El Espejo Diario Diario Digital de la Región Patagónica
El fiscal de la Cámara del Crimen de Río Gallegos, Gabriel Giordano, solicitó el viernes la pena de prisión perpetua para Carlos Tortello (23) y Karla Orellano (25), padres de la niña Abigail, que falleciera en agosto de 2014 cuando solo tenía 7 meses de vida, víctima de maltrato intrafamiliar.
En la jornada de alegatos del juicio oral y púbico, los defensores oficiales de ambos imputados el delito de homicidio agravado por el vínculo demandaron al tribunal sus absoluciones.
Inicialmente, el fiscal Gabriel Giordano sostuvo ante el tribunal conformado por los jueces Joaquín Cabral, Rosa Núñez y María Alejandra Vila que los padres actuaron en «connivencia» y que habían provocado 14 traumas óseos a la niña.
También cuestionó a referentes de otros organismos púbicos al considerar que «no hubo un monitoreo efectivo» de lo que sucedía en la casa de los padres de Abigail.
En ese sentido dijo que quedó de manifiesto que existieron «indicios de oportunidad» para actuar, pero las operadoras familiares no cumplieron debidamente su rol y por ello afirmó que fue «inaudito e inexplicable» que las mismas no se hayan percatado de las lesiones de la beba.
El fiscal también solicitó que se inicien acciones administrativas contra al juez de Primera Instancia de Familia Nº 2 de Río Gallegos, Antonio Andrade, y la titular de la Defensoría del Menor, Claudia Tejedor.
Por su parte, el defensor de Carlos Tortello, Raúl Guerrero, dijo que podía reconocerse una negligencia de su representado pero igualmente solicitaba su absolución e inmediata libertad.
A su vez, Santiago Lozada, defensor de Karla Orellano, aseguró que el Estado no puede promover una sentencia si no hay pruebas. Sostuvo que su defendida fue víctima de violencia de género por parte de su pareja, consideró que las operadoras familiares no vieron maltratos contra la víctima y por ello solicitó la absolución de la mujer.
«YO ESTABA SOMETIDA»
Tras los alegatos, solamente Karla Orellano accedió al derecho de emitir sus últimas palabras antes que los jueces iniciaran la etapa de deliberar sobre la sentencia que se conocerá el 2 de noviembre.
«Yo estaba sometida, y no sabía dónde buscar ayuda. Desconocía todo lo que le pasaba a mi hija. Tengo impotencia y bronca, por muchas cosas. Nada más», afirmó la imputada.
Vale señalar que por este caso también se encuentran procesadas por el delito de incumplimiento de funcionario público y abandono de persona, Olga Sanchis (asistente social), Yasmila Bedoya (psicóloga) y Melisa Lefoll (abogada) de la Dirección General de Políticas de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Río Gallegos.
Además, el fiscal Giordano solicitó que igualmente sea investigada la intervención del pediatra Horacio Córdoba. (El Patagonico)
