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Río Gallegos.- La presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Silvia Sánchez asistió ayer a la Cámara de Diputados para contestar preguntas de los legisladores en torno a las denuncias que efectuaran respecto a los ingresos irregulares de personal en el área de Educación.
La funcionaria reiteró a los diputados, en su mayoría del kirchnerismo, la información brindada a los medios de comunicación en las últimas semanas respecto al procedimiento que llevó adelante al tomar conocimiento de dos casos de irregularidades en el ingreso de personal al CPE. Pero que se estiman en más de 300 los ingresos facilitados por “punteros políticos” del peraltismo, y por el cual habrían cobrado entre 20 a 30 mil pesos por cada contratación para ingresar a la Administración Pública.
Sánchez dio detalles del sumario que está encarando el organismo para analizar el presunto desvío en los procedimientos administrativos para la incorporación de personal que establece que los ingresos a la cartera educativa debe tener el “visto bueno” del gobernador Peralta para que, posteriormente, la presidenta del CPE de curso al trámite.
En este sentido, la funcionaria informó que desde asumió su gestión –el 11 de diciembre de 2013– puede dar cuenta del ingreso de 132 personas, no docentes destinadas a servicios generales, que tienen estrecha relación con las 130 bajas registradas por renuncia y jubilación, entre otras causas.
También la funcionaria afirmó: “Queremos que el sumario sea lo más intenso posible y veloz a efectos de dar con los responsables de esta situación”.
La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) denunció esta semana que se han detectado unos 300 ingresos irregulares de personal al CPE en los últimos meses. Desde el mayor sindicato docente no descartan la conformación de una “asociación ilícita” en el área de educación, ya que en dos de los casos irregulares de ingreso, se ha indicado que han pagado a “punteros políticos” para ingresar al Estado.
El dirigente docente Pedro Muñoz precisó que se ha detectado el ingreso irregular de unas 300 personas al CPE sin contar aparentemente con la autorización del gobernador Daniel Peralta ni la presidenta del CPE, Silvia Sánchez. La contratación de nuevo personal fue gestionada por “punteros políticos” que cobraban una suma cercana a los 30 mil pesos.
La Justicia citará a la directora provincial de Personal del CPE, Vanesa Miranda y a la secretaria de Coordinación Administrativa del CPE, Claudia Neun, luego que la propia Sánchez realizó una denuncia ante los trascendidos sobre ingresos irregulares de personal en el área de educación.
“Indudablemente hay una asociación ilícita aquí”, dijo Muñoz, vocal por las Escuelas Públicas en el CPE y ex secretario general de la ADOSAC.
“Es probable que para ingresar, hayan tenido que pagar”, agregó el gremialista en declaraciones a Radio News.
El año pasado se había denunciado el ingreso de al menos siete personas por semana al CPE, y que luego eran designados en otras áreas de la Administración Pública, ya que rige desde enero de 2012 la restricción de ingreso de personal, salvo para Educación y Salud.
(ANA) (Foto / DPP)
