El Espejo Diario Diario Digital de la Región Patagónica
Por Pablo Fernández Blanco
El Ministerio de Transporte recibió ofertas por menos de $ 2000 millones para hacer una obra que Báez había licitado por $ 3000 millones
El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, le hizo formar un círculo al último grupo de periodistas que todavía estaba en la terraza del Palacio de Hacienda, que habían sido convocados para celebrar el día de esa profesión. Como si fuera un premio al trabajo, les entregó ayer un dato: por la mañana su cartera había abierto las ofertas para convertir en autopista el tramo de la ruta 3 que une las ciudades de Rada Tilly (Chubut) con Caleta Olivia (Santa Cruz), con un presupuesto de $ 1964 millones. Esto implica una rebaja del 33% respecto del valor que había cotizado su anterior ganador, Austral Construcciones, firma del empresario kirchnerista Lázaro Báez , al que el Gobierno le quitó la obra.
Dietrich fue más lejos. Deslizó que, según los cálculos, ese 33% es «uno de los números que estimamos que podría ser el sobreprecio que hubo en alguna que otra obra» encargada por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), dueña de partidas importantes del presupuesto nacional.
Más tarde, Dietrich explicó a la nacion: «En el caso de la obra adjudicada a Báez, el sobreprecio es del 50% [en comparación con el nuevo presupuesto]. Es el primer caso que tenemos, pero nos da la impresión de que eran comunes los sobreprecios en las obras viales. Es cierto que la inflación distorsiona mucho la información, pero estamos viendo otra obra en la que cuesta creer que se hizo todo lo que dicen que se hizo en el plazo de certificación que se presentó».
El tramo de la ruta 3 bajo sospecha fue licitado en 2007.
La obra tenía un presupuesto de $ 600 millones y su construcción avanzó apenas un 36%, aunque la erogación del Estado, según las cifras que aportó el ministro Dietrich, alcanzó los $ 800 millones. Para el restante 64% de la obra la administración de Cristina Kirchner había estimado un desembolso de $ 3000 millones. Las nuevas autoridades anularon esa adjudicación, convocaron a una nueva licitación y recibieron 16 ofertas. Resultado: redujeron un tercio ese número.
Entre las compañías que se presentaron están Contreras, Decavial, Dycasa y Cartellone. No fue de la partida Iecsa, la empresa de Angelo Calcaterra, el primo del Presidente.
Hubo una sorpresa mayor: la constructora CPC, del empresario Cristóbal López , hizo una oferta muy baja para uno de los tramos. Fuentes del sector privado estimaron que se ubicó 26% debajo del presupuesto oficial, algo que enojó a sus competidores.
Es un curioso problema para el Gobierno, que mantiene con esa empresa una disputa por una millonaria retención de fondos, una maniobra similar a la que realizó con el impuesto a la transferencia de combustibles a través de su petrolera Oil. La DNV le reclama $ 250 millones que debía girar al Estado por el cobro de los peajes en las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas. Su futuro se evaluará con el resto de las ofertas.
Dietrich amaneció con cierta incertidumbre, porque la licitación que comenzó ayer fue la más importante que hizo bajo su gestión la DNV, uno de los organismos del Estado más cuestionados. Recobró por completo la tranquilidad cuando vio la cantidad de oferentes.
La licitación se separó en tres tramos. Nueve empresas presentaron ofertas para todos, pero en total se presentaron 13. Cuando terminó el acto le avisó por Whatsapp al presidente Mauricio Macri que la concurrencia había sido nutrida.
Dietrich lo tomó como un triunfo personal. Aunque difícilmente lo diga a viva voz, se quedó con la convicción de que le había dado un golpe fuerte a la cartelización de la obra pública. Varias veces les repitió a sus colaboradores que se trataba de un día histórico, porque los pliegos se subieron a la página web de la DNV, por primera vez no se cobraron, no se pusieron requisitos particulares y al momento de la recepción de ofertas nadie sabía quién se iba a quedar con las obras.
A fines de abril, el director de la DNV, Javier Iguacel, sostuvo que ese organismo había hecho auditorías que arrojaban incrementos sospechosos en los valores de ciertas obras. «Se iniciaba una obra por un monto de $ 150 millones y después se iban agregando cosas y se hacían a un sobreprecio enorme: obras que empezaban con 150 o 200 millones terminaban costando $ 3000 millones», sostuvo.
Ayer repitió: «Estamos trabajando para transparentar la obra pública. Este camino nos va a llevar a expulsar la corrupción con la que convivió el país en este sector».
La sospecha de sobreprecios en las obras viales se suma a otros comportamientos irregulares en la DNV, casi todos ellos destinados a favorecer a las empresas de Báez. El organismo le enviaba al entonces Ministerio de Economía todos los meses una planilla con los certificados que debía hacer para cancelar deudas con empresas constructoras. La lista de enero del año pasado ubicaba en el sexto lugar a Austral.
