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Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz, que deberán estar operativas dentro de tres meses, tras 19 años de inactividad. Así lo dispuso a través de un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial, con las firmas de la presidenta Cristina Kirchner, del Jefe de Gabinete Juan Abal Medina y del ministro de Economía Hernán Lorenzino.
“Restitúyense a Santa Cruz, en cumplimiento del Convenio de Adhesión celebrado entre la Provincia y el Estado Nacional el 5 de diciembre de 1994, las Zonas Francas de Río Gallegos y Caleta Olivia”, según el primer artículo del decreto. Además, se dispuso que en la zona franca de la capital provincial podrán realizarse operaciones de venta al por menor de mercaderías de origen extranjero. El texto oficial también dispuso que el Ministerio de Economía podrá “asistir, coordinar y colaborar con el Poder Ejecutivo provincial, con actos y medidas que resulten conducentes a fin de dar cumplimiento” a esta decisión del Estado nacional.
El Poder Ejecutivo Nacional justificó esta decisión al señalar que “para disponer tal justa medida, entre otras razones, se destaca la baja de la densidad poblacional y la lejanía de la Provincia respecto de los grandes centros urbanos del país, situación que conspira contra la posibilidad de radicación de nuevas industrias, con consecuencias negativas con relación a la creación de fuentes de trabajo”.
“Tampoco puede dejar de considerarse la influencia que, en la economía local, produce la cercanía de la Zona Franca Punta Arenas, en la República de Chile”, añadió Se indicó que Río Gallegos tendrá una zona franca comercial e industrial y Caleta Olivia una zona franca industrial.
En este marco, el Gobierno destacó que las zonas francas “han sido oportunamente creadas con la doble finalidad de desarrollar la actividad industrial exportadora e impulsar el comercio, fortaleciendo la competitividad de la región en donde fue decidida su instalación y generando una mayor y mejor capacidad productiva”. En otro artículo, el 5º, la norma señala que en un plazo de 90 días corridos, el gobierno santacruceño “deberá arbitrar los mecanismos necesarios a fin de dar debido cumplimiento al procedimiento dispuesto en el artículo 14º de la Ley Nº 24.331?.
