viernes , 20 julio 2018

El gobierno temería una explosión de causas por corrupción

 

Carlos-Tórtora-150x150Por Carlos Tórtora del “informadorpublico”

La actitud del gobierno en relación al caso Ciccone cambió significativamente a partir de la citación a prestar indagatoria del Juez Federal Ariel Lijo a Amado Boudou, que tendrá lugar mañana. Con toda lógica, el juez al adelantar la declaración de Boudou a pedido de éste, se vio obligado a hacer lo propio con los demás imputados en la causa. No hay riesgo para el poder político de un juicio político al vicepresidente, ya que el oficialismo controla ambas cámaras.

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Tampoco la decisión de Lijo de procesar a Boudou -que se da por descontada- es de por sí irreversible, ya que los operadores judiciales de la Casa Rosada podrían luego conseguir que, mediante una apelación, el procesamiento se convierta en una falta de mérito y esto alivie algo al vicepresidente. Menos aún existe el peligro de un juicio oral por el caso Ciccone, hasta el cual podrían transcurrir años. El estado de alarma en el cristinismo obedecería a otras razones. Sobre todo, a la creciente sospecha de que la conducta de Lijo es la punta del iceberg de un profundo giro en la justicia federal. El fiscal federal Eduardo Taiano acaba de imputar al segundo de Zannini, el Subsecretario Legal de Presidencia por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública, debido a sus relacione con la consultora ADCONSA, contratada por Legal y Técnica desde el 2006. En diciembre del 2009, el juez federal Norberto Oyarbide dictó el sobreseimiento del matrimonio Kirchner en la causa en la que se investigaba su presunto enriquecimiento ilícito.

“En su dictamen, los peritos concluyen, a la luz de todas las pruebas, que el enriquecimiento patrimonial cuestionado resulta justificado, ante lo cual dispuse sobreseer al matrimonio”, comentó el juez. Pero la nota la dio justamente Taiano. Éste, junto con el Fiscal de Investigaciones Administrativas (FIA), Guillermo Noailles, no apelaron el sobreseimiento del matrimonio Kirchner por presunto enriquecimiento ilícito, quedando así firme el fallo. De aquel Taiano a éste dispuesto aparentemente a colocar en un brete a Zannini hay una enorme distancia. Si esta tendencia se generaliza, es fácil pronosticar que en los próximos meses se abrirán -o reactivarán -decenas de causas por corrupción y que, por ejemplo, Julio de Vido estaría muy cerca de ser llamado a indagatoria. Es un cliché de la política nacional que los jueces federales empiezan a mostrarse severos con los gobernantes, cuando se advierten síntomas de agotamiento de su poder. Consciente de esta constante histórica, el cristinismo tomó precauciones para evitar que la historia se repita. Designó docenas de jueces, muchos de ellos en la Cámara Nacional de Casación Penal y colocó a varias de sus principales espadas, como Eduardo Wado de Pedro y Julián Álvarez, en el Consejo de la Magistratura. Pero además, la SI (ex SIDE) investigó exhaustivamente el patrimonio y la vida privada de los jueces y fiscales federales, para contar con herramientas disuasivas importantes. Aparte, las versiones sobre sobornos no dejan de hacerse sentir. Por último, el kirchnerismo instaló la idea de que, aun perdiendo el gobierno en el 2015, conservaría una importante cuota de legisladores nacionales, suficiente como para presionar a los jueces díscolos.

Pese a éstos y otros factores, el giro de la justicia federal sigue tomando cuerpo lentamente.

Por qué el giro

Habría varias razones que llevan a los magistrados a desafiar cada vez más a la Casa Rosada. Cuando Julio Cobos, Elisa Carrió y Ernesto Sanz entre otros enarbolaron la bandera de crear una CONADEP de la corrupción, los jueces y fiscales entendieron el mensaje. Una comisión especial de este tipo podría terminar acusando a los jueces y fiscales por su inacción ante las denuncias de corrupción que se acumularon sin tramitarse durante la década ganada. La justicia federal correría así el riesgo de verse arrastrada por la debacle del cristinismo. La persecución oficial al fiscal José María Campagnoli por haber avanzado mas allá de lo prudente en el caso de Lázaro Báez también fue significativa. Campagnoli se convirtió rápidamente en una figura política votable -por ejemplo para diputado nacional- y cualquier nuevo ataque que le haga el gobierno terminaría favoreciéndolo.

El caso es que si Ciccone es sólo la primera parte de una ola de casos resonantes, siguiendo por el de Báez, el escenario electoral podría quedar ocupado por esta problemática. De ser así, la cúpula del gobierno estaría en el peor de los mundos, porque todos los candidatos opositores terminarían comprometiéndose a investigar los tres períodos de gobierno de los Kirchner. Ante la magnitud de esta catástrofe, la situación procesal de Boudou vale sobre todo como indicio de lo que viene atrás.

Aunque parece faltar mucho, los tiempos son en realidad apremiantes. Si el gobierno no consigue desinstalar de la agenda pública la agenda de la corrupción antes de fin de año, la temporada electoral se iniciaría con la corrupción como tema central. Esto, por supuesto signaría las estrategias electorales de toda la oposición.

 

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