábado en Escobar, aunque el stock de las unidades operativas estaba ayer llegando a su fin. Las condiciones climáticas hacen complicado el amarre de los buques.

Funcionarios y ejecutivos acordaron que planteada “la situación de fuerza mayor, el riesgo de abastecimiento de la demanda residencial y la emergencia eléctrica” se restringiera el suministro a cero para las industrias, aunque respetando sus necesidades para cortar el uso del recurso paulatinamente.

Alternativas

Además, se le ordenó a Gas Natural Fenosa que tenga disponible su planta de peak shaving (inyecta gas en el sistema en momentos críticos) en caso de ser necesario y a Cammesa, reducir a 29 millones de metros cúbicos diarios el uso del gas para las centrales térmicas.

El sector energético está convulsionado desde hace días por los reclamos gremiales. Desde anteanoche trabajadores del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Cuyo realizan un cese de tareas que frena la producción en la destilería de YPF en Mendoza, por lo que podría verse afectado el abastecimiento de combustible y gas envasado en las próximas horas.

“No estamos dejando entrar ni salir a ningún vehículo de la refinería de Luján de Cuyo porque tenemos frenada la paritaria tanto del sector yacimientos como de la planta de refinería”, dijo Diego Maldonado, referente del gremio que representa a unos 400 empleados en esa destilería.

Por ahora se desconoce hasta cuándo se extenderá la medida de fuerza que comenzó anoche y, de seguir, afectaría la distribución de combustible y gas en la región de Cuyo.

Límites en la oferta

6,5%

Producción

Es el porcentaje de la oferta nacional de gas que tiene Tierra del Fuego, donde una protesta gremial redujo la inyección de gas de Total Austral, una de las mayores productoras del recurso

2

Barcos

Son los buques de gas natural licuado que importó Enarsa y llegarán en estos días, aunque tienen dificultades para amarrar debido a las malas condiciones climáticas

Más rechazos judiciales a la suba de tarifas

  • LA PLATA.- Dos jueces de esta ciudad se pronunciaron sobre los aumentos de los servicios: en un caso se estableció que el Estado convoque a una audiencia pública en la que participen usuarios y consumidores de gas, y en el otro se dictó una medida cautelar para que se suspendan los aumentos de luz en la provincia.
  • El titular del juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal N°4 de La Plata, Alberto Recondo, ordenó al Ministerio de Energía y Minería de la Nación que cite a una audiencia pública para tratar las nuevas tarifas públicas de gas natural.
  • Alberto Recondo rechazó un pedido de medida cautelar solicitada por una organización aduciendo que su función como juez no es dictar normas administrativas, pero ordenó una audiencia pública para todos los usuarios y consumidores.
(LA NACIÓN)

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