lunes , 30 noviembre 2020
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Diputada denunció al gobierno por contratación directa de empresa de seguridad para el Ministerio de Desarrollo Social

DANIEL PERALTA - FIRMA DECRETO
Río Gallegos, 6 de May. (ANA) – La diputada provincial Estela Bubola (UCR) denunció que el gobierno de Daniel Peralta realiza contrataciones directas al margen de la legislación vigente. Se precisó que hubo convenidos por más de 6 millones de pesos anuales para el servicio de “seguridad” para el Ministerio de Desarrollo Social.

Bubola remarcó que resulta una gran paradoja que el gobierno provincial que debe brindar seguridad a sus ciudadanos necesite un servicio privado de seguridad y reclamó transparencia: “Este tipo de cosas son las que los vecinos no entienden, porque tenemos un Estado fundido que no tiene plata para nada, pero gasta millones y millones de pesos sin control.”

En un proyecto presentado en la Legislatura Provincial solicita al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Desarrollo Social, informe respecto a la contratación directa de servicios de seguridad a la empresa privada “Godfrid Hermanos” por un monto de 489.614,40 pesos. Además pide que el dicho informe contemple además “un detalle total de las contrataciones directas que dicho ministerio realiza en concepto de «seguridad»; así como los motivos que llevaron a evitar el procedimiento de licitaciones públicas que marcan las normas provinciales.”

Finalmente en su artículo tercero exige al Tribunal de Cuentas de la Provincia una completa auditoria de las contrataciones del Ministerio de Desarrollo Social a cargo de la ministra Gabriel Peralta.

La diputada explicó que en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz N° 4918 que se publicó el 31 de marzo de 2015 fue consignado el decreto N° 1271, fechado en Río Gallegos el 20 de agosto de 2014. El mismo dice corresponder al Expediente MDS-No 210.281/13, y dispone la contratación de la firma “Godfrid Hermanos” para brindar el servicio de seguridad y vigilancia en dependencias de dicho ministerio, en el mes de septiembre de 2013, habilitando el pago de 489.614,40 pesos.

“Esta situación resulta llamativa teniendo en cuenta lo elevado de los montos expresados, los pocos detalles que en el mismo instrumento se brindan respecto a los servicios, la urgencia y necesidad de los mismos y los falta de una licitación pública para realizar la contratación”, remarcó Bubola.

Posteriormente en el Boletín Oficial N° 4919 de fecha 1 de abril de 2015 se publicó el Decreto N° 1353/14, fechado también el 20 de agosto de 2014, y que corresponde al Expediente MDS-No 210.261/13. El texto del decreto es igual citado anteriormente pero habilita el pago de la misma suma de dinero en concepto de servicios del mes de agosto del 2013.

Lo sorprendente es que el decreto siguiente, es decir el decreto N° 1354/14 fechado también el 20 de agosto de 2014 y correspondiente al expediente MDS-No 210.739/14, publicado en el mismo boletín oficial del 1 de abril de 2015, también tiene un texto similar a los anteriores y ratifica una contratación directa realizada por el Ministerio de Desarrollo Social a la misma firma comercial por un monto también 489.614,40 pesos.

“La existencia de estos decretos deja claro que se realizó un procedimiento administrativo de dudosa legalidad, que merece ser explicado por las autoridades del Poder Ejecutivo. No sólo no se brindan los detalles de las contrataciones realizadas, sino que claramente se buscó dividir las mismas en tramos mensuales para evitar que representen valores de varios millones de pesos y así hacer más leve de alguna manera, el impacto de estas ante la comunidad”, enfatizó Bubola.

Cabe destacar que el total anual de las contrataciones directas realizadas por este concepto solo para los servicios prestados por esta empresa, rondaría los 6 millones de pesos. “Estas cifras claramente se encuentran fuera de los márgenes que los funcionarios pueden destinar a las contrataciones directas y claramente merecen ser explicados”, se indica en el parte de prensa.

Para la diputada las maniobras con las que se buscó sortear los procedimientos administrativos resultan irrisorias y merecen ser castigadas, porque no solo representan un engaño sino una defraudación a la confianza que el pueblo de Santa Cruz deposita en sus funcionarios.

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